Hay una frase que puede resultar incómoda, pero que cada vez parece más necesaria en Antioquia: Empresas Públicas de Medellín es un muy buen proveedor para Medellín, pero un muy mal socio para buena parte de los territorios de donde obtiene los recursos que hacen posible su grandeza.
No se trata de desconocer lo que EPM significa para Medellín. Sería injusto hacerlo. La empresa ha sido fundamental para el desarrollo de la ciudad, para su infraestructura, para la calidad de sus servicios públicos y para la generación de recursos que terminan financiando buena parte de las obras y programas de la capital antioqueña. EPM es, sin duda, uno de los grandes orgullos empresariales de Medellín.
El problema aparece cuando uno sale del Valle de Aburrá y mira la historia desde el lugar de quienes ponen el agua, el territorio, los paisajes, las tierras, los ríos, sus problemas sociales y, muchas veces, hasta sus formas de vida para que esa prosperidad sea posible.
Allí la historia cambia.
Y el proyecto del río Piedras vuelve a poner esa discusión sobre la mesa.
Esta semana, en la Asamblea de Antioquia, se realizó una sesión de control político alrededor del proyecto que EPM estudia para el río Piedras, todavía en etapa de prefactibilidad. La propia empresa ha reconocido que se trata de una iniciativa concebida para garantizar el abastecimiento futuro de agua para los Valles de San Nicolás y el Valle de Aburrá, mediante un embalse y un túnel de aproximadamente 20 kilómetros que llevaría agua hacia el embalse de La Fe.
Es decir: el proyecto puede estar en prefactibilidad, pero el territorio ya está viviendo sus primeras consecuencias.
Y aquí aparece una pregunta elemental: ¿cómo puede un proyecto que todavía no tiene licencia ambiental empezar a producir impactos sobre el territorio?
La respuesta no está solamente en las obras físicas. También existe un impacto sobre las expectativas de las comunidades, sobre el valor y el futuro de los predios, sobre las decisiones de quienes viven allí, sobre la incertidumbre de los propietarios y sobre la tranquilidad de las poblaciones que comienzan a preguntarse qué será de su territorio si finalmente el proyecto se construye.
Un megaproyecto no comienza el día en que llega la maquinaria.
Comienza el día en que una comunidad descubre que su territorio puede dejar de pertenecerle plenamente.
Y eso debería obligar a EPM a entender que la socialización no puede ser un trámite posterior a las decisiones técnicas. Tiene que ser parte de la concepción misma del proyecto.
Porque el problema de fondo no es únicamente si el embalse del río Piedras es técnicamente viable. Tampoco si puede resolver necesidades futuras de agua. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿quién paga los costos territoriales de la prosperidad de Medellín?
La historia del Oriente Antioqueño ofrece demasiadas razones para formularla.
El caso de El Peñol y Guatapé es imposible de olvidar. La construcción del complejo hidroeléctrico significó la inundación del casco urbano de El Peñol y de extensas áreas rurales. El Contrato Maestro, firmado el 12 de abril de 1969, fue precisamente la respuesta a una enorme crisis social y territorial y estableció compromisos de EPM frente a la comunidad, incluyendo la construcción de una nueva cabecera municipal y la reparación de los daños ocasionados.
El nuevo Peñol no apareció por generosidad empresarial. Fue el resultado de la resistencia de una comunidad que se negó a aceptar que su pueblo simplemente desapareciera bajo las aguas.
El proceso estuvo marcado por conflictos, protestas y retrasos. Incluso se solicitó la intervención del Banco Mundial, que financiaba la obra, ante las dificultades y los incumplimientos denunciados por la población.
Por eso el Contrato Maestro no debería ser visto únicamente como una pieza histórica. Es también una advertencia.
Porque si después de décadas de existencia de una empresa tan poderosa como EPM todavía las comunidades tienen que preguntarse si sus territorios serán tratados como socios o simplemente como lugares de extracción de recursos, entonces algo no ha funcionado bien.
Y hay un dato que resulta particularmente doloroso para quienes conocen esa historia: la percepción de que los compromisos adquiridos con los territorios han quedado muy lejos de la magnitud de los beneficios que esos territorios han generado para Medellín.
