En Antioquia se ha cumplido con la Política Pública de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado:
La Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia de la Gobernación de Antioquia recibió por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Certificación Territorial en la cual se califica con un 99% el cumplimiento de la Política Pública de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado en el territorio.
De acuerdo con cifras de la Red Nacional de Información de la UARIV, en el departamento de Antioquia hay 1.868.183 víctimas de todos los hechos, lo cual equivale al 17% del total de víctimas a nivel nacional.
Según el Secretario de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia, Rafael Blanco Lozano “con una calificación histórica el departamento de Antioquia, hoy celebramos el reconocimiento que nos hacen, pero también nos convoca a que sigamos trabajando unidos con todas las secretarias, con toda la institucionalidad comprometida con las víctimas para que sigamos trabajando en la reparación, en la atención y en la No repetición para que todas las victimas puedan llevar una vida digna”.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) realiza anualmente la certificación de las entidades territoriales del país, atendiendo lo establecido en la Ley 1448 de 2011 en su artículo 168. Dentro de lo que se avaluó fueron los asuntos de Prevención y Protección, Asistencia y Atención, Reparación Individual, Restitución de Tierras, Fortalecimiento Institucional y Sistemas de Información, en los cuales que se obtuvo una calificación del 100% de cumplimiento.
La medición de la Certificación Territorial se fundamenta en los resultados de la implementación de las acciones y gestión realizada por las entidades territoriales de acuerdo con los componentes de la Política Pública de víctimas, así como sus competencias territoriales.
No se debe olvidar que la reparación integral es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al derecho internacional humanitario y/o las violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, que han sufrido daños severos en sus vidas, su integridad, su patrimonio, sus proyectos de vida personales, familiares y profesionales.
Propende por reconocer el daño causado, contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida, devolver a la víctima su estatus y la garantía de sus derechos, dependiendo del sufrimiento particular, de la visión del entorno y del sentido de justicia que cada una de ellas pueda tener, pero mejorando su nivel de Goce Efectivo de Derechos (GED).
La reparación integral comprende cinco medidas que son implementadas por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). Sin embargo, no todas las víctimas acceden a todas las medidas de reparación, el acceso depende del tipo de hecho, del daño sufrido y de la voluntad de las víctimas para acceder a las mismas.
Las medidas de reparación pueden ser individuales, colectivas, materiales, morales o simbólicas.
Restitución: Medidas que buscan el restablecimiento de las víctimas a la situación en que se encontraban antes de que ocurriera el hecho violento. Además de la restitución de tierras, se adelantarán medidas de restitución de vivienda y se promoverán capacitaciones y planes de empleo urbano y rural para lograrlo.
Indemnización: Dependiendo del hecho sufrido, las víctimas recibirán una compensación económica por los daños sufridos, a título de indemnización administrativa.
Rehabilitación: Consiste en la atención de carácter jurídico, médico y psicológico y social dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas.
Medidas de satisfacción: Estas medidas buscan proporcionar bienestar y contribuir a mitigar el dolor de la víctima, a través del restablecimiento de la dignidad de la víctima y difusión de la verdad sobre lo sucedido.
Garantías de no repetición: El Estado debe implementar una serie de medidas con el fin de garantizar que no se repitan las violaciones a los derechos humanos, ni las infracciones al DIH que generaron la victimización.
Asimismo, los hechos susceptibles de indemnización contemplados por ley son: desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, delitos contra la libertad sexual, tortura, tratos crueles o degradantes, secuestro, acto terrorista – atentado – hostigamiento – combates, lesiones que causaron incapacidad y reclutamiento ilegal de menores.
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