EDITORIAL DE DOMINGO: LOS PASIVOS ESTRUCTURALES QUE HA DEJADO EL DESARROLLO, LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Hoy que los empresarios del Oriente Antioqueño, y del país, han modificado su lenguaje para no hablar de rentabilidad, sino de sostenibilidad, se hace necesario recordar los pasivos estructurales que ha dejado el «desarrollo» de la Región y sus consecuencias para las comunidades históricamente asentadas en este Territorio. Que, por supuesto, dejan mucho que decir de la «sostenibilidad» que hoy pregonan los tecnócratas sociales al servicio de las empresas.
Desde la década de 1960, el Oriente antioqueño empezó a ser centro de proyectos de modernización e industrialización. A la amplia región de minifundios agrícolas que era el Altiplano, fueron llegando nuevos proyectos industriales que causaron cambios radicales para la vida de la población. Estos cambios se convirtieron en causa de un fuerte conflicto que aún no se ha superado.
Inicialmente fue la industrialización la que trajo consigo transformaciones en el entorno y en la dinámica social y económica del Altiplano con la vinculación de buena parte de la población al trabajo en las fábricas y la llegada a la región de centenares de familias en busca de empleo.
Tales circunstancias aceleraron la urbanización de Rionegro y los municipios cercanos como Marinilla, el Carmen de Viboral, La Ceja, Guarne, el Santuario y, además, se desbordó la capacidad para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes.
Al mismo tiempo, numerosas familias de clase alta y media-alta invirtieron en la región comprando fincas de recreo, lo que cambió la vocación de la tierra y elevó sus precios.
PASIVOS DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
A partir de 1970, como parte de la búsqueda de salidas a la crisis energética que afrontaba el país, se determinó el Oriente como sede de distintas centrales hidroeléctricas que aprovecharían las riquezas hídricas naturales de la cuenca del río Nare y la del Rio Negro, para lo cual se crearon leyes que permitían, y los siguen haciendo, la proliferación de centrales grandes y pequeñas, de generación de energía sin una compensación acorde a las enormes ganancias de sus dueños, inicialmente empresas con capital público, pero ahora en su gran mayoría privadas, para los municipios afectados por estos megaproyectos.
El cambio de la vocación agrícola de los municipios que hacen parte de la Zona de Embalses, es el primer pasivo estructural que vive la Región, convirtiendo a los campesinos en obreros de la construcción que, una vez terminado el embalse y ya sin sus terruños, se fueron a engrosar los cordones de miseria de las grandes ciudades o crearon cordones de miseria en los cascos urbanos de los municipios afectados, generando graves problemas sociales, aún no superados y, por supuesto, el caldo de cultivo de lo que fue y es el conflicto armado en el Oriente Antioqueño, porque es en esos cordones de miseria, donde se surten las organizaciones armadas de sus miembros.
Un segundo pasivo es el enorme desbalance, por no decir paupérrimo, entre la ganancia de las generadoras y la compensación a los municipios. Para muestra un botón: En el 2022 ISAGEN género en sus 7 centrales: Jaguas, San Carlos, Calderas, los Molinos, Popal, San Miguel y San Matías, 9.698.317.503,80 Kw. EPM, en sus 4
centrales: Ayurá, Guatapé, Sonsón y Playas, 5.510.667.865,96 Kw. La Hidroeléctrica del Alto Porce, en sus 2 centrales: Carlos Lleras y Escuela de Minas, 453.617.978,86 Kw. Aures Abajo, 134.609.938,10 Kw y Generadora Alejandría, 93.011.008,34 Kw, para un total de generación de 15.797.213.286,72 Kw producidos en el 2022. Esto para hablar solo de las cinco empresas más grandes o que más generan en la Región.
Ahora multipliquen esas cifras por el precio promedio del Kwh que fue regulado por la CREG para diciembre del 2022 para el consumo residencial, y de pequeños negocios, y tasado en 285,44 pesos para el 2022, cuyo total en pesos es la media bobadita de $ 4.509.156.560.561,356. Estamos hablando de guanacias estrafalarias en billones de pesos.
Entenderán: Primero, que las compensaciones de estas empresas a la Región son paupérrimas en comparación con sus ganancias. EPM declaró con «bombos y platillos» transferencias al Territorio en el 2022 por solo 18 mil millones en compensaciones legales y sociales. Compensaciones sociales que, además y como si fuera poco, son tercerizadas en varios sus componentes de Fortalecimiento Institucional y Contratación Social.
Y hablamos de EPM porque debe publicar sus transferencias cada año a las diferentes regiones por seguir siendo una empresa de capital público. Las otras empresas, de capital privado, ni siquiera se conocen sus compensaciones legales, ni sociales, que seguramente son tercerizadas en su totalidad.
Pero, además, el reciente Catastro Multipropósito realizado en el Municipio de El Peñol mostró el pago catastral de EPM por solo 108 predios desde que se construyó el embalse, cuando en realidad deben hacerlo por 1200 predios. El Peñol recibió el año pasado solo 320 millones de pesos por impuesto predial de parte de EPM.
Y segundo, que ISAGEN, Hidroeléctrica del Alto Porce, Aures Abajo y Generadora Alejandría, que son privadas, están siendo subsidiadas por los municipios al compensar, según la Ley 56 de 1981, de la misma manera que las Empresas Públicas.
Un tercer pasivo, tiene que ver con las vías de penetración a la Zona de Embalses. No se compadece que los municipios que generan, una muy buena parte de la energía eléctrica del país, tengan que vivir el viacrucis que padecen en su movilidad y hoy cuarenta años después de la puesta en operación de las centrales de generación apenas se estén mirando anteproyectos para que haya unas vías dignas para esa subregión.
Así las cosas, cabe una pregunta frente a la nueva frase, y muy rimbombante, de los empresarios cuando hablan de SOSTENIBILIDAD, en este primer PASIVO ESTRUCTURAL que, dicho sea de paso, ha sido ocasionado por el Estado y sus leyes y aprovechado por inversionistas públicos y privados: A QUE SOSTENIBILIDAD SE ESTAN REFIRIENDO?
Desde aquí convocamos un FORO NACIONAL en el Oriente Antioqueño, con la presencia de los miembros del Gobierno Nacional que tienen que ver con los temas energéticos, la Comisión Séptima de Senado y Cámara, las CAR´s de todo el país y, por supuesto, las Empresas Generadoras de Energía, que analice la situación y busque salidas más equitativas para las regiones y los municipios que inundan sus territorios para que las empresas generadoras logren billonarias ganancias y dejen unas paupérrimas compensaciones al Territorio.
La modificación de la Ley 56 de 1981 debe darse con urgencia.
La próxima semana tendremos el editorial del domingo sobre los pasivos estructurales de la primera concesión que hubo en el país DEVIMED
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