A propósito del «Catastro Multipropósito» y la protesta elitista
Por: Carlos Arturo Cadavid Valderrama
Abogado voluntario de la Alianza Internacional de Habitantes (www.habitants.org), socio de la Fundación y Revista Historias Contadas y de la Corporación Escuela Nacional Sindical.
Comparto las apreciaciones del columnista Oscar Castaño Valencia al analizar las protestas acaecidas por el incremento de las tarifas del predial, es lo primero.
Lo segundo: muchos años han pasado desde que las administraciones municipales por omisión dejaron al garete la actualización de los avalúos de tanto predio para el negocio y el turismo, muchos donde se ha construido sin licencia, por lo que una actualización súbita genera casi que una asonada sin ningún análisis ni argumentación distinta a la emotividad.
Otra cosa es lo que ocurre en la realidad con la pequeña y mediana propiedad rural de vivienda campesina para la huerta, los cultivos de pan coger y para despensa de alimentos, para la contención climática, la protección de aguas y de bosques, en fin, que requieren un trato fiscal distinto y requiere protegerse y estimularse; y otra cosa diferente es la situación catastral de grandes predios acaparados por grandes negociantes y «loteados» para el recreo, el turismo, la contemplación, sin respeto por las normas ni por el vecindario con el incremento del ruido, la algarabía, la bulla, la contaminación luminica, particulada y sonora, que termina por desplazar a los moradores originarios, para darle paso a una urbanización «rural» desbordada, incontrolada, ilegal en algunos casos, a la imposición de facto de usos del suelo a punta de intrigas y clientelismo durante muchos años.
El denominado «catastro multipropósito» no es responsable del aumento súbito de los avalúos, pues el transfondo es otro.
Los tres distintos aumentos que le imponer al avalúo de un inmueble están contemplados en las leyes 14 de 1983 y 44 de 1990, normas de orden público, obligatorias, en que se basan los acuerdos aprobados por el Concejo Municipal en los últimos 30 años en El Peñol, instancia donde los auspiciadores de la protesta pasada tienen sus voceros de siempre.
Me atrevo a sentenciar que la pequeña y mediada producción campesina y agropecuaria se encuentra con sus avalúos actualizados o auto actualizados y deben recibir incrementos que no deberían pasar de entre 3% y 4.31% para este año de 2023 y estar en un rango del «milaje» (tarifa según el avalúo que se paga por cada mil pesos de avalúo) correspondiente a su aporte al ambiente sano, a la economía solidaria, a la seguridad alimentaria y a la biodiversidad.
De no serlo, estaría en mora el Concejo Municipal de proteger la comunidad rural campesina y evitar la utilización del eufemismo del «Catastro Multipropósito» (que solo es un método para la modernización, sistematización centralizada de la información de los predios), que desconocen estas realidades con propósitos electorales.
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