La gira emprendida por el Gobernador de Antioquia en los últimos días a los municipios que harán parte de la Consulta Popular para decidir el AMO, acompañado de su séquito de funcionarios y respaldado por la maquinaria comunicacional prepago, encabezada desde MiOriente, tiene una verdad oculta que debe conocerse públicamente. Lo que a simple vista podría parecer un ejercicio de presencia institucional y diálogo con las comunidades, no es otra cosa que una ofensiva política motivada más por el temor a un resultado adverso, que ellos conocen hace algo más de una semana, que por un compromiso genuino con el desarrollo regional.
Los datos, de una encuesta privada realizada recientemente en el Altiplano del Oriente Antioqueño, parecen ser el detonante de esta ofensiva de última hora. Según estos resultados, develados por una fuente de muy alto nivel que ha solicitado la reserva periodística de su identidad, el proyecto de AMO perdería en seis de los ocho municipios convocados, y en los otros dos, la ventaja del «sí» no sería suficiente como para garantizar una victoria cómoda. Esta situación ha generado un evidente nerviosismo entre los promotores del proyecto adentro de la Gobernación y entre los alcaldes y urbanizadores y sus gremios, quienes han visto en la visita del Gobernador una oportunidad para revertir la tendencia. Sin embargo, el intento parece más bien una maniobra desesperada para maquillar con promesas lo que ya se vislumbra como una derrota política.
Y es que la Consulta Popular será, además, un termómetro fundamental para las elecciones a Congreso y Presidencia del próximo año, lo que aumenta el desespero del Gobernador y de su equipo político frente a la derrota que se vislumbra en esa encuesta de opinión. Un revés en esta consulta no solo sería un golpe para el proyecto de AMO, sino también una señal clara de debilitamiento del capital político del mandatario departamental y de quienes buscan capitalizar su gestión para posicionarse en la contienda electoral de 2026 como su primo, el Senador Esteban Quintero. En este contexto, cada municipio representa una ficha clave en el tablero de poder regional, y perderlos sería ceder terreno estratégico en la antesala de unas elecciones nacionales altamente competitivas.
Las comunidades no son ingenuas. Ya han sido testigos de múltiples anuncios grandilocuentes que nunca se concretan, y saben distinguir entre una promesa de campaña y una verdadera política pública. En esta ocasión, la percepción generalizada es que el AMO no responde a una necesidad sentida de los territorios, sino a intereses particulares ligados al negocio de la urbanización acelerada y desregulada. La creación del área metropolitana es vista por muchos como una puerta abierta para entregar la planificación territorial a los urbanizadores, disfrazando de integración y planificación lo que en realidad es un negocio inmobiliario que en nada beneficia a las comunidades y por el contrario acaba con el buen vividero que aún existe.
El discurso del progreso y la integración regional pierde fuerza cuando se contrasta con las realidades locales: falta de inversión social, deterioro ambiental, déficit de servicios públicos y exclusión de las comunidades en la toma de decisiones. Es precisamente esa desconexión entre el relato oficial y las vivencias cotidianas la que ha motivado el rechazo ciudadano que hoy se expresa en esa encuesta que tiene temblando a los promotores del AMO. La gira del Gobernador, lejos de convencer, ha evidenciado una estrategia comunicacional montada más para el espectáculo que para el diálogo. Las bodegas de comunicación prepagas, financiadas con recursos públicos y privados poco transparentes, han intentado construir una narrativa artificial de apoyo que no se traduce en las calles de los ocho municipios.
Además, el desgaste político de los alcaldes y alcaldesas que han respaldado abiertamente el «sí» en la consulta es otro factor que complica el panorama. La ciudadanía percibe que el voto del 9 de noviembre no solo decidirá sobre la creación del AMO, sino que se convertirá en un plebiscito sobre las gestiones locales de sus mandatarios. Muchos electores ven esta consulta como una oportunidad para castigar a quienes no han estado a la altura de las expectativas y han traicionado su voto programático, y es precisamente ese voto de castigo el que está inclinando la balanza en contra del proyecto.
Los promotores del NO deben, por tanto, reforzar su accionar para garantizar que una ciudadanía informada saldrá de manera masiva a votar y a derrotar, por enésima vez, la pretensión de vender el crecimiento a los urbanizadores. La clave está en redoblar la pedagogía, fortalecer el trabajo territorial, desmentir las falsas promesas del oficialismo y apelar a la conciencia crítica de los votantes. No basta con denunciar las intenciones ocultas del proyecto AMO; es imprescindible construir y comunicar con claridad las razones del rechazo, evidenciando que otro modelo de desarrollo —más justo, sostenible y democrático— es posible y necesario para el Oriente antioqueño.
La maratón de visitas del Gobernador de Antioquia y su aparato propagandístico no es más que el reflejo de un miedo político muy real: el de perder una consulta que, de aprobarse, consolidaría un modelo de desarrollo excluyente. Lejos de fortalecer el proyecto de integración regional, esta estrategia podría acelerar su fracaso, al evidenciar que su legitimidad no se construye con promesas, sino con resultados, participación y respeto por la autonomía de los territorios. La ciudadanía, una vez más, tiene la última palabra, y su voto será un acto de defensa del territorio frente a los intereses de unos pocos —pero también una señal clara sobre el rumbo político que Antioquia está dispuesta a tomar en el escenario nacional que ya se avecina.
Artículos del autor
