La reciente postura de la Diócesis de Sonsón-Rionegro frente a los procesos de transformación territorial en el Oriente Antioqueño ha generado un profundo malestar entre sectores organizados de la sociedad civil, movimientos sociales, ambientalistas y comunidades históricamente excluidas. El comunicado emitido —respaldado rápidamente por instancias del poder regional como la Gobernación y replicado por las bodegas de comunicación prepago— revela no solo una preocupante desconexión entre la jerarquía eclesiástica y los pueblos que habita, sino también una omisión grave en reconocer y respetar las luchas históricas por el territorio que han librado las comunidades locales.
Lejos de posicionarse como mediadora ética en medio de los conflictos de intereses que cruzan el debate sobre el Área Metropolitana del Oriente (AMO), la Diócesis parece haber optado por alinearse, conscientemente, con un modelo de crecimiento, no de desarrollo, que reduce a las comunidades a meros objetos. Este modelo, centrado en la expansión urbana, la mercantilización de la tierra y la concentración de poder, amenaza no solo la autonomía territorial de los municipios y sus poblaciones, sino también el frágil equilibrio ecológico que sostiene la región.
La historia del Oriente Antioqueño está marcada por el despojo, la violencia sociopolítica, el desplazamiento forzado y la resistencia comunitaria. Estas comunidades han aprendido, a fuerza de dolor y organización, a defender la vida, el agua, el territorio y sus formas propias de gobernanza. Que ahora se les niegue el derecho a ser sujetos activos del diseño de su futuro —a través de la exclusión de la concertación de proyectos estructurales como el AMO— no solo perpetúa prácticas coloniales, sino que revela un desprecio por la participación ciudadana real y transformadora.
La Diócesis, con su historia de presencia en la región, podría haber jugado un papel distinto. Podría haber escuchado el clamor de los campesinos, las mujeres organizadas, los jóvenes y los defensores del territorio. Podría haberse mantenido fiel al mensaje evangélico de justicia, equidad y opción preferencial por los pobres. Sin embargo, al avalar sin matices un modelo impuesto desde arriba, sin legitimidad participativa, refuerza una lógica de poder que cosifica a los ciudadanos y niega su capacidad de incidencia.
Es necesario reconocer, no obstante, que esta posición institucional no refleja necesariamente la voz de todos los sacerdotes ni de las bases eclesiales. Muchas parroquias, comunidades religiosas y agentes pastorales han estado —y siguen estando— al lado de las luchas populares, defendiendo el agua, la tierra y los derechos humanos. Ellos y ellas caminan junto a los pueblos, no encima de ellos. Esa Iglesia del pueblo, cercana, solidaria y profética, también merece ser visibilizada, especialmente en tiempos donde la voz oficial parece responder más a intereses económicos y políticos que al Evangelio.
El proyecto del Área Metropolitana del Oriente (AMO) no es neutral. Se trata de una apuesta que concentra poder administrativo y político, que facilita procesos de urbanización acelerada y que pone en jaque la gobernanza del agua, el equilibrio ambiental y la soberanía territorial. La ciudadanía no puede ser llamada únicamente para legitimar estas decisiones en las urnas. Es urgente y éticamente necesario construir mecanismos de participación profunda, democrática, informada y vinculante, donde las comunidades sean protagonistas de su historia, no víctimas de intereses mezquinos de urbanizadores, tecnócratas y políticos.
El papel de la Iglesia en el territorio es fundamental. Pero ese papel debe ser coherente con los principios de justicia social, defensa de la vida y dignidad humana. Cuando se pone al servicio del poder, pierde su voz profética. Cuando se silencia frente al despojo, se convierte en cómplice. Y cuando desconoce las luchas de los pueblos, traiciona su misión evangélica.
La historia juzgará estas decisiones. Pero aún hay tiempo para rectificar, para escuchar, para acompañar y para caminar junto a los más vulnerables. La esperanza está viva mientras existan comunidades organizadas que, desde la raíz, construyan otro modelo de desarrollo: uno que ponga en el centro la vida y NO la ganancia, la comunidad y NO el capital.
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