FALLO JUDICIAL QUE REPRESENTARÍA LA DESAPARICIÓN DE MÁS DE LA MITAD DE LOS MUNICIPIOS DE COLOMBIA:
El municipio de San Rafael se encuentra localizado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia, municipio que fue fundado el 5 de agosto de 1964 por mineros que venían de Santa Rosa de Osos y San Carlos atraídos por la abundancia de oro en el lugar.
En 1986 fue la primera elección de alcaldes populares en el país, aproximadamente 1000 alcaldías entraron en elección y alrededor de la mitad fueron ganadas por la Unión Patriótica (partido conformado por las Farc) lo que conllevó a que la extrema derecha iniciara una campaña de exterminio contra la Unión Patriótica para castigar la movilización social y rechazar el éxito político de la izquierda, un campaña que duró varios años, donde asesinaron más o menos unos 2000 líderes de La Unión Patriótica; el Estado colombiano ha sido condenado por la Corte Interamericana en varias ocasiones y las muertes hoy son reconocidas como el genocidio de la UP (Unión Patriótica).
Se puede decir que, este hecho comparado a nivel mundial pocas veces ha sucedido dentro de una “democracia” y el municipio de San Rafael no fue la excepción, dado que muchos líderes fueron asesinados y desaparecidos.
Uno de estos casos fue el del señor Alejo Arango del Río, él fue un líder minero y hacia parte de este partido, se desempeñaba como administrador de una mina de aluvión en el municipio de San Rafael y fue el creador de la Corporación La Pequeña Minería.
La noche del 4 de marzo de 1988 el señor Alejo Arango se encontraba en la cárcel del municipio por supuesta extorción, allí solo se contaba con un guardia por cada turno, esa noche llegó un comando paramilitar inmovilizó al único guardia y se llevó al señor Alejo Arango, actualmente se desconoce qué pasó con él.
Un mes después de esta desaparición, ocurre la masacre del El Topacio donde “catorce mineros fueron secuestrados, descuartizados y arrojados al río Nare donde laboraban. Durante ese lapso, otras 182 masacres que dejaron 1.242 víctimas desangraban el país” información tomada del libro memorias de una masacre olvidada, Los mineros de El Topacio, San Rafael (Antioquia), 1988.
La familia de Alejo Arango interpuso una demanda contra el Ministerio de Defensa, el municipio y el IMPEC, la demanda cursó frente al Tribunal Administrativo de Antioquia, la sentencia en primera instancia condenó en forma solidaria al Ministerio de Defensa y al municipio y exoneró de responsabilidades al IMPEC, ya que la cárcel no era de esta institución sino que, era una cárcel de nivel municipal, después de esto, todas las partes apelaron según dice el señor Carlos Alberto Sánchez, jefe jurídico de San Rafael, “el municipio lo hizo argumentando, que no tenían que condenar a San Rafael, por lo que el se encontraba sometido por los militares y los paramilitares, la autoridad civil era prácticamente una figura decorativa”.
San Rafael como muchos municipios de Antioquia y de todo el territorio colombiano, fue un municipio muy golpeado por la guerra, en 1986 el municipio se encontraba militarizado y tomado por grupos paramilitares.
En el 2015 tuvo lugar la sentencia y se apeló, pues se practicaron pruebas en segunda instancia y el municipio siempre argumentó la toma militar y paramilitar en la que estaba sometido, “se da alegatos de conclusión donde se demostró como la existencia de esas fuerzas armadas estaban de manera permanente en el municipio en la época de los hechos” comenta Carlos Alberto, jefe jurídico de San Rafael.
En la sentencia de segunda instancia se exonera de responsabilidad al ejército “cuando era esta institución la que tenía todo el poder en el municipio y condenan a San Rafael por más de 1000 millones de pesos” Sánchez, jefe jurídico de San Rafael
“No se desconoce el derecho de los parientes del señor Alejo Arango que fue desaparecido, ellos tienen todo el derecho para demandar, pero con lo que no estamos de acuerdo es con que se exonere de responsabilidad al ejército que era el que tenía todo el control en el momento, y se condene al municipio, que por un lado no tenia el control real, era simplemente una autoridad de papel” Carlos Sánchez, jefe jurídico de San Rafael
El Concejo de Estado acaba de condenar al municipio por el crimen, “el Concejo de Estado está beneficiando al ejército, a la entidad rica y está perjudicando tanto a los demandantes como al municipio” Carlos Alberto, jefe jurídico de San Rafael
Según el fallo presentado por el Concejo de Estado “se concluye que el municipio de San Rafael fue negligente en la vigilancia y protección del privado de la libertad, pues era el responsable de su custodia y, si requería de asistencia para el servicio de seguridad del interno, tampoco solicitó el apoyo de otros organismos de seguridad”.
Este fallo lo que implica es que condenan a San Rafael como único responsable de esta desaparición, además abre la posibilidad de que los encargados de la justicia pongan la responsabilidad en cabeza de los municipios y no de la nación, sobre todo municipios de la periferia que fueron los que sufrieron con mucho más rigor las consecuencias del conflicto armado colombiano.
Hoy hay testimonios ante la justicia restaurativa en los cuales se habla de connivencia entre los grupos paramilitares y miembros de las fuerzas de Colombia.
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