FOTOMULTAS EN RIONEGRO: NEGOCIO LEONINO PARA QUE GANE UN PRIVADO LLAMADO QUIPUX S.A.S.

Compartir en redes sociales:

Ayer, empezó a regir en Rionegro el cobro efectivo de las fotomultas en tres sitios de seis para los que fueron solicitados permisos ante la autoridad competente y el cual arrojó resultados sorprendentes en solo 18 días de funcionamiento pedagógico de estas.

Y digo que los resultados son sorprendentes porque mostraron, 4.576 vehículos sin SOAT, otros 4.046 sin revisión técnico-mecánica y 2.765 conductores que no respetaron los límites de velocidad. Es decir que hubo 11.387 contravenciones en la fase pedagógica. También es necesario afirmar que, en Rionegro en el último año, ocurrieron alrededor de 2.100 siniestros que produjeron 700 heridos y 30 muertos.

Las cámaras de foto detección, seis hasta el momento en tres puntos, están ubicadas en El Tranvía, la entrada de Belén por Pintuco y en la Transversal 1.

Sin embrago, la Autoridad Competente ha otorgado información sobre otros tres puntos en los que también se instalarán, en el futuro próximo, cámaras de fotodetección, ellos son: Variante a Guarne, Autopista Medellín-Bogotá y la Zona E.

Dicho esto, seguramente se ha esgrimido este argumento para legitimar el uso del sistema por parte de la Administración Municipal. Sin embargo, es necesario ahondar en el verdadero interés detrás del «castigo» para los infractores. Se trata, ni más, ni menos, del multimillonario negocio que se desprende de las fotomultas y en el cual Quipux S.A.S. se queda con el 65% de todo lo recaudado.

Los «castigos» económicos, en la fase sancionatoria en este municipio, son los siguientes: Por exceso de velocidad y no tener al día la tecno-mecánica, $ 580.000, y por no tener el SOAT vigente, $1.160.000.

Miremos lo que muestran los resultados económicos de las multas en esta primera fase pedagógica, los cuales, si bien no se van a cobrar, sí dejan ver las multimillonarias ganancias que obtendrá la ya mencionada empresa, Quipux S.A.S., de un negocio que pareciera hecho a la medida, que no paso por el debate y aprobación del Concejo Municipal y que no aparece en la página de contratación estatal: Por vehículos sin SOAT se hubiera recaudado 5.308.160.000 pesos; por vehículos sin revisión tecno-mecánica 2.346.680.000 pesos y por exceso de velocidad 1.603.700.000 pesos, para un total de 9.258.540.000 pesos, de los cuales Quipux S.A.S, cuyo objeto principal es ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, con NIT  811003486 y Matrícula Mercantil 2129159112, se quedaría con 6.018.051.000 pesos.

Lean bien Quipux S.A.S. se quedaría con $ 6.018.051.000 de pesos, si se hubieran cobrado las multas de los 18 días pedagógicos.

Ahora bien, miremos los aportes de SOMOS y de Quipux S.A.S. para operar el sistema, en el que la mayor parte de las ganancias van a parar a manos de esta última, es decir de un privado: SOMOS puso la adecuación de cada uno de los puntos a un costo aproximado de 520 millones por cada uno, mientras Quipux S.A.S. aportó solo las cámaras de foto detección con un costo de 120 millones cada una.

El negocio es leonino para el Municipio. Quipux, que no pone casi nada recibirá el 65% y el Municipio que aporta el territorio, las vías, los infractores y la infraestructura para la instalación de las cámaras solo un 35%. Tal vez, solo tal vez, la Contraloría Municipal podría mirar con lupa lo que podría ser un gran DETRIMENTO PATRIMONIAL para los habitantes de Rionegro.

Curiosamente no aparece este contrato leonino entre Quipux S.A.S. y SOMOS en las páginas de compra eficiente de la Presidencia de la República.

El objetivo de las fotomultas, en Rionegro o en cualquier municipio de Colombia, no puede ser el de montar una ‘cacería ciudadana’ para llenar las arcas de ninguna empresa privada como Quipux S.A.S.  para pagar favores de los funcionarios que llegan al poder, sino para mejorar la seguridad vial. Así, debe existir una relación entre el diseño de los límites de velocidad y la accidentalidad, situación no demostrada en los 2.100 accidentes del último año y su relación con los sitios en los cuales fueron instalados las cámaras de fotomultas.

Los recursos recaudados por las fotomultas, en su totalidad, deberían quedar en manos de la municipalidad y destinarse al mejoramiento vial, la señalización y la seguridad, con miras a mejorar –no castigar– la movilidad ciudadana.

Las fotomultas no se deben convertir en un mecanismo para que privados como Quipux S.A.S., o municipios como Rionegro ganen plata, sino para salvar vidas. La ley –al igual que la tecnología– existe para educar al ciudadano y lograr un mejor país, no para enriquecer, o pagar «posibles» aportes «desinteresados» a una campaña por parte de contratistas amigos de uno que otro funcionario público.

Con un negocio de 70 mil millones al año se pueden hacer «posibles aportes desinteresados» para que un convenio que inició con Alcides Tobón como alcalde, en junio del 2011, con UNE por catorce años, pero que una vez creada SOMOS paso a Quipux S.A.S. y que tendrá que ser renovado el próximo año, se prolongue con quien gane las elecciones en el mes de octubre.

La Administración Municipal debería enfocarse más en una cultura de prevención, en vez de concentrarse en el negocio y, mucho menos, para enriquecer a Quipux S.A.S. o a cualquier privado.

«Huevo es y gallina lo pone». Decían los abuelos.

 

Compartir en redes sociales: