EDITORIAL DE DOMINGO: EL TIEMPO POR FIN ME DIO LA RAZÓN
El 23 de enero del año 2000 un grupo de militares, entre quienes se encontraban varios «encapuchados», sacó de la finca «La Galleta», ubicada en el Municipio de Montebello, en el departamento de Antioquia, a siete civiles incluido el profesor de la vereda, de los cuales asesinaron a cinco. Solo hasta el lunes 24 de enero se encontraron los cuerpos de Uberney Giraldo Castro y José Evelio Gallo, ambos en el Municipio del Carmen de Viboral, en el Oriente Antioqueño, y que según la Cuarta Brigada eran subversivos abatidos por tropas del Batallón Juan del Corral en esta población, El Comunicado de Prensa anunciaba que: “En zona rural del Municipio del Carmen de Viboral fueron dados de baja dos guerrilleros cuando pretendían derribar una torre de energía”. Los dos cuerpos fueron robados de la morgue municipal, posterior a la necropsia y, cuando se había confirmado que eran parte del grupo de civiles que había sido sacado a la fuerza de la «Finca la Galleta».
Una Juez, valerosa de la República, condenó a los autores materiales y coparticipes de la masacre de «La Galleta», Sandro Borrero y Humberto Blandón, y en el 2020 el Ejercito Nacional pidió perdón a las víctimas en la Casa de la Memoria en Medellín.
A la Finca «La Galleta» yo iba con cierta frecuencia en compañía de Mons. Guillermo Vega Bustamante (QEPD) y Carlos Iván Lopera, hoy Director en Antioquia de la Agencia Restitución de Tierras, porque era un laboratorio de paz muy importante para Antioquia y para el país. Desde allí hice varios programas de televisión para Teleantioquia, con Calidoscopio, programa del cual fui su Director y cuyo presentador fue Felipe Aramburo.
Fue ese hecho el que me alertó de que en esta Región se estaba iniciando un TEATRO DE OPERACIONES MILITARES ILEGAL que involucraba de manera muy grave a Agentes del Estado.
Posterior a lo acontecido en «La Galleta», publiqué testimonios recogidos en Granada, San Carlos, San Luis, San Francisco, San Rafael y Cocorná, entre el 2001 y 2002, de familiares de personas presentadas por la Cuarta Brigada como miembros de las FARC o el ELN dados de baja en combate, pero que los familiares me aseguraban, al frente de las cámaras, que: «Sus familiares nunca habían sido parte de ninguna organización ilegal». Recuerdo mucho a un abuelo en Granada que nos siguió, a mi camarógrafo y a mí, por varias horas hasta que estuvimos solos para contarnos que: «Los soldados habían matado a su nieta, en frente de él, que estaba en embarazo y, que la habían sacado en las noticias nacionales como muerta en un enfrentamiento cerca al Corregimiento de Santa Ana con las FARC». Con lágrimas en los ojos me repitió muchas veces que: «Su nieta era una mujer de hogar, que nada tenía que ver con los ilegales y que había sido asesinada por la espalda». A ese abuelo lo mató la pena moral, el dolor de haber presenciado el asesinato de su nieta, pocos meses después de haberme dado el testimonio.
Advertí en ese momento que se estaba dando en el Oriente Antioqueño una práctica nefasta, en la cual se estaban asesinando civiles y los estaban mostrando en ruedas de prensa o en comunicados a los Medios de Comunicación como bajas en combate por parte de los Batallones Juan Del Corral, Jorge Eduardo Sánchez y Pedro Nel Ospina. Advertencia que tildaron, en ese momento, desde la institucionalidad, e incluso desde varios Medios de Comunicación, como «totalmente falsa» y «Alarmista».
Escuché, junto con todos los participantes, el 18 de agosto del 2003, a propósito de la inauguración de la reconstrucción de Granada, al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez ordenarle enardecido, por haber sido hostigado su helicóptero por parte de la guerrilla asentada allí, y de manera directa al Gral. Montoya: «Recuperar a Santa Ana en un plazo de treinta días o colgar el uniforme», como consta en las grabaciones de ese día y en la memoria colectiva de quienes lo escuchamos, a lo que el General respondió mandando su mano al quepis en señal de aceptación de dicha orden.
¡Y a fe que le cumplió la orden al Presidente Uribe!
El pasado miércoles la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, de la Justicia Especial para la Paz, imputo al Gral. (R) Mario Montoya: «Por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate”, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados, la JEP imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad al general (r) Mario Montoya Uribe. La decisión, adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, contra el excomandante del Ejército Nacional se da por 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos cuando el oficial fue comandante de la IV Brigada, con sede en Medellín, entre el 2002 y el 2003».
Y continúa el comunicado de la JEP: «Por estos mismos crímenes fueron imputados los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES) y retirados del Ejército Nacional. La imputación del excomandante de la IV Brigada y de los dos excomandantes del BAJES se sustenta, en parte en la presión que cada uno de ellos ejerció por bajas en combate. Una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate».
La imputación se dio por 130 casos de crímenes de guerra, de delitos de Lesa Humanidad, pero la JEP ha documentado 501, entre 2002 y 2008, en 17 de los 23 municipios de la Región del Oriente Antioqueño, y yo estoy absolutamente seguro de que son más, muchos más.
El mismo miércoles en la noche el Periodista Miguel Jaramillo Lujan, quien fuera corresponsal en Antioquia de canales nacionales y Jefe de Comunicaciones de la Gobernación, ahora Asesor Nacional e Internacional de campañas políticas, y con quién recorrí en esa época del conflicto las montañas del Oriente Antioqueño, me escribió: «El tiempo te da la razón».
Y yo lo repetiré porque sufrí señalamientos, seguimientos y persecuciones por haber publicado los testimonios de las víctimas en esos momentos, por haber sido el único periodista, en el Oriente Antioqueño, que se atrevió a develar en público una verdad que los habitantes de muchos municipios comentaban en voz muy bajita para que nadie los escuchara:
EL TIEMPO POR FIN ME DIO LA RAZÓN.
Hoy esa verdad sale a luz con sus máximos responsables en términos militares. Sin embargo, hay una responsabilidad política que también debe tener consecuencias reales para quien fuera el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares de este país en esa época y que permitió que esa infamia destrozara cientos de familias.
202303023569_AUTO COMPLETO DE IMPUTACIÓN AL GRAL. (R) MARIO MONTOYA POR PARTE DE LA JEP
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