Falsos positivos, “el teatro del horror”: Comisión de la Verdad
En el esfuerzo hecho por la Comisión de la Verdad para buscar un esclarecimiento del conflicto armado colombiano, era imprescindible la construcción de un relato más sólido sobre lo que ocurrió con los casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”: crímenes cometidos por la fuerza pública, que consistían en desaparecer y asesinar a jóvenes inocentes para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, con el fin de recibir los incentivos que estos resultados traían.
Fue así como lo dio a conocer Francisco de Roux, presidente de la Comisión, en la entrega oficial del informe final. Sobre las víctimas de esta modalidad, el padre De Roux enfatizó: “Si hubieran sido 10 sería gravísimo; si hubieran sido 100, sería para exigir el cambio de un Ejército. Fueron miles y es una monstruosidad”.
De acuerdo con el informe, la realidad estos actos solo se empezaron a dar a conocer en el año 2008, cuando las madres de Soacha comenzaron a hacer públicas sus denuncias, en las que relataron que sus hijos habían sido engañados con ofertas de trabajo y luego aparecieron como supuestos guerrilleros muertos en combate. Pero “las denuncias de los crímenes de Estado no fueron reconocidas, a pesar de los enormes esfuerzos de las víctimas y organizaciones de derechos humanos por hacerlas”, resalta un capítulo de este informe.
Allí se detalla que el periodo de la violencia de los falsos positivos se dio entre los años 2002 y 2008, durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez; periodo que según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) agrupa el 78 % del total de las ejecuciones extrajudiciales de las que hay registro (entre 1978 y 2016), dejando al menos 6.402 víctimas.
En el informe se explica que se había consolidado una política de gobierno, respaldadas por el poder público, “para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”.
La Comisión de la Verdad resalta que el rol que asumió la justicia penal militar consistía encubrir y atenuar las pruebas existentes sobre ejecuciones extrajudiciales, operando “como un mecanismo de impunidad durante décadas”.
De igual forma, se desataca la complicidad y la participación de varios integrantes de la Fiscalía, CTI entre otros actores, quienes certificaron pruebas falsas para contribuir a la dinámica de la “legalización de cadáveres”, generando un “esquema de impunidad”, según señala el documento. Además, los autores se sirvieron de la connivencia de paramilitares, algunos civiles y funcionarios de Medicina Legal para ocultar los crímenes.
Precisamente, ante las declaraciones que varios exmilitares brindaron, “han sufrido amenazas e incluso atentados, lo que muestra un intento de silenciar estas verdades que no puede ser tolerado”.
Allí se destaca que hubo jueces penales militares “legalizaron hechos y falsearon actas”, pero que algunos “se negaron a participar en los encubrimientos y no faltó el funcionario que se vio forzado a salir al exilio”.
El año en que más casos ocurrieron fue en el 2007, mientras que en el 2008 disminuyeron drásticamente, “después de la destitución de 17 generales y mandos y de una investigación interna en el Ejército ante las denuncias de muchas familias, que habían sido negadas hasta entonces”.
“Entre «Los lugares rotos» y «Cuerpos fisurados» se ubican estas historias que, por su densidad, integran diversas dimensiones de la violencia. Por ello, operan como conectores. En ellas se narra la puesta en escena del espacio de terror que fueron los «falsos positivos». Una experiencia que tiene dimensiones espaciales, corporales, semánticas y temporales. De los «falsos positivos», elegimos iluminar «el teatro del horror», sus actores y audiencias. Es decir, todo lo que implicó instalar una escena verosímil para eliminar a unas personas y hacerlas pasar por bajas en combate”
No solo había falsos positivos de las bajas en combates, sino que también había falsos positivos judiciales.
Artículos del autor
