Nuevamente, la Registraduría Nacional del Estado Civil pone al Oriente Antioqueño frente a una decisión que no debería reducirse a un trámite administrativo ni a una discusión entre políticos. La expedición de una nueva resolución para convocar la Consulta Popular sobre el Área Metropolitana del Oriente Antioqueño —cuestionada por amplios sectores de la región por sus antecedentes jurídicos y políticos y, por pretender transformar la historia y las costumbres de todo el territorio— vuelve a poner sobre la mesa una pregunta mucho más profunda: ¿quién tiene derecho a decidir el futuro de un territorio?
Porque aquí no solamente se está discutiendo una figura administrativa.
Se está discutiendo qué Oriente Antioqueño queremos.
Uno pensado desde sus montañas, sus veredas, sus municipios, sus comunidades, sus fuentes de agua, sus tradiciones, sus formas de habitar y su historia; o uno diseñado desde los intereses de quienes ven en estas tierras una enorme reserva de suelo urbanizable, una oportunidad extraordinaria para el negocio inmobiliario y un territorio disponible para ser transformado en cifras, proyectos, vías, edificios y cemento.
La diferencia no es menor.
Y quizás por eso esta discusión ha sido tan persistente durante las últimas tres décadas.
Los promotores del AMO pueden cambiar de discurso, modificar argumentos, buscar nuevos caminos jurídicos o intentar nuevamente llevar la propuesta a las urnas. Pero hay algo que no pueden modificar mediante una resolución: la memoria de un territorio que durante años ha expresado sus reservas, sus temores y su rechazo frente a un modelo de integración que siente que no responde a sus propias necesidades.
El Oriente no comenzó a existir con el AMO.
Mucho menos comenzó a pensarse regionalmente a partir de esta propuesta.
La región tiene una historia anterior a sus actuales dirigentes, anterior a los planes inmobiliarios y anterior a las ambiciones de quienes pretenden administrar desde un centro las decisiones de municipios que tienen identidad, autonomía, memoria y una manera particular de entender su futuro.
Por eso resulta profundamente preocupante que nuevamente se intente presentar como inevitable una decisión que debería ser, ante todo, legítima, transparente, suficientemente discutida y profundamente democrática.
Una consulta popular no puede convertirse en el mecanismo para revestir de legitimidad una decisión previamente tomada por las élites políticas y económicas.
La democracia no consiste solamente en poner una pregunta en un tarjetón.
La democracia consiste en garantizar que la ciudadanía conozca exactamente qué está votando, qué consecuencias tendrá su decisión, quién ganará poder con ella, quién asumirá los costos y qué modelo de territorio quedará comprometido durante las próximas décadas.
Y allí está una de las grandes preocupaciones que esta discusión plantea.
Porque detrás de las palabras institucionales, de los discursos sobre competitividad, planificación y desarrollo, existe una realidad que no puede ocultarse: la transformación acelerada del suelo del Altiplano del Oriente Antioqueño.
Se habla de ampliar la malla urbanizable hasta ochenta kilómetros.
Se proyecta un territorio capaz de recibir hasta dos millones y medio de habitantes.
Se habla de integración, de infraestructura, de competitividad.
Pero habría que preguntar también:
¿dos millones y medio de habitantes para qué territorio?
¿Dónde estará el agua?
¿Dónde estarán los alimentos?
¿Dónde estarán los campesinos?
¿Dónde quedarán las montañas que todavía respiramos?
¿Qué pasará con las fuentes hídricas?
¿Qué sucederá con las vías que ya hoy no soportan las dinámicas existentes?
¿Quién pagará las nuevas infraestructuras?
¿Quién decidirá dónde se puede construir?
¿Quién definirá el crecimiento?
Y, quizás la pregunta más importante:
¿quién se quedará con las enormes ganancias que producirá la transformación del suelo rural en suelo urbanizable?
Porque cuando un territorio cambia de vocación, alguien gana.
Y casi nunca son las comunidades las que capturan la mayor parte de esa riqueza.
Por eso resulta imposible mirar esta discusión únicamente desde la perspectiva de la administración pública. Hay intereses económicos enormes alrededor del suelo del Oriente Antioqueño. El crecimiento urbano no es solamente una consecuencia del desarrollo: también puede convertirse en un negocio extraordinario para quienes compran tierra anticipadamente, modifican sus usos y participan posteriormente en los procesos de urbanización.
