EDITORIAL DEL DOMINGO: LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA UN PROBLEMA PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO?
En los últimos días se han publicado dos escritos, por parte del IPC y El Colombiano, que cuestionan a la autoridad ambiental-Cornare-por otorgar licenciamiento ambiental a proyectos de generación PCH en diferentes municipios del oriente antioqueño.
Recuerdo de niño haber escuchado a los abuelos sobre las plantas de generación que llamaban «Pelton» y en San Luis, municipio que visité ayer, uno de sus atractivos turísticos es, precisamente, la cascada «La Planta», donde la «Pelton» proveyó de electricidad al municipio por muchos años.
Es claro que, en una región rica en agua como la nuestra, y con una legislación que incentiva a presentar propuestas de generación de energía, la demanda que recae en la Autoridad Ambiental, por parte de privados, es desproporcionado. Sin embargo, el debate no debe darse en torno a la demanda de licencias, si no en la ley que las incentiva.
En un mundo en el que es más importante el empaque que el contenido, tenemos necesariamente que abrir la discusión en el contenido para poder plantear alternativas como territorio a lo que efectivamente no es un beneficio, ni para los municipios, ni para las comunidades, que están siendo afectados por estos proyectos de generación de energía o PCH´s.
Lo primero que hay que afirmar es que la mayoría de los proyectos presentados para su licenciamiento lo solicitan por debajo 9.9 Megavatios para no pagar tributos a los municipios, ni mucho menos a la autoridad ambiental.
Lo segundo; es que la totalidad de los proyectos que se han presentado a la autoridad ambiental son privados. Algunos de ellos con fuentes de financiamiento bastante cuestionables. Incluso, como lo afirma la investigación del IPC, en terrenos posiblemente usurpados por los grupos paramilitares a sus dueños y que, a lo mejor, hacen parte de reclamaciones ante los Jueces de Restitución de Tierra de este país.
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Ahora bien, teniendo en cuenta la riqueza hídrica de la región podríamos abrir la discusión, para poder recuperar la soberanía energética de los municipios y de las comunidades, que hoy pagan altas cuentas por el consumo de la energía que se produce en el Territorio y en medio de la juntanza que hemos construido desde las Cumbres y que ya logró victorias tempranas muy importantes dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en el cambio de actitud de los empresarios que se asientan en la Región, realizar un GRAN FORO NACIONAL SOBRE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN COLOMBIA.
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Escenario que no solo serviría para evaluar el tratamiento que recibe la Región de las generadoras, públicas como EPM y privadas como ISAGEN y otras, sino para presentar propuestas de soberanía eléctrica en la que los municipios tengan participación real en las utilidades o puedan construir PCH´s propias.
Municipios del Oriente Antioqueño que inundan sus tierras, ponen sus aguas, pero también reciben los problemas sociales que se desprenden de la generación de energía a cambio de las migajas que caen de la mesa del rico «Epulón».
Tercero, si el fondo de la discusión no es el otorgamiento de las licencias sino la ley que lo permite, deberíamos aprovechar el gobierno del cambio para qué la producción de energía de las pequeñas micro centrales-PCH- que hoy no le generan beneficios ni a los municipios, ni a sus comunidades, y que dicho sea de paso que por su carácter privados y depredadores del Medio Ambiente, tienen bastante resistencia, debería generar en una nueva en la legislación la posibilidad de que sus dueños sean los municipios y las comunidades. Para ello se requiere de la cooperación, incluso internacional, y de la banca, para que los municipios y las comunidades obtengan los recursos necesarios para el montaje de PCH propias.
Esto no solo permitiría soberanía energética a los municipios y sus comunidades, sino recursos suficientes para hacer la inversión social necesaria para cerrar las brechas sociales en los municipios y apostarles a propuestas de desarrollo ambiciosas.
Así las cosas, la reflexión nos debe llevar una acción conjunta que permita la modificación de las políticas públicas que excluyen a las regiones, los municipios y las comunidades de las ganancias de la generación de energía, para dejarlas en los bolsillos de unos pocos.
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