EDITORIAL DE DOMINGO: CANDIDATOS CON POSIBLES IMPEDIMENTOS LEGALES AVANZAN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
La Procuradora, Margarita Cabello, alertó al inicio de esta semana sobre los seiscientos sesenta (660) candidatos, en todo el país, que se inscribieron para ocupar cargos de elección popular muy a pesar de estar impedidos legalmente según el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI).
Y eso sin contar los cientos a los que se les adelantan investigaciones disciplinarias, fiscales y penales, cuyos procesos aún no han concluido y por lo tanto todavía no aparecen como inhabilidades.
En el Oriente Antioqueño, Región donde en casi todos los municipios existen exalcaldes, y exfuncionarios, candidatos a las alcaldías y concejos, es necesario ponerle la lupa a verdaderos prontuarios de corrupción con los que cargan algunos candidatos, verdaderas cloacas putrefactas, pero que no han prosperado en sanciones por la inacción de los Entes de Control, o porqué no suponerlo, por posibles «carteles de archivo de procesos».
Aún quedan ecos de la «aceptación de culpabilidad penal» en los cargos de corrupción que hiciera a la Fiscalía General de la Nación el entonces Director Ejecutivo de CORPOBOSQUES , hace cuatro años, y que destapó una olla bastante putrefacta en la contratación con varias alcaldías del Territorio. Algunas de ellas con un porcentaje de contratación superior al 80% de toda su ejecución, como por ejemplo la de Cocorná en el periodo 2016-2019.
Y a propósito de Cocorná y de Johan Alberto Ramírez Mejía, exalcalde 2016 – 2019 y hoy candidato por el Partido Verde, según fuentes consultadas por este periodista, tiene tres noticias criminales en las cuales está INDICIADO por PECULADO POR APROPIACIÓN, Articulo 397 del Código Penal, ante la Fiscalía 28 de Delitos contra la Administración Pública en Antioquia. Las NOTICIAS CRIMINALES que aparecen en el SPOA de este candidato son del 2014, 2017, 2019 y 2023, y absolutamente todas están activas y vigentes.
También está siendo investigado, en este momento, por las posibles irregularidades en un Contrato que ayudó a gestionar el Representante Oscar Darío Pérez para «La etapa 1 del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Cocorná», por 3.996.988 millones de pesos y que se convirtió en un «chanchullo» de mayores proporciones en el cual la Alcaldía actual se ha rehusado a pagar más de mil cuatrocientos millones de pesos por tener serias dudas con las obras que fueron hechas y los costos facturados.
Y claro, como siempre lo hago en mis investigaciones periodísticas, para que no quede ninguna duda por parte de mis lectores, ni de la ciudadanía de Cocorná y del Oriente Antioqueño, me permito dar conocer los números de las noticias criminales que tiene ACTIVAS Y VIGENTES el exalcalde y hoy candidato: 05001600718201900083-056156099163201901360-056156099153201901374 Fiscalía 28 de la Unidad Seccional Antioquia.
¡Ahora bien, nadie es culpable hasta que un Juez de la República así lo determine!
Claro que este no es el único caso, me atrevería a afirmar que la gran mayoría de exalcaldes y exfuncionarios que hoy aspiran en varios municipios tienen posibles procesos en los diferentes Entes de Control, penales y disciplinarios. Abad Marín en San Rafael, Emigdio Escobar en San Francisco, Maximino Castaño en San Luis, Bayrón Martínez en Argelia, Néstor Zuluaga en El Carmen, entre otros, son solo algunos nombres de exalcaldes que quieren repetir y que tienen procesos abiertos.
Recientemente a Andrés Julián Rendón, por ejemplo, exalcalde de Rionegro y hoy candidato inscrito a la Gobernación de Antioquia, un equipo investigativo conformado por las contralorías municipal, departamental y nacional, hicieron hallazgos gravísimos en los «contratos números 223 de 2016, 282 de 2018 y 356 de 2019, relacionados con la construcción de los Comandos de Atención Inmediata – CAI ubicados en los sectores de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira».
Fueron tan graves los hallazgos penales y disciplinarios, además de fiscales que investigaban, que la misma Contraloría General de la República: «Los puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante oficio 2023 -EE0065701 del 28 de abril de 2023, igualmente se dio traslado de dichos hallazgos a la Procuraduría General de la Nación mediante oficio No. 2023EE0065691 del 28 de abril de 2023».
No entiende la Opinión Pública porqué estos procesos, que datan de 2014 el primero, en el caso de Cocorná, no han llegado a ningún resultado sancionatorio, pero tampoco a la preclusión. Será, como lo comenta mucha gente en voz baja que: «posiblemente existe un cartel en diferentes Entes de Control para precluir y archivar procesos a funcionarios por fuertes sumas de dinero?».
Es muy posible que quienes hacen esos comentarios, en voz baja, tengan toda la razón. No de otra manera se explicarían las muy pocas sanciones, a pesar de las muchas denuncias, a exalcaldes que hoy nuevamente, fruto de la ineficacia de los Entes de Control, vuelven a lanzarse al ruedo y con muchas posibilidades de repetir administraciones, para desgracia de las comunidades, pero fundamentalmente de los mismos Entes de Control que pierden toda credibilidad. Y claro en contravía de la misma democracia.
Se extraña uno al ver exalcaldes que llegaron prestando plata para pagar la publicidad de sus campañas y que después de cuatro años de gobierno salen siendo dueños de carros de alta gama, fincas, parcelaciones, apartamentos, fincas recreativas, restaurantes, empresas y emporios turísticos, etc., etc.
¡En el Oriente Antioqueño los hay y muchos, están a la vista de todo el mundo!
El peligro para los municipios, y los electores, es que elijan un candidato y a los pocos meses tengan que repetir las elecciones, o se declare desierta una curul, por la aplicación de una sanción penal o disciplinaria. Tal y como ha ocurrido en varios municipios de Colombia, para muestra un botón, la condena ratificada en segunda instancia hace poco al Alcalde del Municipio de Bello.
La corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo socioeconómico, la consolidación de un Estado eficaz y eficiente, y el fortalecimiento de la democracia en Colombia, en Antioquia y en el Oriente Antioqueño. En los municipios ese flagelo ha menguado las posibilidades de consolidar cambios reales en las condiciones mínimas de satisfacción de las necesidades de las comunidades más vulnerables. Esto, por supuesto, genera la desconfianza colectiva en la clase política.
La Procuradora Cabello ha hecho una alarmante alerta y es a la ciudadanía a quienes nos toca asumirla en nuestros municipios y regiones impidiendo con nuestro voto que candidatos cuestionados se burlen de la justicia y de los electores.
Así las cosas, se hace necesario que la ciudadanía investigue con lupa las hojas de vida de los candidatos, y sus antecedentes, sus propuestas y trayectorias, no vaya a ser que se bote el voto y el futuro de los municipios.
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