Hoy, último día de la Semana Santa, el de la resurrección, es necesario albergar la esperanza de que existirá una también para el Oriente Antioqueño. Una resurrección que no sea simbólica, sino profundamente transformadora: capaz de cerrar las brechas sociales y de construir más posibilidades para los municipios más alejados, aquellos con menores presupuestos y con las heridas más profundas de los conflictos vividos.
Durante años, estos territorios han sido testigos del abandono sistemático. Mientras algunos centros urbanos crecen de manera acelerada, muchas zonas rurales y periféricas permanecen relegadas, sin acceso equitativo a oportunidades, infraestructura o inversión social. Esta desigualdad no es casual: responde, en gran medida, a una visión política que ha privilegiado la concentración del desarrollo en lo que podría llamarse una “selva de cemento”, donde el crecimiento urbano garantiza poder, visibilidad y beneficios económicos inmediatos para unos pocos, a costa de la devastación del territorio y la exclusión de muchos.
Frente a este panorama, resulta claro que el cambio no puede depender únicamente de quienes han sostenido estas dinámicas. La verdadera transformación debe surgir desde la misma población, desde sus organizaciones sociales, comunitarias y territoriales. Son estas las que conocen de primera mano las necesidades, los sueños y las capacidades del Oriente Antioqueño. Solo a través de su participación activa, consciente y organizada será posible construir un modelo de desarrollo más justo, incluyente y sostenible.
Una señal concreta de esa posible resurrección —y de la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente— será la pronta salida de DEVIMED, que se dará en pocas semanas. Este hecho no es menor: marca el cierre de un ciclo que deja lecciones profundas sobre la relación entre infraestructura, territorio y legitimidad social. Su salida obligará a estructurar una nueva concesión, una que debería replantear las prioridades de inversión, reduciendo la concentración de recursos en el Altiplano y garantizando una distribución más equitativa hacia los demás municipios de influencia. Un sector político y una agencia de medios, beneficiarios directos por décadas, están muy tristes, pero para el territorio y el país es una oportunidad maravillosa para reencausar sus prioridades.
Esa nueva concesión no puede repetir los errores del pasado. Debe construirse con criterios de justicia territorial, transparencia y participación ciudadana. Sobre todo, debe recuperar la licencia social que se perdió durante la última década, entendida no solo como un requisito formal, sino como la confianza real de las comunidades en que los proyectos responden a sus necesidades y respetan su entorno. Sin esa legitimidad, cualquier iniciativa estará condenada a la resistencia, al conflicto y al desgaste institucional.
Otra señal, igualmente fundamental para el futuro de la región, será la inminente derrota del Área Metropolitana del Oriente, más conocida como el AMO. Así como no se concretó el 9 de noviembre, tampoco ocurrirá el 26 de julio. Este escenario, lejos de representar un fracaso, debe entenderse como una oportunidad histórica: la de abrir un debate amplio, incluyente y verdaderamente participativo sobre el modelo de integración regional que se desea construir.
La discusión sobre el AMO ha evidenciado tensiones profundas en torno a la autonomía territorial, la distribución de recursos y la forma en que se toman las decisiones que afectan a los municipios. Por ello, su no consolidación en estos términos obligará a repensar el camino, a escuchar con mayor atención a las comunidades y a diseñar mecanismos que garanticen que todas las voces —especialmente las de los municipios más pequeños y periféricos— sean tenidas en cuenta.
No obstante, hay razones para mantener la esperanza. El panorama político está cambiando de manera significativa, como se evidenció en las pasadas elecciones. Nuevas voces, nuevas formas de entender lo público y nuevas demandas ciudadanas comienzan a abrirse camino. Sin embargo, este proceso aún es incipiente. Persisten prácticas arraigadas como el clientelismo, la manipulación electoral y la utilización de funcionarios y contratistas para perpetuar la hegemonía de sectores que poco han hecho por reducir la inequidad en el territorio.
Superar estas prácticas requiere tiempo, pero sobre todo compromiso colectivo. Implica fortalecer la educación política de la ciudadanía, promover la transparencia institucional y consolidar liderazgos éticos que respondan verdaderamente al interés común. También exige reconocer que el desarrollo no puede medirse únicamente en términos de crecimiento económico, sino en la capacidad de garantizar bienestar, dignidad y oportunidades para todos.
Que esta resurrección bíblica no sea solo un acto de fe, sino también un llamado a la acción. Que inspire una resurrección real para el Oriente Antioqueño: una en la que renazca la equidad, la justicia social y el respeto por el territorio. Una en la que las comunidades históricamente olvidadas dejen de ser periferia y se conviertan en protagonistas de su propio destino.
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