EL ORIENTE ANTIOQUEÑO EN MANOS DE TODOS
Por: Ana Patricia Aristizábal Gómez
Tratar de construir un relato que permita describir y entender la actualidad del oriente antioqueño y más que eso, buscar desentrañar lo que ha motivado esta particular modernidad que se vive de forma tan abrupta en algunos lugares y tan alejada en otros, nos tiene que llevar a los habitantes de este territorio a preguntarnos qué es lo que se ha hecho bien, y que es aquello que definitivamente o no se ha hecho, o se ha hecho tan mal, que los niveles de inequidad no solo permanecen, sino que se han profundizado durante los últimos años, a estadíos tal vez irrecuperables, en detrimento siempre de la población más vulnerable que lo habita.
El conflicto armado fue durante más de una década el determinador en la práctica del ordenamiento territorial sin excepción alguna en los 23 municipios del oriente, pues si bien la violencia golpeó con mucha más fuerza a los municipios de mayor ruralidad, que fueron el escenario de la más cruenta disputa del territorio por parte de los distintos actores armados ilegales y también de los legales, esta población afectada por los diversos hechos victimizantes, se vio obligada a desplazarse forzosamente hacía las localidades ubicadas en la zona del Altiplano, concretamente Rionegro y Marinilla, convirtiéndolas en los principales municipios receptores, con lo que esto significó en materia de demanda de servicios públicos de toda índole, desde los domiciliarios, hasta salud, educación y vivienda entre otros. Situación ésta para la que no estaban preparados, cambiando así la dinámica regional para siempre, puesto que si bien se han promovido con éxito algunos planes de retorno, casi todos liderados por la Administración Municipal de Medellín, lo cierto es que muchas de las zonas rurales de los municipios más azotados por la violencia armada durante los años 90 y parte de los 2000, nunca recuperaron su población, ya que muchos de quienes tuvieron que salir de manera forzosa, luego no quisieron regresar, porque encontraron en los modelos de vida urbanos, oportunidades que el campo no les proporcionaba.
Y es que la vida para los campesinos en los lugares más apartados de la región, no ha sido ninguna panacea, con precarios servicios públicos domiciliarios, deficiente calidad de la educación, elemental, mínimo y lejano acceso a la salud y cero conectividades con el mundo, mediante la modernidad tecnológica, a pesar de que en todos los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territoriales expedidos desde el año 1998 en los 23 municipios, este componente se ha presentado como una asignatura pendiente en las gestiones de las administraciones municipales, es la principal razón por la cual hoy por hoy un gran número de las personas desplazadas de la ruralidad hacia las zonas urbanas de los municipios y de la ciudad de Medellín, no están dispuestas a regresar, luego de haber tenido acceso a esas ventajas comparativas.
Así pues, con los municipios receptores sobrepoblados y los otros apenas tratando de reconstruirse luego de todos los ataques y vejámenes de los grupos armados, llegamos al año 2005 y los siguientes, tratando de auto restablecernos de esta aciaga época. A través de la ejecución de proyectos provenientes de la cooperación internacional y con el apoyo de organizaciones sociales constituidas por mujeres, por víctimas, por líderes y lideresas del territorio, se fue encontrando el camino para su acompañamiento psicosocial y algunos proyectos productivos. Finalizando la década, se empezó a sentir el desescalonamiento del conflicto, como efecto de lo que fue el proceso de Justicia y Paz con los grupos Paramilitares y años después también del Proceso de Paz adelantado desde Cuba con la guerrilla de las FARC-EP.
Con esta sensación de tranquilidad, los municipios del Altiplano empezaron a vivir el resurgir del sector productivo con el asentamiento de grandes empresas y ante todo con el despliegue del gremio inmobiliario en municipios que fueron conformando una especie de centralidad entre Rionegro, La Ceja, El Retiro, Marinilla, Guarne y el Carmen de Viboral, así como en el sector turístico de Guatapé. La urbanización parece haberse apoderado de estos territorios en sus sectores más exclusivos a precios elevadísimos y la masificación de vivienda de interés social en lugares menos cotizados. Esta situación ameritaría un análisis mucho más extenso, tanto sobre sus ventajas, como de las problemáticas que esto trae para la vida de las localidades, pero por el momento baste con decir, que ha cambiado la dinámica social, económica y política del territorio.
Esta realidad sigue contrastando, o mejor, profundizó el contraste con aquellos que como ya se mencionó, fueron los afectados en forma directa por el conflicto. En ellos, los recursos propios siguen siendo escasos, el campesinado continúa excluido de cualquier viso de modernidad manifestado en oportunidades tecnológicas que los acerque al mundo, su producción campesina sigue siendo mal pagada, pues las ganancias se quedan en los intermediarios y como si todo fuera poco, ya se vuelven a sentir los pasos de los violentos, pues al interés de apropiarse de su enorme riqueza en recursos naturales y biodiversidad, no van a renunciar toda clase de fuerzas oscuras que rondan la región. A esta amenaza, que es real, que se palpa nuevamente en el ambiente según lo informan varias personas que ya han sido abordadas por grupos de armados, solo la logrará frenar la unidad regional, la conjunción de autoridades, sociedad y población civil de los 23 municipios para la defensa del territorio. Dejar solos, en el ostracismo, a las comunidades que hoy habitan esas localidades, es permitir que la historia se repita, que regrese la violencia armada, el despojo, el desangre otra vez.
No es la intención ser ave de mal agüero, es más bien la preocupación de una habitante del Oriente y la invitación a que nuevamente la organización social, la institucionalidad y la clase política asuman la tarea de no permitir que la historia de horror se repita.
Artículos del autor
