Desde el primero de enero, para los alcaldes y alcaldesas del país el sol empezó a quedarles a la espalda. No porque se haya extinguido formalmente su mandato, sino porque el tiempo real para gobernar, ejecutar y transformar se ha reducido drásticamente. Este es un año electoral y el siguiente apenas ofrecerá unos pocos meses de margen antes de que arranquen de lleno las campañas locales. En ese contexto, la gestión pública entra en una fase crepuscular: las decisiones se vuelven más cautelosas, los proyectos estructurales se frenan y, con frecuencia, la propaganda termina reemplazando a la acción.
El Oriente Antioqueño refleja con nitidez esta dinámica. Paradójicamente, las administraciones que hoy pueden mostrar resultados más sólidos no son las de los municipios del Altiplano, sino las de aquellos territorios más periféricos, históricamente rezagados y con mayores brechas sociales. Mientras en el centro subregional se percibe estancamiento, improvisación y un gasto absolutamente preocupante en publicidad oficial, en la periferia se observan esfuerzos más consistentes por responder a las necesidades reales de la población.
Un elemento común en varias de las gestiones más cuestionadas es la decisión de concentrar buena parte del capital político, administrativo y comunicacional, donde malgastaron miles de millones de pesos, en la promoción y defensa del AMO. Alcaldes que dedicaron casi todos sus esfuerzos a sacar adelante este proyecto fallido terminaron descuidando el gobierno cotidiano de sus municipios. Problemas cruciales como la seguridad, la movilidad local, el ordenamiento territorial, la prestación de servicios públicos y la atención social se les salieron de las manos. En lugar de fortalecer sus territorios, apostaron por una agenda supramunicipal que, legal pero ilegítima en el debate regional, no puede sustituir la responsabilidad básica de gobernar bien la casa propia.
Municipios como La Ceja, El Carmen, El Retiro, La Unión y Rionegro dan cuenta de este fenómeno. Sus gestiones han sido, en el mejor de los casos, regulares y, en otros, francamente deficientes. A ello se suma un uso del erario que genera inquietud, especialmente por el peso que ha tomado la publicidad institucional frente a la inversión social y la ejecución de proyectos de impacto estructural. El Altiplano, que debería liderar el desarrollo regional, parece atrapado en una lógica de imagen, protagonismo político y agendas externas, más que en resultados concretos para sus ciudadanos.
Dentro de este panorama crítico, algunas administraciones se destacan muy negativamente. Las peores gestiónes, sin duda alguna, han sido la de San Vicente Ferrer, Santuario y Guarne. En estos municipios se evidencia falta de rumbo, debilidad en la ejecución y una desconexión evidente con las necesidades de sus comunidades. El caso de Santuario es particularmente grave, al punto de poder calificarse, sin ambages, como la peor gestión del 2025, tanto por sus resultados como por la pérdida de confianza ciudadana.
Existen también casos especiales que merecen un análisis particular. San Carlos presenta una gestión pobre en términos de resultados concretos; sin embargo, la intensa exposición en redes sociales y la participación en premios nacionales —pagados con recursos públicos— han logrado sostener una imagen favorable que no se corresponde con la realidad municipal. En contraste, Marinilla constituye una excepción positiva dentro del Altiplano: su alcalde ha construido una gestión bien valorada por las comunidades, con presencia en el territorio y una lectura más fina de las prioridades locales.
En el otro extremo del espectro se encuentran los municipios con mayores necesidades históricas, donde, paradójicamente, se han dado las mejores gestiones. San Francisco, Guatapé, Cocorná, San Luis, Nariño, Sonsón, Argelia, San Rafael, El Peñol, Granada, Alejandría, Concepción y Abejorral demuestran que, cuando la administración se enfoca en cerrar brechas sociales y atender lo esencial, los resultados son más visibles y sostenibles. Allí, la gestión se mide menos por la publicidad y más por la capacidad de transformar realidades.
Por todo lo anterior, no resulta exagerado afirmar que las mejores gestiones del 2025 en el Oriente Antioqueño ha sido la de Marinilla y San Francisco, municipios que, pese a sus limitaciones, supieron aprovechar el escaso tiempo político disponible para gobernar con coherencia, cercanía y compromiso social. En tiempos donde el calendario electoral condiciona la acción pública, estas experiencias confirman que gobernar bien no depende del tamaño del presupuesto ni del protagonismo regional, sino de la claridad en las prioridades y del respeto por lo público.
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