¿LAVADO DE ACTIVOS EN CAMPAÑAS PARA ALCALDÍAS EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO?
Desde hace algunos días me enteré de que un Grupo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, adscrito a la Unidad de Lavado de Activos, tiene bajo la lupa a varios Alcaldes/as y Excandidatos, en el Oriente Antioqueño, que participaron en la contienda electoral de octubre pasado y qué, posiblemente, recibieron gran cantidad de dineros «non sanctos», en efectivo, para financiar sus campañas políticas.
Los topes fijados, por el Consejo Nacional Electoral en la Resolución 0670 para las alcaldías, en el 2023, con una población igual o inferior a 25 mil habitantes fueron de $144.319.596, y para los municipios con una población entre 25.001 y 50.000 habitantes de $274.894.466.
Aunque los dineros fueron entregados en efectivo y lejos de las miradas públicas, los investigadores analizan varias pruebas, legalmente recopiladas, que dan cuenta de esos ingresos recibidos directamente por candidatos/as en varios municipios y que no fueron declarados por los candidatos en sus balances de campaña a la Autoridad Electoral.
Es de conocimiento público que existen «mafias de la contratación», que aprovechan los limitados recursos que les son permitidos a los candidatos en municipios de categorías 5 y 6 para «apoyar» económicamente a los aspirantes que al convertirse en mandatarios devuelven el «favor» con contratos, casi siempre adjudicados de manera directa, sin ningún tipo de licitación.
Sin embargo, lo que hoy está bajo la lupa del Ente Investigador es la posible financiación de campañas con dineros provenientes de rentas ilícitas, en varios municipios de las zonas de Bosques y Embalses del Oriente Antioqueño. Lo que, por supuesto significaría, de comprobarse, un delito penal que llevaría a los responsables de recibir esos dineros a la cárcel.
De hecho, el artículo 323 del Código Penal, que tipifica el lavado de activos, incluye una docena de delitos en los que se puede cometer el blanqueo de capital. Este crimen, en sí mismo, está penalizado con cárcel entre 10 y 30 años, y una multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos mensuales.
No se explican en la Fiscalía por qué dineros de ciudadanos, cuyas actividades económicas tienen como base el Magdalena Medio llegaron, en cantidades alarmantes, a financiar campañas de pequeños municipios en el Oriente Antioqueño.
Por el momento, según las fuentes, tiene identificados unos cuatro municipios, tres de la Zona Bosques y uno de la Zona de Embalses, donde ocurrió esta práctica en el Oriente Antioqueño e investigan, por lo menos, otros tres en el Magdalena Medio.
La financiación irregular de las campañas electorales es un desafío importante en las democracias. Para prevenir y sancionar la financiación irregular, es fundamental abordar tanto la legislación penal como las prácticas corruptas. Las leyes de “mano dura” expedidas, debido a escándalos relacionados con corrupción en campañas políticas, no siempre han dado resultados.
Es por ello que se siguen viendo las «Mafias de la Contratación», engrasando con millones de pesos las campañas de los candidatos con posibilidades de hacerse a las gerencias municipales, para después obtener ganancias monumentales con la contratación municipal y convertir así dineros ilícitos en plata legal.
Esperemos que haya avances rápidos por parte de la Fiscalía General de la Nación en este sentido, para que no se persista en esta práctica nefasta por parte de algunas campañas políticas y sus candidatos/as que imposibilitan contiendas limpias en las que quién gane unas elecciones sea el más idóneo, cuyas propuestas son mejores para su comunidad y no el que más plata reparte para hacerse con el cargo.
! EL QUE PAGA PARA LLEGAR, LLEGA PARA PAGAR A COSTA DE LOS RECURSOS QUE DEBEN SERVIR PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS Y LA SUPERACIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS COMUNIDADES ¡
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