Se ha señalado, incluso, que apenas cerca del 23 % de los compromisos del Contrato Maestro habría sido efectivamente cumplido. Esa cifra merece ser revisada, documentada y discutida públicamente con rigor, porque no puede convertirse en una consigna sin sustento; pero, precisamente por su gravedad, tampoco puede ser ignorada. Lo que sí está suficientemente documentado es que el cumplimiento del Contrato Maestro tuvo dificultades y que la comunidad tuvo que ejercer una fuerte presión para lograr que varios de sus compromisos fueran atendidos.
Y allí está la paradoja.
Medellín recibe los dividendos. Los territorios reciben las consecuencias.
Medellín recibe agua, energía, infraestructura y recursos.
Los territorios ponen los ríos.
Medellín recibe transferencias y aportes.
Los territorios enfrentan transformaciones ambientales, restricciones sobre sus tierras y cambios profundos en sus dinámicas económicas y sociales.
Medellín celebra la grandeza de EPM.
En las regiones, muchas veces, se pregunta cuánto de esa grandeza regresa realmente a quienes hicieron posible construirla.
Ese desequilibrio no puede seguir siendo presentado como el costo inevitable del progreso.
Porque el progreso que necesita sacrificar siempre a los mismos no es progreso compartido. Es transferencia de riqueza.
Y hay algo todavía más preocupante: la relación entre EPM y los territorios parece haberse ido alejando de aquella interlocución directa que, con todos sus problemas, existió en otros momentos de la historia.
Las comunidades de hoy no quieren que les expliquen un proyecto cuando las decisiones fundamentales ya están tomadas. Quieren participar cuando todavía existen alternativas. Quieren conocer los estudios. Quieren discutir los impactos. Quieren saber cuánto gana la empresa, cuánto aporta el territorio y cuánto retorna a la comunidad.
No están pidiendo que Medellín renuncie al agua.
Están pidiendo que Medellín no pretenda que el agua aparezca mágicamente en sus grifos.
Porque detrás de cada metro cúbico hay un territorio.
Hay campesinos.
Hay propietarios.
Hay bosques.
Hay quebradas.
Hay ecosistemas.
Hay comunidades.
Hay historias.
Hay formas de vida.
Y hay un derecho fundamental de esas poblaciones a decidir sobre el futuro del lugar que habitan.
EPM debería entender que su mayor activo no son solamente sus centrales, sus embalses, sus redes o sus estados financieros.
Su mayor activo es la confianza.
Y la confianza se pierde cuando una comunidad siente que primero llegan los estudios, luego los predios, después las máquinas y solamente al final llegan las explicaciones.
El río Piedras puede convertirse en una oportunidad para cambiar esa historia.
No solamente porque se trata de un proyecto estratégico para el abastecimiento futuro de agua, sino porque puede demostrar que una empresa pública puede hacer las cosas de otra manera.
Puede empezar por reconocer que los territorios no son proveedores de materias primas.
Son socios territoriales.
Y un socio no recibe migajas.
Un socio participa, conoce, discute, decide y recibe una parte justa de los beneficios.
Antioquia no debería aceptar que sus montañas, sus ríos y sus comunidades sean concebidos como una especie de gran despensa natural al servicio exclusivo de Medellín.
La riqueza de EPM no nació solamente en sus oficinas de Medellín.
Nació también en El Peñol, en Guatapé, en San Rafael, en San Carlos y en tantos otros territorios donde el agua dejó de ser solamente paisaje para convertirse en energía, en dividendos y en patrimonio empresarial.
Por eso la pregunta que hoy debería hacerse EPM no es únicamente cuánto cuesta construir el proyecto del río Piedras.
La pregunta debería ser:
¿cuánto está dispuesta la empresa a devolverle al territorio que hará posible ese proyecto?
Y, sobre todo, ¿está dispuesta a construir una nueva relación con las comunidades antes de que comiencen las obras y no después de que comiencen los conflictos?
Porque un buen vecino no llega a la casa del otro, toma el agua de su pozo y después le explica por qué era necesario.
Un buen vecino toca la puerta.
Pregunta.
Escucha.
Acuerda.
Compensa justamente.
Y permanece allí cuando termina la obra.
Ese es el desafío que tiene hoy EPM.
Seguir siendo una extraordinaria empresa para Medellín, pero aprender finalmente a ser también un buen vecino para los territorios que durante décadas han pagado buena parte de la factura de su grandeza.
Porque el agua puede almacenarse en un embalse.
La energía puede medirse en kilovatios.
Los dividendos pueden contabilizarse en pesos.
Pero la dignidad de un territorio no cabe en ningún balance financiero.
Artículos del autor
