Es lamentable, y hasta ridículo, el circo en que se han convertido las elecciones en el Oriente Antioqueño. Lo que debería ser una celebración de la democracia —un espacio de deliberación pública, contraste de ideas y construcción colectiva de futuro— ha terminado reducido a una puesta en escena donde el aplauso se mide en listas y la participación se fuerza con amenazas veladas. En lugar de propuestas claras y liderazgos sólidos, lo que abunda es el cálculo mezquino y la presión indebida.
En los municipios del Oriente Antioqueño, la contienda electoral parece girar menos en torno a programas de gobierno y más alrededor de la capacidad de movilizar obligatoriamente a funcionarios y contratistas a reuniones proselitistas. La asistencia ya no es un acto libre de convicción política, sino una condición implícita para conservar el empleo o el contrato. Se ha normalizado una práctica profundamente dañina: convertir la necesidad económica en herramienta de coacción electoral. El Santuario es una demostración clara de lo que estoy afirmando y que está sucediendo en otros municipios.
La falta de propuestas es evidente. Muchos candidatos y candidatas eluden el debate serio sobre los problemas estructurales del territorio —la planificación urbana desordenada, el impacto ambiental del crecimiento acelerado, la desigualdad entre lo rural y lo urbano— y prefieren apropiarse discursivamente de obras e inversiones que no les pertenecen. Se presentan como gestores de recursos públicos que, en realidad, provienen del Estado en sus distintos niveles: municipal, departamental o nacional. Así, la inversión pública, que es fruto del esfuerzo colectivo de la ciudadanía, se transforma en botín simbólico de campaña.
Pero el problema va más allá del discurso. Existe una maquinaria mezquina que, según múltiples denuncias ciudadanas, opera desde los más altos niveles de la Gobernación de Antioquia y desde varias alcaldías municipales para intimidar a funcionarios y contratistas. La presión no se limita a exigir su asistencia o su voto: se extiende a familiares y amigos, quienes son incorporados en listados que funcionan como garantía de lealtad política. La consigna tácita es clara: apoyar a determinado candidato o arriesgar la estabilidad económica.
Bajo esta lógica, la obra pública deja de ser un derecho de la comunidad y se convierte en moneda de cambio. Se “cobra” en respaldo electoral, en asistencia obligatoria, en demostraciones públicas de adhesión. Y así, quienes seguramente resultarán elegidos no lo harán por la solidez de sus propuestas, ni por la coherencia de sus trayectorias, sino por la mermelada y la maquinaria que los impulsa. La vergüenza social radica precisamente en esa distorsión: el mérito queda relegado, mientras la estructura clientelista define los resultados.
La debilidad en los liderazgos se hace evidente cuando la persuasión se reemplaza por la intimidación. Un liderazgo auténtico convence con ideas, inspira con coherencia y moviliza con ejemplo. En contraste, el liderazgo frágil necesita presionar, condicionar y manipular. Cuando un candidato requiere obligar a su audiencia a escucharlo, está confesando, sin decirlo, que carece de la fuerza moral y programática para atraerla voluntariamente.
Las consecuencias son profundas. Primero, se deslegitima el proceso democrático, pues muchos votos no se emiten desde la convicción sino desde el miedo. Segundo, se perpetúa una cultura política clientelista que impide la renovación real del poder. Y tercero, se envía un mensaje devastador a la ciudadanía: que el acceso a oportunidades depende más de la obediencia que del talento o la capacidad.
Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué se puede esperar de alguien que haya sido elegido de esa forma? Si su campaña se sostuvo en la presión y en la utilización de recursos públicos como herramientas de chantaje político, difícilmente su cargo se caracterizará por la transparencia, la independencia o el compromiso genuino con el bien común. Quien llega al poder atado a una maquinaria, gobierna para sostenerla.
El Oriente Antioqueño merece más. Es una subregión dinámica, estratégica y diversa, con enormes potencialidades económicas, culturales y ambientales. No puede seguir atrapada en esquemas políticos que privilegian la lealtad forzada sobre la competencia programática. La democracia no se fortalece con listas obligadas ni con auditorios llenos por presión; se fortalece con debates abiertos, propuestas claras y ciudadanos libres.
Superar este escenario exige valentía cívica. Implica que los funcionarios y contratistas reconozcan sus derechos, que las instituciones de control actúen con firmeza y que la ciudadanía rechace la normalización del abuso. Implica también que surjan liderazgos capaces de elevar el nivel de la discusión pública y devolverle dignidad a la política local.
Porque cuando la política se convierte en espectáculo y la participación en obligación, pierde la democracia y pierde la comunidad. Y ningún territorio que aspire a un futuro justo y próspero puede permitirse que su destino se decida bajo la carpa de un circo electoral como el que asistimos en el Oriente Antioqueño.
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