Otra vez el Oriente Antioqueño aparece en una noticia que debería estremecer mucho más que las redes sociales durante unas horas. En San Antonio de Pereira, Rionegro, fue capturado Hermes Julián García Pérez, alias “Hermes”, requerido por la justicia de Luxemburgo por delitos relacionados con narcotráfico.
No estaba escondido en una selva, ni en una guarida clandestina, ni huyendo de las autoridades. Estaba caminando tranquilamente con su perro.
Según la información entregada por las autoridades, Hermes habría estado vinculado a una organización dedicada al envío de cerca de dos toneladas de cocaína mensuales hacia Europa, con salida por Cartagena y destino en Amberes, Bélgica. También se investiga su presunta relación con el denominado Cartel de los Balcanes y el uso de una empresa de confecciones como fachada para el lavado de activos.
La captura fue posible gracias a un trabajo de inteligencia y cooperación entre la Policía, Europol y Ameripol.
Y aquí está precisamente la pregunta que no podemos dejar pasar.
¿Cómo es posible que una persona requerida internacionalmente por narcotráfico pueda vivir durante años con semejante tranquilidad en el Oriente Antioqueño?
Porque este caso no debería mirarse únicamente como el éxito de una operación policial. También debería mirarse como el fracaso de todos los mecanismos que permitieron que un presunto actor de semejante dimensión criminal pudiera instalarse, moverse, relacionarse y desarrollar aparentemente una vida normal en nuestro territorio.
El problema no es que haya sido capturado. El problema es cuánto tiempo estuvo aquí.
Ese es el verdadero interrogante.
Porque capturar a un delincuente internacional es una buena noticia. Pero mucho más importante sería entender cómo llegó, cómo se estableció, cómo construyó su fachada empresarial, cómo hizo sus negocios, con quién se relacionó y quién debía haber advertido su presencia.
El Oriente Antioqueño lleva años convirtiéndose en un territorio extraordinariamente atractivo para capitales, empresarios, inversionistas, extranjeros y nuevos residentes.
Pero también —y esto lo hemos advertido durante años— para estructuras criminales que necesitan exactamente lo mismo: un territorio próspero, conectado, con grandes movimientos económicos, crecimiento inmobiliario, múltiples negocios, movilidad permanente y una enorme capacidad para mimetizar dinero y personas dentro de la normalidad.
El delincuente transnacional moderno ya no necesariamente llega con escoltas, camionetas blindadas y hombres armados.
A veces llega con una empresa.
Con una finca.
Con inversiones.
Con propiedades.
Con relaciones sociales.
Con una vida aparentemente respetable.
El criminal del siglo XXI puede vestirse de empresario, hablar como empresario y comportarse públicamente como empresario.
Y esa es precisamente la dificultad.
El Oriente no puede convertirse en el lugar donde nadie pregunta
El desarrollo económico de la región no puede convertirse en una especie de cortina que impida mirar qué hay detrás de determinadas fortunas y de empresas inmobiliarias construyendo a diestra y siniestra con cientos de millones por debajo de la mesa.
Durante los últimos años hemos conocido diferentes operaciones contra estructuras criminales y personas vinculadas al narcotráfico que tenían presencia, propiedades, negocios o conexiones en el Oriente Antioqueño.
Eso debería obligarnos a cambiar la pregunta.
Ya no basta con preguntar:
¿Cuántos delincuentes hemos capturado?
Tenemos que comenzar a preguntar:
¿Por qué lograron instalarse aquí?
Porque una cosa es que un delincuente pase clandestinamente por una región y otra muy distinta es que pueda establecerse en ella, adquirir bienes, crear empresas, relacionarse socialmente y vivir públicamente durante un periodo prolongado sin levantar las alarmas suficientes.
Ahí aparece una zona gris que resulta profundamente preocupante.
¿Complicidades o incapacidad institucional?
Hay que ser absolutamente responsables en este punto.
No se puede acusar sin pruebas a funcionarios, alcaldes, policías, empresarios o instituciones de ser cómplices de una organización criminal. Eso sería irresponsable y jurídicamente delicado.
Pero precisamente porque no podemos acusar sin pruebas, sí podemos exigir que se investigue.
Porque cuando un delincuente internacional consigue vivir durante años con aparente normalidad en un territorio, existen solamente algunas posibilidades: las instituciones no sabían quién era; no tenían información suficiente; no cruzaron adecuadamente la información disponible; fueron incapaces de detectar las señales; o, en el escenario más grave, alguien pudo haber facilitado deliberadamente esa permanencia.
No sabemos cuál de esas hipótesis corresponde a este caso.
