Sitirio nuevamente fue tema de discusión en el Concejo Municipal de Rionegro:
La sesión de oposición está establecida por la ley 1909 del 2018, la cual es el estatuto de oposición, producto del proceso de paz que le permite a las personas que no están dentro del gobierno, una vez cada que inicien sesiones ordinarias hacer una dirigida por la oposición.
En el municipio de Rionegro, por primera vez los concejales de oposición decidieron aplicar este estatuto, donde el tema abordado fue el control político a la empresa SOMOS y a la Subsecretaría de Movilidad de Rionegro, con la implementación del Sistema Integrado de Transporte de Rionegro-Sitirio.
Allí, los concejales enviaron a la secretaría de movilidad y a la empresa Somos un cuestionario con 56 preguntas relativo a todo el sistema, por ejemplo, preguntaron por la inversión que se ha hecho, por qué se cambió el nombre, cuáles han sido los resultados y cómo va la terminal de transporte.
Sin embargo, la concejala Leidy Baena, manifiesta que tuvieron varios inconvenientes, ya que en primer lugar la sesión fue dirigida por el presidente del concejo, cuando por ley debía ser por la oposición.
Entre algunos aspectos que se discutieron estuvieron a cargo de la Veeduría Ciudadana, allí se denunciaron algunas anomalías y presuntos hechos de corrupción por parte de la administración municipal de Rionegro y Somos, por ejemplo, en el debate se expuso que “la reestructuración del transporte público colectivo en Rionegro, tiene su fundamento en el decreto 082 de 2019, que es un plagio integro a la Resolución No 2504 de 2016 expedida por el Municipio de Medellín”.
Además, Ester Lucía Zapata, representante legal de transportes Chachafruto, en la sesión manifestó que actualmente los gerentes de las empresas de transporte se encuentran intimidados, porque las empresas tienen varias investigaciones administrativas injustificadas, además señaló que nunca se han opuesto a la reestructuración del transporte, ya que es necesario, pero con lo que no están de acuerdo es la manera en la que se ha implementado.
Baena, señaló que, “nos dimos cuenta de que efectivamente la comunidad no está de acuerdo con el sistema, no vimos casos concretos donde se ha invertido el dinero, la terminal se tenía que entregar este 31 de julio, no está, no sabemos qué va a pasar con la terminal de 8.000 millones, los transportadores no están a gusto, los gerentes tampoco están a gusto, se están sintiendo amenazados”.
Por su parte, el concejal Diego Macía, en su intervención explicó que este sistema desde el momento de su implantación se ha venido haciendo de manera impuesta, por lo que solicitó que si este definitivamente va a implementarse se haga de manera concertada con la comunidad y no como lo han venido haciendo.
El reclamo de la ciudadanía tuvo un común denominador, donde afirmaron que «este proyecto ha sido reflejo de la improvisación absoluta de la administración municipal y la empresa Somos».
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