La Fuente del Poder es él Pueblo
John Fredy Osorio Pemberty – Abogado
El poder se define como el dominio, imperio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa, en tanto que la soberanía hace referencia a quien posee la mayor suma de poder, si preguntáramos a diferentes actores sobre quien recae en Colombia la soberanía, seguramente muchos responderían que en el Congreso, otros que en el Presidente y otros afirmarían que en el poder judicial, pero sin duda en forma acertada muchos manifestarían que en Colombia la mayor suma de poder o la soberanía reside en el pueblo.
En efecto, la Constitución Política de Colombia en su artículo tercero establece: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.
La preceptiva constitucional que en apariencia reviste una simpleza franciscana, es el resultado de múltiples conquistas por las que ha tenido que atravesar la humanidad, pasando de una soberanía radicada en el monarca, ¡el Rey es soberano!, para pasar a una soberanía radicada en la nación, caracterizada esta última por ser inasible o difícil de definir en la práctica.
El sistema jurídico Colombiano en teoría es uno de los que más mecanismos de participación ciudadana contempla, en efecto, el artículo 40 establece que para hacer efectivo el derecho a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político el ciudadano puede: elegir y ser elegido; tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática; constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos y difundir sus ideas y programas; revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley; tener iniciativa en las corporaciones públicas; interponer acciones públicas en defensa del orden jurídico y acceder al despeño de funciones y cargos públicos.
Es evidente que el constituyente pretendió dotar al pueblo de diversos mecanismos, los cuales no se limitaban solamente a la participación en unas elecciones para legitimar unos representantes que en definitiva son los que toman las decisiones a las que debe someterse todo el conglomerado social por la misma aplicación de la noción de democracia; se trataba sin duda de llegar a la consolidación de una democracia participativa y pluralista en los términos que señala el artículo primero de la Constitución, lo cual en la práctica es distante de la realidad, no solo por razones históricas, sino además por la forma como se estructura la política en el contexto nacional, en el que el linaje de algunas familias prestantes se entrelaza con las formas politiqueras de dominación con el fin último de perpetuarse y alterarse en el poder.
La política en Colombia con algunas excepciones, no se percibe como un ejercicio loable de la búsqueda constante del interés general, se percibe como una captura o como la aprehensión de los recursos públicos por unos pocos para su propio interés; en los diferentes sectores y niveles de la organización del Estado, es común ver salir acaudalados a quienes ingresaron a esas esferas con tan solo un modesto salario.
La gestión de los organismos de control es insuficiente para detener los agigantados pasos de la corrupción que transita oronda por todas las instancias gubernamentales, afectando sin duda la decisión del pueblo en las elecciones, en la mayoría de los caos se acude a contratistas inescrupulosos o faltos de principios con los que sobrevalora la contratación estatal, con el compromiso de revertir las diferencias en la financiación de las campañas de los candidatos apoyados por quienes en su momento detentan el poder, además de otras prácticas que se ejercen con abuso del poder y que terminan legitimando la hegemonía de ciertos grupos cerrados que ejercen el poder para su propio beneficio y con una amplia exclusión para quienes no compartan sus prácticas o forma de gobierno.
En su obra Al pueblo nunca le toca, el maestro de la sátira inteligente Álvaro Salom Becerra escribió: “ …el pueblo no es más que un rebaño manso y sumiso, manejado por unos pastores audaces e inescrupulosos que son los políticos de uno y otro partido, que hacen con él lo que les da la gana…” .
Si el pueblo fuera consciente del protagonismo que posee dentro del sistema democrático como depositario de la soberanía, sin duda, dejaría de ser ese rebaño manso y sumiso que describe el autor citado y la realidad de la política a nivel nacional, departamental y municipal, en muchos caos, sería diferente a la que vivimos en el presente y que venimos tolerando desde el inicio mismo de nuestra vida republicana.
En necesario tener en cuenta que el fin último del poder es el servicio, por lo que debemos procurar en el momento de ejercer nuestro derecho al voto, elegir personas que realmente tengan méritos para ejercer ese mandato o representación, que no tengan cuestionamientos por hechos corruptos, que sean poseedores de un espíritu de servicio, que tengan capacidad de soportar la crítica y que no busquen el poder para minimizar a los demás o para satisfacer su vanidad o engrandecer su ego.
Es hora de cambiar la mentalidad, es necesario enseñar a la clase política que de alguna manera busca perpetuarse en el poder sin ofrecer cambios sustanciales al acontecer nacional, departamental y municipal, que un voto puede hacer la diferencia, que avanzamos en la consolidación de una democracia madura en la que el pueblo participa activamente en las decisiones que lo afectan, que se tiene interés en premiar el buen ejercicio que algunos realizan frente a lo público, pero que también se rechaza cualquier asomo de corrupción o practica clientelista con la que se pretenda un uso desmedido del poder.