EDITORIAL: PENSEMOS EL VOTO
La alerta emitida hace algunas semanas por la Procuradora, Margarita Cabello, al señalar que existen más de seiscientos candidatos en el país con procesos penales, disciplinarios o fiscales obliga a la ciudadanía a mirar con lupa las hojas de vida y, hasta consultar las bases de datos judiciales, de los candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos municipales y, también donde se eligen las Juntas Administradoras Locales.
Y es que no estamos hablando de cualquier cosa, el Vice Contralor General de la Nación, Carlos Mario Zuluaga, reporto esta semana que sobre la vigencia 2022, se determinaron 490 hallazgos con presunta incidencia fiscal, por valor superior a $1.25 billones de pesos, en solo 256 auditorías realizadas a nivel nacional.
En la Región, La noticia sobre la solicitud de imputación, con Medida de Aseguramiento, para el Exalcalde de Rionegro y Candidato hoy por el Centro Democrático a la Gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona por «Peculado por Apropiación y Contratos sin el Lleno de los Requisitos Legales», se volvió una bomba mediática que obligó al mismo Candidato y algunos de sus amigos a salir con explicaciones sobre el tema.
Valga afirmar que la solicitud de aplazamiento de la Audiencia de Imputación, que estaba programada para el 12 de octubre, para después de elecciones, es decir el 10 de noviembre, siembra aún más dudas sobre la responsabilidad del Candidato en los hechos que presentará la Fiscalía y, por supuesto, le resta respaldos importantes.
Desde este Portal Independiente hemos manifestado en varias oportunidades que varios de los candidatos, la mayoría exalcaldes que aspiran a gerenciar sus municipios en el periodo 2024-2027, tienen procesos penales, disciplinarios y fiscales que pueden, en cualquier momento, inhabilitarlos para funciones públicas por muchos años.
En el país se ha venido hablando, por años, de escandalosas cifras robadas a la inversión social y a obras fundamentales para el desarrollo de los municipios y del país que supera dos reformas tributarias. Plata que bien permitiría educación, salud, vivienda, carreteras, parques infantiles, proyectos productivos, etc., etc., etc., para solucionar muchas de las necesidades básicas insatisfechas en la población más vulnerable y donde los problemas sociales generan los círculos de violencia que el país quiere superar, pero que la corrupción no lo permite.
El Oriente Antioqueño no se excluye de esta situación, la condena a la Exalcaldesa de Argelia de María Flor Dey Granada Valencia fue, y es, un campanazo del atraso que puede generarle a un municipio el robo de sus recursos públicos.
Recordemos al momento de depositar nuestro voto que «el que paga para llegar, llega para pagar» y, ese pago que se hace a través de la contratación de los municipios les resta oportunidades a las comunidades.
Las mafias de la contratación están en plena actividad y a la casa de candidatos que les reciban plata para asegurar cuatro años de jugosos dividendos.
Por eso, este 29 de octubre debemos pensar y muy bien nuestro voto.
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