La mal llamada Autopista Medellín-Bogotá, una de las vías más estratégicas para la conectividad y el desarrollo económico del país, enfrenta hoy una crisis que trasciende el simple deterioro vial. El tramo comprendido entre El Santuario y Puerto Triunfo se ha convertido en una ruta de alto riesgo, marcada por el abandono estatal y el creciente número de accidentes fatales. Bajo la administración del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) desde 2018, este corredor ha sufrido una degradación progresiva que pone en entredicho la capacidad institucional para garantizar la infraestructura mínima que exige una vía nacional.
El caso más reciente, en el que un conductor de camión perdió la vida tras caer en un hueco en el puente sobre el río Samaná, en el municipio de San Luis, evidencia de manera trágica las consecuencias del descuido prolongado. No se trata de un hecho aislado, sino de una serie de eventos que responden a una misma causa: la inacción frente a una infraestructura colapsada. El abandono no solo afecta a los transportadores que diariamente recorren esta vía con mercancías vitales para el país, sino también a las comunidades locales, a los turistas y a todos aquellos que ven en esta autopista un eje fundamental para el desarrollo regional.
El término «autopista», en este contexto, resulta irónico. Lo que debería ser una vía moderna y segura, hoy es una carretera plagada de huecos, derrumbes, señalización deficiente y pasos en condiciones estructurales críticas. Mientras tanto, los conductores son quienes pagan las consecuencias, enfrentando el riesgo constante de accidentes que pueden costarles la vida.
Es necesario reseñar que a la devolución de este tramo por parte de DEVIMED, en el 2018 para proponer la rechazada «calzada bidireccional» por parte de la ANI y que llamaron Ruta del Agua, este tramo era transitable. Sin embargo, después de 20 años de uso permanente y el cobro de miles de millones de pesos en los peajes de Santuario y Puerto Triunfo, nunca fue cambiada en su totalidad la malla asfáltica, solo se le hacían parcheos para mantenerla transitable.
Existe un evidente desequilibrio entre el alto costo de los peajes que deben pagar los usuarios de la Autopista Medellín-Bogotá y el estado lamentable de la vía, especialmente en el tramo entre El Santuario y Puerto Triunfo. A pesar de los constantes cobros, que representan una carga económica significativa para transportadores y conductores particulares, el mantenimiento de la carretera es deficiente, lo que convierte cada trayecto en una experiencia peligrosa. Este contraste entre lo que se paga y lo que realmente se recibe en términos de seguridad vial y condiciones adecuadas de infraestructura es injustificable, y pone en entredicho la transparencia y eficacia del modelo de financiación y administración vial en Colombia.
El Gobierno Nacional tiene una enorme responsabilidad en la cadena de accidentes que ocurren a diario en la Autopista Medellín-Bogotá, producto del abandono y la falta de inversiones efectivas en su mantenimiento. La omisión prolongada en garantizar una infraestructura segura ha tenido consecuencias fatales, afectando no solo la vida de los conductores, sino también el desarrollo económico de toda una región. Es urgente que se asuma esta responsabilidad con seriedad y se dé paso a la construcción de una vía bajo el modelo 5G, que responda a las necesidades reales del país en términos de conectividad, competitividad y seguridad. Una autopista moderna, eficiente y bien gestionada no es un lujo, sino una necesidad fundamental para el progreso y la protección de miles de colombianos que dependen de ella cada día.
El Gobierno Nacional debe aprovechar la finalización de la concesión con DEVIMED, prevista para el próximo año, como una oportunidad histórica para corregir el rumbo en la gestión vial de la región. Esta concesión, que ha perdido toda legitimidad y respaldo social entre las comunidades afectadas, ha demostrado ser insuficiente frente a las necesidades del territorio. Es el momento de permitir la entrada de nuevos operadores, con una visión más responsable y comprometida socialmente, que asuman de manera integral la administración, mantenimiento y modernización de las vías. La región necesita aliados estratégicos, no simples concesionarios, que comprendan el impacto económico, humano y ambiental de una infraestructura digna y segura para todos.
Este problema exige una acción urgente por parte del Estado. La recuperación de esta vía no puede seguir postergándose con promesas vacías o mantenimientos superficiales. Es indispensable una inversión estructural, sostenida y planificada, que responda al valor estratégico de esta autopista y a la dignidad de quienes la utilizan. El silencio institucional, en este caso, también mata.
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