EDITORIAL DE DOMINGO: LA MUTACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO
Lo que sucede hoy en el Territorio, en términos del conflicto armado, es totalmente diferente a lo que ocurrió hace dos décadas y, por lo tanto, su tratamiento debe ser también diferente por parte de la institucionalidad.
Hace dos décadas estaban asentados en la Región diferentes actores de la confrontación; las FARC, con los Frentes 9, 47 y la Columna Móvil Jacobo Arenas, que conformaban lo que ellos llamaban «El Bloquecito». El ELN, con el Frente Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López, fundamentales en el «Bloque Industriales». Las AUC, con el Bloque Metro y Héroes de Granada y, por supuesto, las ACMM con su Frente José Luis Zuluaga. También tenían incidencia en el Territorio varios combos reconocidos como Los Pamplona.
Hoy ese panorama es totalmente diferente porque, ni las FARC, ni el ELN, ni los Bloques Metro o Héroes de Granada, tampoco las ACMM, tienen presencia militar en la Región. Unos por haber participado en negociaciones con el Gobierno Nacional que termino en su desmovilización y otros, como el ELN, por haber sido derrotados militarmente.
Con este panorama de por medio, como se explica, como lo afirma el Profesor John Jairo Serna y el Observatorio de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, ¿el asesinato en los últimos dos años de más de 300 jóvenes en diferentes municipios?
¿Como entender lo que está sucediendo en la Región para que las políticas institucionales sean eficaces frente al nuevo fenómeno que tiene aterrorizada a la población en casi todos los municipios del Oriente Antioqueño?
Me atreveré un análisis personal, desde el seguimiento personal y la investigación periodística que he hecho durante años al conflicto en esta Región, que contribuya al entendimiento, sobre todo, a la acción institucional que le devuelva la confianza a la población que sufre el horror y el terror del accionar armado en sus municipios.
Es triste constatar que la ineficiencia e ineficacia del Estado por copar, social y militarmente, los corredores estratégicos del conflicto luego de las desmovilizaciones de las FARC, las AUC, las ACMM y la derrota militar del ELN, les brindaron a los nuevos actores armados la oportunidad de oro para hacerse a estos territorios. Para muestra un botón; el Batallón Juan del Corral paso de casi 2000 soldados en sus filas a solo unos 400 en estos momentos. Pero también, la inversión social a esos municipios para cerrar la brecha de inequidad, el atraso y sus pocas opciones de desarrollo, ha sido mínima.
Esa ineficacia e ineficiencia del Estado les permitió a los nuevos actores armados crear en el Oriente Antioqueño una unidad ilegal de negocios ilegales absolutamente efectiva.
Se trata, nada más, ni nada menos, de un negocio ilegal que aprovecha las diferencias del Territorio y todos sus beneficios; desde los ambientales hasta las fisuras en la planeación de la Región. Es decir, las zonas Paramos y Bosques; cañones de los ríos Calderas, Samaná, Santo Domingo, Melcocho, la Miel y Melcocho, están destinadas a la producción de cultivos ilícitos. La zona de Embalses a la transformación de esos cultivos ilícitos y la Zona del Altiplano al blanqueo de los recursos, a través de diferentes negocios muy prósperos en los últimos años como el boom inmobiliario, en el que varias administraciones han modificado sus planes de ordenamiento para darle espacio a proyectos constructivos de gran escala.
Así las cosas, para que esta estrategia de negocios ilegal funcione no solo debe existir un engranaje ilegal muy bien montado y manejado, sino que también debe, tiene, que haber participación de Funcionarios Públicos, Agentes del Estado, Sectores Empresariales y de Comerciantes.
la situación, entonces, no se reduce a Consejos de Seguridad cada que haya un asesinato en un municipio, con declaraciones de guerras inexistentes por el control de la venta de alucinógenos. Tampoco, a los golpes de opinión de operatividad de la Fuerza Pública con capturas masivas de consumidores, la mayoría de las veces convertidas en «falsos positivos judiciales». Se trata de un negocio ilegal a gran escala que permea los municipios, la institucionalidad y, claro, a la sociedad del Oriente Antioqueño en su conjunto y que tiene en jaque a las fuerzas de seguridad del Estado y al Estado en su conjunto.
Es por ello que se requieren decisiones reales urgentes y no más pañitos de agua tibia. O se actúa inmediatamente o, como hace 20 años, se pierde la institucionalidad como ya está sucediendo en la Zona Paramos del Oriente Antioqueño, concretamente en Nariño.
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