Votaré por Iván Cepeda Castro porque considero urgente darle continuidad a las transformaciones sociales que buscan reducir la enorme brecha de desigualdad que históricamente ha marcado a Colombia. Durante décadas, el país ha sido señalado como una de las naciones más desiguales de América Latina y del mundo. El coeficiente de Gini, indicador utilizado para medir la desigualdad económica, ha permanecido durante años por encima de 0,50, una cifra alarmante que evidencia la profunda concentración de la riqueza y la falta de oportunidades para millones de colombianos. Según datos del DANE, en 2024 Colombia registró un índice de Gini de 0,551, apenas una leve reducción frente al 0,553 de 2023, lo que demuestra que la desigualdad sigue siendo uno de los problemas estructurales más graves del país.
Frente a esta realidad, el actual gobierno ha intentado impulsar políticas públicas orientadas a cerrar esas brechas históricas. Es evidente que ha cometido errores administrativos, políticos y comunicativos, como cualquier gobierno en una democracia. Sin embargo, también es necesario reconocer que se han producido avances importantes, especialmente en sectores históricamente olvidados por el Estado. Por primera vez en muchos años, regiones apartadas han comenzado a recibir mayores inversiones en infraestructura social, educación, salud y programas de transferencias económicas destinadas a combatir la pobreza.
Las cifras muestran algunos resultados positivos. De acuerdo con datos oficiales, más de 1,2 millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria en 2024, mientras la pobreza extrema también registró una disminución significativa. Asimismo, el índice de desigualdad presentó una reducción, aunque moderada, en las zonas rurales y en las principales ciudades del país. Estas cifras no significan que el problema esté resuelto, pero sí indican que existen esfuerzos encaminados a construir un modelo más incluyente.
Una demostración significativa de los aciertos de este gobierno ha sido la política de acceso y redistribución de tierras. Según cifras oficiales de la Agencia Nacional de Tierras, se han gestionado más de 3 millones de hectáreas para avanzar en la Reforma Agraria y destinarlas a campesinos, comunidades rurales y víctimas del conflicto armado. Este hecho representa uno de los intentos más ambiciosos en décadas por enfrentar la histórica concentración de la tierra en Colombia, donde cerca del 1 % de los propietarios controla gran parte del territorio productivo. La entrega de tierras no solo busca justicia histórica para el campesinado, sino también fortalecer la producción agrícola, garantizar seguridad alimentaria y reducir las condiciones de pobreza rural que alimentaron durante años el conflicto social y armado.
Otro aspecto importante ha sido el cambio de enfoque frente al incremento salarial en Colombia. Durante muchos años, el aumento del salario mínimo estuvo limitado por criterios exclusivamente técnicos y de control inflacionario, sin considerar plenamente las necesidades reales de las familias trabajadoras. El actual gobierno ha impulsado el concepto de “salario vital”, entendido como un ingreso que permita condiciones de vida más dignas y mayor capacidad adquisitiva para los trabajadores. Gracias a esta política, el salario mínimo ha tenido incrementos reales superiores a los de años anteriores, fortaleciendo el consumo interno y dinamizando sectores clave de la economía nacional.
El aumento del poder adquisitivo de millones de trabajadores ha generado una mayor circulación de dinero en los mercados locales, beneficiando especialmente al comercio, los pequeños negocios y las economías populares. Diversos análisis económicos han señalado que el fortalecimiento de la demanda interna ha contribuido al crecimiento de actividades comerciales y de servicios en distintas regiones del país. Aunque persisten retos importantes en materia de inflación y empleo formal, resulta innegable que mejorar los ingresos de los sectores populares también impulsa el crecimiento económico y reduce parcialmente las brechas sociales.
La Colombia profunda —esa que durante siglos vivió abandonada entre el conflicto armado, la ausencia institucional y la pobreza— empieza lentamente a ser visible en la agenda pública nacional. Municipios rurales, comunidades campesinas, pueblos indígenas y sectores populares que antes no tenían voz hoy hacen parte de la discusión política nacional. Esa transformación no puede detenerse abruptamente, porque los cambios sociales profundos requieren continuidad, estabilidad y voluntad política.
Por eso considero que figuras políticas como Iván Cepeda Castro representan la posibilidad de consolidar un proyecto que priorice la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más equitativa. Su trayectoria política ha estado ligada a la defensa de las víctimas del conflicto, la búsqueda de la verdad y la lucha contra la exclusión social. En un país donde la concentración de la tierra y de la riqueza sigue siendo extrema, resulta indispensable fortalecer propuestas que promuevan la redistribución de oportunidades y una presencia real del Estado en los territorios más olvidados.
No se trata de negar los problemas del gobierno actual ni de idealizar sus resultados. Se trata de comprender que Colombia enfrenta desafíos históricos enormes y que retroceder hacia modelos políticos que durante décadas mantuvieron intacta la desigualdad podría profundizar aún más la fractura social. La reducción de la pobreza, el acceso a derechos básicos y la dignificación de millones de ciudadanos deben convertirse en políticas de Estado y no en esfuerzos temporales sujetos al vaivén electoral.
La democracia también implica reconocer avances cuando existen y exigir correcciones cuando son necesarias. Pero, sobre todo, implica decidir qué tipo de país queremos construir: uno donde las oportunidades sigan concentradas en unos pocos, o uno donde las mayorías históricamente excluidas finalmente tengan un lugar digno dentro de la nación.
Es cierto que falta mucho para cerrar una brecha construida por más de dos siglos de ignominia, pero corrigiendo los errores y profundizando los cambios, este país puede lograr mejores condiciones de vida para todos sus habitantes y no solo para los privilegiados
Artículos del autor
