La reciente decisión del Consejo de Estado relacionada con las actividades turísticas en el municipio de Guatapé ha generado un profundo debate sobre la desconexión existente entre las altas instancias judiciales y las realidades territoriales. Este fallo, que restringe una de las actividades económicas más relevantes del municipio, ha sido percibido por gran parte de la comunidad como una intervención que ignora la complejidad local y que amenaza directamente la principal fuente de sustento de la población.
Guatapé es un territorio cuya estructura económica depende casi por completo del turismo: cerca del 97% de su Producto Interno Bruto municipal proviene de este sector, y prácticamente toda la población encuentra en él su principal fuente de empleo e ingreso. Lejos de tratarse de un renglón accesorio, el turismo constituye para el municipio una herramienta vital de desarrollo, reconstrucción social y superación de las secuelas del conflicto armado. En este contexto, cualquier decisión que afecte de manera sustancial esta actividad tiene repercusiones profundas en la vida cotidiana de sus habitantes.
Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado parece no haber ponderado con la suficiente sensibilidad la realidad socioeconómica del territorio. El fallo se produce como respuesta a una Acción Popular presentada con el objetivo de mitigar el ruido generado por ciertas actividades turísticas. El problema, no obstante, no radica en el uso legítimo de los mecanismos judiciales —los cuales constituyen un instrumento fundamental para la defensa de los derechos colectivos— sino en la forma como dicha acción judicial y su resolución terminaron desplazando consideraciones socioeconómicas estructurales, así como el derecho al trabajo y al desarrollo local.
La situación adquiere mayor complejidad al considerar que, según versiones ampliamente comentadas en el municipio, un número importante de habitantes firmó la Acción Popular sin plena información sobre su contenido o sus posibles implicaciones económicas. Si esto es cierto, el proceso habría estado marcado por un déficit de participación informada, circunstancia que va en detrimento de la legitimidad social del fallo. Más aún, la percepción de que el interés particular de una ciudadana holandesa que no se percató que compraba su propiedad en un municipio eminentemente turístico —en este caso, la incomodidad por el ruido— pueda primar sobre el bienestar colectivo, ha generado un sentimiento de injusticia y desprotección en la comunidad.
Mucho más incoherente cuando las empresas Helisky y Helitours han venido participando de diferentes Mesas Técnicas con Cornare-Autoridad Ambiental de la región- y la Alcaldía Municipal para lograr reglas de auto regulación que permitan una operación más amigable con las comunidades y el medio ambiente. Además, los helicópteros son utilizados, frecuentemente, en situaciones de emergencia medica de la población en diferentes desastres.
Y es que el resultado es absolutamente preocupante: la pérdida de decenas de empleos directos y cientos de empleos indirectos, afectando directamente a los propietarios y empleados de Helisky y Helitours, sino también a guías turísticos, conductores, comerciantes, operadores náuticos, restaurantes y a toda la cadena que sostiene la economía local. Para una población que ha luchado por reconstruirse luego de años de violencia y abandono estatal, este tipo de decisiones no solo pone en riesgo su estabilidad económica, sino que también envía un mensaje contradictorio respecto al apoyo institucional al desarrollo territorial.
Es indispensable, por tanto, reflexionar sobre los límites y alcances de las decisiones judiciales en contextos donde la economía local es especialmente vulnerable. La protección del ambiente y la garantía de la convivencia son objetivos legítimos y necesarios, pero su implementación debe armonizarse con un enfoque territorial que reconozca las particularidades de cada municipio y que evite que los fallos judiciales se conviertan, inadvertidamente, en instrumentos de exclusión o empobrecimiento.
Lo ocurrido en Guatapé debería servir como llamado de atención para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, mejorar la interlocución entre las comunidades y las instituciones judiciales, y promover decisiones que integren de manera equilibrada los derechos colectivos, el bienestar social y las necesidades económicas. Sin este enfoque integral, existe el riesgo de que las soluciones jurídicamente correctas terminen siendo socialmente devastadoras.
¡Ahora la señora holandesa adinerada puede dormir tranquila, pero los empleados y sus familias y la Economía local tendrán que seguir luchando por su sobrevivencia!
Escuche aquí la entrevista completa con Diego Alejandro Marín y Juan Esteban Posada, gerentes de las empresas Helitours y Helisky, afectadas por el fallo del Consejo de Estado:
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