¿SEGUIRÁN LOS FUNCIONARIOS DE EPM IRRESPENTANDO A LOS ALCALDES Y SUS COMUNIDADES?
Me enteré esta semana de que, al parecer, los funcionarios del Equipo Social de la Vicepresidencia de Generación de Energía del Grupo EPM perfeccionan, en este momento, los convenios que perpetúan la leonina tercerización y el irrespeto a los municipios y las comunidades que hacen parte de su Zona de Influencia en el Oriente Antioqueño.
Una tercerización que, en los últimos diez años, ha disminuido las posibilidades de los municipios y sus administraciones para cumplir con los planes de desarrollo en líneas fundamentales de inversión social para, de manera inconsulta, irrespetuosa y con una arrogancia intolerable por parte de los funcionarios del Equipo Social, fomentar una danza de chalecos que poco o nada, benefician a los municipios y sus habitantes.
Los municipios y habitantes han sufrido históricamente las consecuencias de la inundación de miles de hectáreas, por las cuales ni siquiera pagan impuestos justos y que solo compensan tercerizando a dedo, los proyectos de fortalecimiento institucional y productivos.
Para que se hagan a una idea de la desproporción, la ignominia, y la injusticia que existe entre la generación y la compensación, basta con decir que el Oriente Antioqueño generó el año pasado, según expertos consultados, el equivalente a UN BILLÓN DOSCIENTOS MIL MILLONES, pero solo recibió en compensación legal y social unos dieciocho mil millones. De los cuales, cerca de la mitad fueron ejecutados por ONG´s y Entidades diferentes a los municipios y sus administraciones. El mismo Grupo EPM sacó el año pasado un boletín de prensa donde anunció, con bombos y platillos, la cifra de 140 mil millones de compensación para TODOS los municipios de influencia de su negocio de generación que son 192 en todo el país y las Corporaciones Autónomas Regionales.
Aunque la Ley 99 de 1993, en su artículo 45, ordena que toda Empresa Generadora de Energía hidroeléctrica debe transferir el 6% de las ventas de energía a los municipios y Corporaciones Autónomas Regionales – CAR, situadas en la cuenca hidrográfica y el embalse. Sigue siendo absolutamente inequitativo frente a las cuantiosas ganancias que obtienen de los territorios.
Otro ejemplo, bastante demostrativo, es que hasta el año pasado EPM pagaba solo 320 millones de pesos por impuestos e industria y comercio al Municipio de El Peñol, por unos cien predios. Sin embargo, al actualizar el Catastro del Municipio, en la modalidad Multipropósito, se aumentó ese tributo a unos 2.500 millones por más de mil predios que nunca tributaron. Varias décadas de deuda, solo en la parte legal, sin hablar de la deuda social.
Toda la estrategia de Participación en el Desarrollo que, fue montada por el Equipo Social de EPM hace unos diez años, ha servido, sin temor a equivocarme, para deslegitimar los gobiernos de los municipios de influencia en la generación de energía. pero también al mismo Grupo EPM que perdió su interlocución directa con alcaldes y comunidades.
Los funcionarios sociales pasaron de hacer presencia en los territorios e interactuar directamente con administraciones y comunidades, a recibir informes, maquillados, de los «impactos» -muy dudosos- de la ejecución por parte una cantidad de burócratas con muchos títulos, y con salarios millonarios, que son contratados de por las ONG´s y Entidades, en esa leonina tercerización tan cuestionada, a las que le son asignados los convenios sociales.
Después de muchos meses de campaña y muchas voces de rechazo hace dos años se les devolvió a los municipios, de mala gana, el Proyecto de Cultura y Educación para ser ejecutado directamente por las administraciones. Dicho sea de paso, ha sido un éxito en los impactos sociales en las comunidades más vulnerables y un modelo en la rigurosidad de la ejecución.
Los nuevos Alcaldes y Alcaldesas, al unisonó, han manifestado públicamente, porque no hay espacios de conversa y concertación directa con el Gerente del Grupo EPM para manifestarle el malestar que existe en la Región, que no van a permitir que este atropello se siga perpetuando por cuanto son los municipios, y no las ONG´s, los socios naturales de la generación y quienes han padecido las consecuencias.
Sin embargo, la solución definitiva a esta injusticia surgida de la inequidad entre la generación y la compensación a los territorios será la modificación de la Ley 56 de 1981 para que se termine, de una vez por todas, la compensación y las empresas generadoras les paguen a los municipios impuestos reales y justos por las miles de hectáreas que inundan para poder generar energía eléctrica.
Es inaudito que los municipios de las áreas de influencia sigan subsidiando, a costa de sus propias angustias en la falta de recursos para su desarrollo, las multimillonarias ganancias del negocio de generación de empresas cuyos capitales, en su mayoría, son privados.
Y mucho más grave el irrespeto que vienen sufriendo por cuenta de funcionarios medios del Área Social del Grupo EPM, de capital público, al direccionar a su antojo en que se invierten los recursos de compensación social, y quién los ejecuta, perpetuando una tercerización leonina y la ignominia sobre el Oriente Antioqueño y sus comunidades.
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