Pero alguien debería averiguarlo.
Y esa investigación no puede terminar con la captura de Hermes.
Debería comenzar allí.
¿Quién le vendió? ¿Quién le arrendó? ¿Quién hizo negocios con él?
Esta pregunta puede parecer incómoda, pero es indispensable.
¿Cómo ingresó al circuito económico?
¿Dónde vivía?
¿Qué propiedades tenía?
¿Qué sociedades manejaba?
¿Quiénes aparecían como socios?
¿Quiénes fueron sus abogados, contadores, intermediarios o asesores?
¿Qué movimientos financieros realizó?
¿Con quién hizo negocios?
¿Quiénes fueron sus relaciones empresariales?
¿Hubo operaciones inmobiliarias?
¿Hubo inversiones?
¿Hubo movimientos de dinero que pudieron haber generado alertas?
Y, sobre todo:
¿qué información tenían las autoridades colombianas antes de que Europol y la justicia de Luxemburgo llegaran a tocar nuestra puerta?
La respuesta a estas preguntas es mucho más importante para el futuro del Oriente Antioqueño que cualquier comunicado triunfalista sobre la captura.
Porque el narcotráfico ya no necesita controlar el territorio con fusiles
Ese es otro asunto que debemos entender.
Las nuevas organizaciones criminales transnacionales no necesariamente necesitan ocupar físicamente un territorio.
Necesitan controlar circuitos.
Controlar rutas.
Controlar negocios.
Controlar puertos.
Controlar dinero.
Controlar información.
Y encontrar lugares donde puedan vivir tranquilos.
El Oriente Antioqueño tiene condiciones extraordinariamente atractivas para ese propósito: cercanía con Medellín, aeropuerto internacional, infraestructura vial, enorme dinámica inmobiliaria muy cuestionada, crecimiento empresarial, turismo, comercio y una población que se ha multiplicado en determinados municipios.
Todo aquello que hace atractivo al territorio para la gente honrada también puede hacerlo atractivo para el crimen organizado.
El problema no es que el Oriente prospere. El problema es que su prosperidad pueda ser utilizada para esconder el dinero y las identidades de quienes viven del crimen.
El caso Hermes debería producir una conversación regional
No solamente un titular.
No solamente una fotografía del capturado.
No solamente la celebración de una operación policial.
Debería producir una conversación entre alcaldes, Policía, Fiscalía, autoridades migratorias, organismos de inteligencia, cámaras de comercio, notarías, autoridades tributarias y entidades de control.
Porque la seguridad del futuro no se construye únicamente con policías en las calles.
También se construye siguiendo el dinero.
Siguiendo las empresas.
Siguiendo las propiedades.
Siguiendo las sociedades.
Siguiendo las inversiones.
Siguiendo las redes de relaciones.
Y siguiendo, especialmente, las fortunas que aparecen de repente en territorios donde nadie sabe exactamente de dónde vienen.
El Oriente Antioqueño no puede darse el lujo de convertirse en un paraíso para quienes buscan tranquilidad después de haber construido fortunas en el mundo criminal.
No puede convertirse en el lugar donde los grandes narcotraficantes descubren que pueden vivir como respetables ciudadanos mientras sus negocios ilícitos operan a miles de kilómetros.
Y tampoco puede permitir que la respuesta institucional llegue únicamente cuando un organismo extranjero identifica al objetivo y solicita su captura.
La pregunta queda abierta
Hermes cayó.
Eso es una buena noticia.
Pero su captura deja una pregunta mucho más grande que su propio nombre:
¿Cuántos “Hermes” más están viviendo hoy en el Oriente Antioqueño bajo una identidad social respetable?
¿Cuántos tienen empresas?
¿Cuántos tienen propiedades?
¿Cuántos aparecen en fotografías de eventos?
¿Cuántos hacen negocios?
¿Cuántos son considerados “excelentes empresarios” porque nadie se ha tomado el trabajo de mirar detrás de sus fortunas?
Y, sobre todo:
¿Qué tan preparada está nuestra institucionalidad para detectarlos antes de que tengan que venir las autoridades de Luxemburgo, Europa o Estados Unidos a decirnos quiénes son?
Esa es la discusión que debemos dar.
Porque el verdadero problema no es que un narcotraficante internacional haya sido encontrado paseando un perro en San Antonio de Pereira.
El verdadero problema es que, aparentemente, durante mucho tiempo pudo pasear tranquilamente por nuestro territorio sin que nadie le preguntara quién era.
Y esa tranquilidad, más que la captura misma, debería preocuparnos profundamente.
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