EDITORIAL DEL DOMINGO: LOS SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN RIONEGRO SON UNA OLLA DE CORRUPCIÓN
Que un municipio otorgue subsidios para vivienda de interés social, para que las familias más pobres y vulnerables adquieran una vivienda digna y adecuada es, sin ninguna duda, una política que se debe aplaudir a cualquier Alcalde.
Sin embargo, que se asignen esos subsidios a personas que no lo requieren, pasando incluso por encima de las normas establecidas, es un delito que implica un detrimento para el patrimonio público y una vulneración de los derechos de quienes realmente los necesitan.
Estas conductas pueden acarrear sanciones administrativas, civiles y penales, como la eliminación de la postulación o la asignación del subsidio, la devolución del dinero recibido con intereses, la pérdida de la propiedad de la vivienda, la imposición de multas o la iniciación de procesos judiciales por delitos como falsedad en documento público o privado, fraude procesal, estafa, peculado o enriquecimiento ilícito.
Tal como lo publiqué esta semana en Rionegro existe, al parecer, una olla de corrupción bastante grave y que debería suscitar una Agencia Especial Conjunta de los diferentes Entes de Control para investigar a fondo lo que parece ser una acción sistemática de funcionarios de la administración para estafar al Municipio.
En la investigación periodística en la asignación de los subsidios a trescientas veinte familias para el Proyecto denominado «Foresta Campestre», me encontré que, por lo menos, cincuenta beneficiarios no cumplen con los requisitos de Ley en su calificación del Sisben, muchos de ellos maestros cuya calificación es D21. Es decir, personas que son propietarias de varias viviendas y hasta de fincas.
Cincuenta casos no pueden ser aislados. Se trata, posiblemente, de una acción concertada de corrupción de varios funcionarios para defraudar a Rionegro.
Existe un caso de una contratista del municipio que no ha vivido los últimos cinco años en el municipio, tal como lo exige la Ley, y a la que se le realizó un estudio de un día para otro del Sisben para poderla incluir en la Resolución 0482 como beneficiaria y otorgarle el subsidio.
En el caso concreto de la funcionaria de carrera administrativa de la Alcaldía de Rionegro Gloria Esperanza Diaz Salamanca se configuran varios delitos penales muy graves.
Y eso que esta investigación periodística se realizó solo a un proyecto, que tal si le ponemos la lupa a los mil quinientos subsidios que aparecen en las vallas que fueron instaladas en diferentes sitios del municipio en las que el Alcalde Rodrigo Hernández entrega las llaves de su casa a una señora que se nota muy feliz por recibirlas.
El Artículo 403A adicionado por el art. 26 de la Ley 1474 del 2011 dice: «Fraude de subvenciones. El que obtenga una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cinco (5) a nueve (9) años, multa de doscientos a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años».
Espero que el Alcalde Rodrigo Hernández, o algún funcionario que se sienta aludido, me demande por «injuria y calumnia» para entregar las pruebas necesarias de esta olla de corrupción a las autoridades competentes.
Artículos del autor
