CADENA PERPETUA PARA VIOLADORES Y ASESINOS DE NIÑOS:
El 6 de julio de 2021 el presidente Iván Duque sancionó la ley que regula la implementación de cadena perpetua para los asesinos y violadores de niños y adolescentes en Colombia, proyecto que durante años intentó abrirse paso en el Congreso de la República, la Ley ha sido denominada GILMA JIMÉNEZ, en honor a la líder política del Partido Verde, principal promotora de la iniciativa.
El presidente afirmó que el nacimiento de esta Ley no supondrá el fin de los actos en contra de los menores, pero las personas quedan advertidas. “Con la Ley que reglamenta la cadena perpetua quedan advertidos quienes pretendan violentar y asesinar nuestra niñez y es una norma que se ajusta a la Constitución, con garantías de debido proceso, para que haya sanciones ejemplares contra estos criminales», indicó el Jefe de Estado.
La Ley ordena la imposición de la máxima pena para las personas que incurran en el delito de asesinato o violación a menores de edad. Sin embargo, los condenados tendrán derecho a una resocialización de su condena después de mínimo 25 años, aunque de igual manera, el articulado afirma que dichas personas no podrán quedar libres sin pagar 50 años de prisión.
Por otro lado, una vez se imponga cadena perpetua, el fallo pasará a revisión por parte del cargo superior en la jerarquía del juez que sentenció la pena, pues hay que aclarar que, para sentenciar dicha condena, se deberán cumplir algunos agravantes, razón por la cual no todos los ciudadanos que incurran en violación y asesinato de menores, recibirán la cadena perpetua.
«Hay que facilitar la capacidad de advertir estos hechos y por eso también anuncio hoy que vamos a fortalecer nuestra Policía de Infancia y Adolescencia, que tendrá presencia territorial, y junto con el Icbf estará de manera aleatoria identificando casos más allá de las denuncias que se puedan presentar», afirmó el presidente Iván Duque.
El presidente resaltó el consenso político en la aprobación de esta reglamentación, que ha contado con el apoyo de políticos de diferentes signos e ideologías por «el propósito de proteger y tutelar el derecho de los niños, niñas y adolescentes».
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