En el Oriente Antioqueño se encuentra en juego una decisión trascendental: la creación o NO de un Área Metropolitana (AMO). Este debate toca fibras profundas relacionadas con el modelo de desarrollo regional, la participación ciudadana y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, hasta el pasado viernes el Ministerio de Hacienda no había desembolsado los recursos necesarios para llevar a cabo la Consulta Popular del próximo 9 de noviembre. Más aún, sabemos que no se ha expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), lo cual pone en entredicho su realización a menos de un mes de la votación en ocho municipios.
Ya existen antecedentes de una cancelación a último momento, como ocurrió al final del mandato de Luis Pérez, cuando a escasos diez días del evento se anunció que la consulta no se realizaría. Hoy, la historia parece repetirse.
Desde este medio de comunicación independiente y comprometido con el territorio y sus comunidades, solicitamos hace más de un mes al Presidente de la República no respaldar esta consulta. Consideramos que el proceso, tanto en la forma como en el fondo, presenta múltiples falencias que comprometen su legitimidad y transparencia. Por ello, pedimos que se ordenara al Ministerio de Hacienda abstenerse de avalar los recursos, no como una forma de negar la participación ciudadana, sino como una exigencia para replantear profundamente un ejercicio que, tal como está diseñado desde la Gobernación de Antioquia y las alcaldías, parece responder más a intereses políticos y urbanísticos que al bien común del territorio.
El AMO presenta vicios de forma y de fondo que resultan insalvables, comprometiendo gravemente la gobernanza del agua en la región y debilitando de manera preocupante la autoridad de CORNARE. El proceso careció de la debida concertación con los concejos municipales, así como con las organizaciones sociales y ambientales del territorio, ignorando principios básicos de participación ciudadana. En cuanto a la forma, la solicitud fue presentada sin cumplir los requisitos legales establecidos, y el posterior voto positivo en el Senado estuvo marcado por irregularidades que cuestionan su legitimidad. A esto se le suma una presión indebida desde la Gobernación y los alcaldes y alcaldesas sobre funcionarios y contratistas, quienes están siendo constreñidos en su decisión, en un contexto donde se han destinado recursos públicos para financiar estrategias de propaganda a través de bodegas de comunicación prepago, lo cual representa una grave desviación del uso ético y legal del erario.
El trasfondo de esta consulta es complejo. Se enfrenta una visión de desarrollo impuesta por ciertos sectores políticos y económicos —particularmente los ligados a la casa Quintero Cardona, con figuras como Rubén Darío Quintero, su hijo Esteban y su sobrino político, el hoy gobernador Andrés Julián Rendón— que impulsan una megaestructura urbana con una malla de 80 kilómetros para incorporar, en los próximos 20 años, más de dos millones y medio de nuevos habitantes. Esta propuesta, que parece más una jugada de urbanizadores por el crecimiento que una planificación responsable para el desarrollo del territorio, plantea serios riesgos ambientales y sociales. Se amenaza con desfigurar el carácter rural y ecológico de la región, intensificar la desigualdad y acentuar problemáticas como la escasez de agua, la deforestación y la segregación social, además de dejar en el absoluto ostracismo a quince municipios con brechas sociales históricas.
Si la consulta se realiza, que aún está en duda porque al día de hoy no hay CDP y por lo tanto los recursos para su realización y el proyecto del AMO es rechazado por la mayoría se enterraría de una vez, y por todas, esa propuesta leonina que quieren imponerle a la región y a sus comunidades desde un sector político y los urbanizadores. El cálculo al momento es que el AMO perdería en seis de los ocho municipios, el mensaje será absolutamente contundente y representa un acto de soberanía territorial. Ir a las urnas, en este caso, es mucho más que votar; es un acto de defensa del territorio, un ejercicio de dignidad colectiva y una oportunidad para frenar un modelo de desarrollo excluyente y destructivo.
Esta victoria no solo desacreditaría los intereses de los urbanizadores y políticos que los apoyan y castigaría a los alcaldes y alcaldesas que, sin consultar a las comunidades, ni a los concejos municipales, decidieron hacer parte de una traición a la historia de sus municipios y a la región, sino que abriría la puerta para una construcción colectiva del territorio, basada en la inclusión, el respeto por el medio ambiente y el cierre de brechas sociales. Es ahí, a partir del 10 de noviembre, donde la ciudadanía debe tomar la iniciativa de crear un nuevo pacto territorial que responda verdaderamente a las necesidades de quienes habitamos y amamos esta región.
No podemos permitir que el futuro del Altiplano se decida entre pocos y a puerta cerrada, en una componenda para vender el crecimiento. Es hora de que hable el territorio y haga una apuesta clara por una juntanza para planear el desarrollo de los veintitrés municipios.
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