Lo ocurrido en las últimas horas en la vía que comunica a La Unión con Sonsón, cerca del corregimiento de Mesopotamia, no puede ser leído como un hecho aislado ni reducido al incendio de un vehículo de servicio público. La aparición de hombres armados que interceptaron y posteriormente quemaron un bus vuelve a poner sobre la mesa una palabra que las comunidades del Oriente antioqueño conocen demasiado bien: miedo.
El hecho genera preocupación entre los habitantes de la zona y en las autoridades regionales porque ocurre en un territorio que durante décadas ha tenido que convivir con distintas expresiones de violencia armada. Y, sobre todo, porque la presencia de hombres armados en una carretera pública, con capacidad para detener un vehículo de pasajeros y prenderle fuego, constituye una señal que no debería ser minimizada.
La preocupación adquiere una dimensión mayor cuando se recuerda la historia de esta región.
Hace varias décadas, buena parte de las montañas del Oriente antioqueño estuvo marcada por la presencia del ELN y de las FARC. Fueron años de retenes, secuestros, extorsiones, desplazamientos, enfrentamientos y control territorial. Comunidades enteras aprendieron a vivir bajo la presión de actores armados que, en determinados momentos, llegaron a ejercer una autoridad paralela sobre amplias zonas rurales.
Pero aquella realidad comenzó a desaparecer hace más de veinte años.
El ELN y las FARC dejaron de tener la presencia territorial que durante años habían mantenido en el Oriente antioqueño. La transformación no ocurrió solamente en los alrededores de Mesopotamia, La Unión o Sonsón. Fue un proceso mucho más amplio que permitió que buena parte del territorio recuperara condiciones de seguridad y, con ellas, posibilidades de desarrollo, movilidad, turismo, inversión y vida comunitaria.
Por eso lo sucedido ahora resulta particularmente inquietante.
No porque signifique, necesariamente, que la región esté regresando al escenario de hace tres décadas. Sería irresponsable hacer una afirmación de semejante magnitud a partir de un solo hecho. Pero tampoco sería sensato ignorar las señales que empiezan a aparecer.
En esa zona existe desde hace algunos años una disputa territorial atribuida al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia —EGC— y al grupo conocido como “Los Mesa” que ha cobrado la vida de muchos jóvenes de Sonsón y de La Unión. Esa confrontación introduce una dinámica diferente a la de las antiguas guerrillas, pero con una característica que resulta igualmente preocupante: la disputa por el control de un territorio termina afectando directamente a la población civil.
Y cuando un grupo armado puede detener un bus en una carretera, obligar a sus ocupantes a abandonar el vehículo y luego incendiarlo, el problema deja de ser exclusivamente de quienes se disputan el territorio. Se convierte en un problema de todos.
Porque una carretera no es solamente una vía de comunicación.
Es el camino de quien va a trabajar, del campesino que lleva sus productos al mercado, del estudiante que se desplaza entre municipios, del comerciante, del turista, del trabajador del transporte público y de las familias que necesitan comunicarse con otros territorios. Atacar un vehículo de servicio público es, de alguna manera, atacar la tranquilidad cotidiana de una comunidad.
Y allí está quizá el mayor riesgo.
La violencia no siempre comienza con grandes enfrentamientos. Algunas veces empieza con hechos aparentemente puntuales que modifican lentamente la percepción de seguridad. Un bus que deja de circular después de determinada hora. Una familia que decide no viajar. Un comerciante que evita transitar por una carretera. Un campesino que vuelve a sentir temor frente a la presencia de desconocidos armados. Una comunidad que comienza a preguntarse quién controla realmente su territorio.
Ese es el terreno en el que el miedo puede volver a instalarse.
El Oriente antioqueño ha pagado demasiado caro el costo de la violencia como para permitir que una nueva generación vuelva a acostumbrarse a ella.
Por eso la respuesta de las autoridades no puede limitarse a reaccionar después de cada hecho ofreciendo recompensas y dando declaraciones de unidad institucional. Es necesario establecer qué está ocurriendo en esa zona, quiénes son los actores que están disputando el territorio, cuáles son sus capacidades, qué rutas utilizan y, sobre todo, qué condiciones están permitiendo que grupos armados tengan la posibilidad de ejercer presión sobre comunidades y corredores estratégicos. ¿Qué pasa con la inteligencia militar y policial?
La seguridad tampoco puede entenderse exclusivamente desde la perspectiva militar o policial. El Estado necesita presencia integral. Instituciones que funcionen, justicia que llegue, inversión social, oportunidades para los jóvenes y acompañamiento permanente a las comunidades rurales.
Pero hay algo que debe quedar claro: la presencia institucional no puede llegar solamente después de que aparece la violencia.
Si algo enseñó la historia reciente del Oriente antioqueño, y que lo seguimos repitiendo, es que los vacíos de autoridad, institucionalidad y liderazgo territorial terminan siendo aprovechados por quienes pretenden imponer su propia ley.
La región no puede volver a mirar hacia otro lado.
Lo ocurrido en la vía entre La Unión y Sonsón debe investigarse con rigor y debe servir para anticiparse a escenarios más graves. No se trata de sembrar pánico ni de declarar que el Oriente está regresando al pasado. Se trata precisamente de impedir que eso ocurra.
Durante años, las comunidades de esta región construyeron con enorme esfuerzo una nueva realidad después de haber padecido la presencia de las FARC y del ELN y padecer hoy la presencia y las disputas del autodenominado EGC y los «Mesa». Recuperaron carreteras, escuelas, fincas, proyectos productivos y, quizá lo más importante, recuperaron la posibilidad de vivir sin mirar permanentemente hacia la montaña preguntándose quién estaba allí.
Ese derecho no puede perderse nuevamente.
El incendio de un bus puede apagarse en cuestión de minutos. El incendio del miedo, en cambio, puede tardar años en extinguirse.
Por eso las autoridades tienen hoy una responsabilidad que va mucho más allá de ofrecer una recompensa y esclarecer un ataque. Tienen que demostrarle a las comunidades de Mesopotamia, La Unión, Sonsón y a todo el Oriente antioqueño que el territorio sigue estando bajo la autoridad del Estado y que ningún grupo armado podrá decidir quién transita por sus carreteras, quién trabaja en ellas o cómo deben vivir sus habitantes.
El Oriente ya conoció demasiado bien esa historia.
Y precisamente por conocerla, no debería permitir que vuelva a comenzar.
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