El accidente ocurrido este lunes en el sector del Alto del Chocho, en la vía que comunica a Marinilla con El Peñol, no debería ser leído únicamente como otro siniestro vial más de los tantos que ocurren en las carreteras del Oriente Antioqueño. Tres motocicletas y un vehículo particular estuvieron involucrados y, de acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, seis personas resultaron heridas, dos de ellas con lesiones considerables.
Más allá de establecer las responsabilidades individuales —algo que corresponde a las autoridades y a la investigación del accidente—, lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que no puede seguir aplazándose: ¿está el corredor Marinilla–El Peñol preparado para soportar el volumen, la diversidad y las condiciones del tráfico que actualmente recibe?
La pregunta es mucho más importante de lo que parece.
Esta no es una carretera secundaria perdida en algún rincón del departamento. Es uno de los corredores fundamentales para la movilidad del Oriente Antioqueño y, particularmente, para el acceso a la zona de embalses. Es una vía utilizada permanentemente por habitantes de los municipios, trabajadores, transporte público, vehículos de carga, motociclistas y, de manera muy significativa, por miles de visitantes que cada fin de semana se desplazan hacia El Peñol, Guatapé y otros destinos turísticos de la región.
27 mil vehículos, según varias versiones, transitan esa via en un puente festivo.
Por eso resulta insuficiente que, después de cada accidente, la respuesta se limite a pedirles a los conductores que tengan precaución.
Claro que la responsabilidad individual existe. Claro que conducir a velocidades inadecuadas, adelantar indebidamente, invadir carriles o desconocer las normas puede convertir cualquier carretera en un escenario de tragedia. Pero una política seria de seguridad vial no puede descansar exclusivamente sobre el comportamiento del conductor.
También debe preguntarse por la carretera.
Y el Alto del Chocho es precisamente uno de esos lugares donde esa discusión resulta inevitable.
No se trata de afirmar, sin una investigación técnica, que el accidente del lunes fue causado por el estado de la vía. Sería irresponsable hacerlo. Lo que sí resulta legítimo es aprovechar este nuevo siniestro para revisar integralmente las condiciones de seguridad de un corredor que soporta una presión vehicular creciente y que tiene características geográficas que hacen particularmente delicada la conducción.
183 curvas, según estudios de ese corredor, existen entre Marinilla y el Peñol.
La propia historia reciente de la vía demuestra que no estamos ante un asunto nuevo. En 2023, por ejemplo, la Gobernación de Antioquia informó sobre trabajos realizados en el corredor Marinilla–El Peñol después de una socavación y pérdida de banca provocadas por las crecientes de la quebrada El Chocho.
Es decir, la infraestructura también tiene una historia de vulnerabilidades que requiere seguimiento permanente.
Y aquí aparece otro problema: muchas veces esperamos a que ocurra el accidente para comenzar a hablar de la carretera.
Primero ocurre el choque. Después aparecen las fotografías. Luego los videos. Más tarde las autoridades recomiendan prudencia. Durante algunos días se habla del punto crítico. Y finalmente el asunto desaparece de la conversación pública hasta que vuelve a ocurrir otro accidente.
Ese ciclo debe romperse.
Una carretera estratégica para el turismo, la economía y la conectividad regional no puede administrarse desde la lógica de la emergencia. Necesita una política permanente de prevención.
Eso implica revisar, entre otros aspectos, la señalización, demarcación, iluminación donde técnicamente corresponda, condiciones del pavimento, sistemas de drenaje, estabilidad de taludes, visibilidad en curvas, zonas de adelantamiento, velocidad efectiva de operación y comportamiento de los distintos actores viales. También implica determinar si algunos sectores requieren intervenciones de ingeniería que permitan reducir los puntos de conflicto entre vehículos particulares, motocicletas, transporte público y otros usuarios.
Porque hay una realidad que ya nadie puede desconocer: la movilidad del Oriente Antioqueño cambió radicalmente.
Ese corredor vial, construido hace más de 80 años, quedo hace más de una década obsoleto frente a la movilidad de la zona de Embalses.
La región dejó de ser aquella zona rural de tránsito relativamente moderado que conocimos décadas atrás. El crecimiento urbano, el turismo, la expansión inmobiliaria y el aumento de la movilidad han transformado completamente las condiciones de sus carreteras.
Pero buena parte de la infraestructura continúa respondiendo a una realidad anterior.
Ahí está una de las grandes contradicciones del desarrollo regional: queremos atraer cada vez más visitantes, promover el turismo, estimular la economía y convertir al Oriente en uno de los grandes destinos del país, pero no siempre estamos construyendo la infraestructura necesaria para soportar esa transformación.
El corredor Marinilla–El Peñol–Guatapé es quizás uno de los ejemplos más evidentes.
No podemos querer millones de visitantes y pensar que las carreteras pueden seguir funcionando indefinidamente bajo las mismas condiciones de hace veinte o treinta años.
Y tampoco podemos reducir el problema a construir más kilómetros de pavimento. La discusión debe ser mucho más sofisticada: ¿qué tipo de movilidad queremos para esta región y qué infraestructura necesitamos para hacerla segura?
La respuesta tampoco puede venir exclusivamente desde los municipios. Un corredor de esta importancia exige coordinación entre las administraciones locales, la Gobernación de Antioquia e, incluso el gobierno nacional.
Hace falta información.
Hace falta un mapa público de los puntos críticos.
Hace falta identificar dónde se concentra la accidentalidad y por qué.
Hace falta saber cuáles son las intervenciones prioritarias y cuánto cuestan.
Y, sobre todo, hace falta que la prevención deje de ser una reacción posterior a la tragedia.
El accidente del Alto del Chocho deja personas heridas. Pero también deja una oportunidad para mirar mucho más lejos que el lugar exacto donde ocurrió el choque.
Porque una carretera segura no es simplemente aquella que permanece abierta.
Una carretera segura es aquella que está diseñada, mantenida y gestionada de acuerdo con las condiciones reales de movilidad de quienes la utilizan.
Y las condiciones reales de movilidad del Oriente Antioqueño ya cambiaron.
El turismo creció. La población creció. El parque automotor creció. Las motocicletas aumentaron. Los desplazamientos entre municipios se multiplicaron. Los fines de semana y puentes festivos someten determinados corredores a una presión extraordinaria.
No podemos seguir administrando esa nueva realidad con respuestas del pasado.
El Alto del Chocho vuelve a poner el tema sobre la mesa. Ojalá esta vez no tengamos que esperar otro accidente para volver a hablar de él.
Porque cada accidente que deja heridos, cada vida que se pierde y cada familia que recibe una llamada inesperada debería recordarnos algo elemental: la seguridad vial no es un asunto accesorio de la infraestructura. Es una obligación pública y una condición básica para el desarrollo.
La vía Marinilla–El Peñol necesita una mirada integral, técnica y de largo plazo.
Y existe una solución definitiva a esa problemática, ofrecida en los discursos de campaña de, por lo menos, los últimos cinco gobernadores, pero relegada cuando llegan al poder y es un nuevo corredor vial por la margen del Rio Negro.
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