Desde los inicios del proceso para la creación del Área Metropolitana del Oriente (AMO), múltiples voces alertamos sobre las inconsistencias legales, políticas y éticas que lo rodeaban. No se trató de una oposición caprichosa, sino de una crítica fundamentada en la forma apresurada, clandestina y excluyente con la que se impulsó la iniciativa. Hoy, los hechos dan la razón a quienes advertimos sobre la fragilidad del proceso: la consulta popular programada para el 9 de noviembre se tambalea, y sus promotores —políticos, alcaldes y sectores privados interesados— enfrentan el desgaste de una propuesta que nunca gozó de verdadera legitimidad ciudadana.
El proceso estuvo viciado desde el principio. El afán por sacar adelante una figura metropolitana a toda costa llevó a sus impulsores a ignorar y pasar por encima de etapas esenciales de carácter legal y participativo. La reciente apertura de un proceso disciplinario de la Procuraduría contra la Registraduría del Estado Civil por haber avalado la solicitud de convocatoria sin cumplir los requisitos legales mínimos es un síntoma grave del deterioro institucional que ha rodeado esta iniciativa. Este no es un simple error administrativo; es una señal clara de que las bases sobre las que se construyó el AMO eran endebles y, peor aún, manipuladas para favorecer intereses particulares por encima del bien común.
Las demandas interpuestas ante el Consejo de Estado buscando la nulidad de la convocatoria representan otro capítulo crítico de esta historia. Muestran que el proceso no solo fue apresurado, sino posiblemente ilegítimo. A esto se suma el hecho de que, a pocos días de la fecha prevista para la consulta, los recursos necesarios para llevarla a cabo no han sido girados por parte del Ministerio de Hacienda.
El error fundamental de los promotores del AMO fue creer que podían imponer una figura de planificación regional sin un diálogo amplio, sin una verdadera concertación con las comunidades y sin transparencia. Pretendieron reemplazar el consenso con chequeras y bodegas de comunicación prepago, el debate con propaganda, y la participación ciudadana con reuniones cerradas entre élites políticas y urbanísticas. En ese contexto, la propuesta metropolitana dejó de ser un mecanismo para mejorar la coordinación regional y se convirtió en una estrategia de concentración del poder y del suelo.
Sin embargo, la actual crisis también abre una oportunidad. La incertidumbre sobre la Consulta Popular puede y debe convertirse en el punto de partida para un nuevo proceso: uno en el que todos los municipios, los veintitrés que hacen parte del Oriente Antioqueño, tengan voz y voto real, en el que se convoque a la ciudadanía de manera activa y sostenida, y en el que las decisiones no respondan a intereses particulares, sino al bienestar colectivo del territorio.
Una auténtica juntanza no se construye desde arriba, ni desde los escritorios de los promotores, sino desde el tejido social. Requiere tiempo, confianza, legalidad y participación. Lo sucedido con el AMO debe servir de lección para que los procesos de planificación territorial en el país se basen en la transparencia, el respeto institucional y, sobre todo, en la construcción conjunta de visiones de desarrollo.
Hoy, más que nunca, urge una reflexión profunda: ¿queremos un modelo de integración territorial impuesto o uno construido desde la juntanza? El fracaso parcial del AMO no es el fin de la idea de un esquema asociativo necesario, pero sí del modelo con el que se intentó imponer. Lo que está en juego no es solo una consulta, sino el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio futuro.
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