Y sería ingenuo desconocer esa realidad.
También sería ingenuo pensar que todos los actores que defienden el AMO lo hacen exactamente por las mismas razones.
Hay dirigentes políticos interesados en ampliar su capacidad de decisión y consolidar hegemonías. Hay administraciones que pueden encontrar en las estructuras metropolitanas nuevas posibilidades de recursos, contratación y poder. Hay actores económicos que encuentran en la expansión urbana una oportunidad de negocios.
Y hay ciudadanos que, legítimamente, pueden pensar que una figura metropolitana traerá soluciones.
Pero precisamente porque existen intereses tan diferentes, la discusión tiene que ser mucho más rigurosa.
No se puede pedirle a un campesino que entregue parte de la autonomía de su municipio a cambio de promesas de progreso.
No se puede pedirle a una comunidad que renuncie a su capacidad de decidir sobre su territorio sin explicarle claramente quién tendrá la última palabra.
Y mucho menos puede aceptarse que la voluntad municipal termine subordinada a un municipio núcleo con capacidad de veto sobre decisiones fundamentales.
Porque la autonomía territorial no es un capricho.
Es una expresión concreta de la democracia.
Cada municipio del Altiplano tiene su propia historia, sus propias comunidades, sus propias dinámicas económicas y sociales. Guarne no es Rionegro. La Ceja no es Marinilla. El Carmen de Viboral no es El Retiro. San Vicente no es El Santuario. Aunque todos hagan parte de una misma región, la identidad regional no significa uniformidad ni subordinación.
La verdadera integración debería permitir que los municipios se encuentren sin que uno tenga que desaparecer políticamente dentro de otro.
El Oriente necesita juntanza.
Pero no necesita que le confundan la juntanza con la subordinación.
Necesita cooperación, no imposición.
Necesita planificación regional, no centralización.
Necesita soluciones compartidas, no la pérdida progresiva de sus autonomías.
Y necesita, sobre todo, una visión de futuro que no reduzca el desarrollo a la cantidad de viviendas que puedan construirse.
Porque una región no es desarrollada simplemente porque tenga más edificios.
Una región es desarrollada cuando sus habitantes pueden vivir dignamente en ella.
Cuando el agua alcanza.
Cuando las vías funcionan.
Cuando el campo sigue produciendo.
Cuando los jóvenes encuentran oportunidades sin tener que abandonar sus municipios.
Cuando la vivienda no expulsa a quienes nacieron allí.
Cuando las montañas no se convierten en mercancía.
Cuando el crecimiento económico no destruye aquello que hace posible la vida.
Eso es el buen vivir.
Y ese concepto debería estar en el centro de cualquier discusión sobre el futuro del Oriente.
Por eso las próximas urnas pueden convertirse en algo mucho más importante que una votación sobre una figura administrativa.
Pueden convertirse en un momento histórico de afirmación territorial.
Si el próximo 29 de noviembre los ciudadanos deciden rechazar el AMO, no necesariamente estarán rechazando la integración regional, ni la cooperación entre municipios, ni la necesidad de planificar conjuntamente el futuro.
Podrían estar diciendo algo mucho más sencillo y mucho más poderoso:
“Este territorio también es nuestro.”
Podrían estar diciéndoles a sus alcaldes y alcaldesas que el poder no se entrega a cambio de beneficios coyunturales.
Que ningún recurso, ninguna obra, ningún acuerdo político y ninguna forma de “mermelada” puede comprar la dignidad de un municipio.
Que un alcalde no es propietario de la voluntad colectiva de quienes lo eligieron.
Que gobernar no significa disponer del territorio como si fuera un patrimonio personal.
Y podrían estar diciéndoles a los urbanizadores que el Oriente no es una hoja en blanco esperando ser convertida en proyectos inmobiliarios.
Aquí hay campesinos.
Aquí hay familias.
Aquí hay agua.
Aquí hay memoria.
Aquí hay montañas.
Aquí hay comunidades que llevan generaciones construyendo su propia manera de vivir.
Y sobre todo, aquí hay una historia que merece ser respetada.
Quizás por eso esta batalla ha sido tan larga.
Porque no se trata solamente de defender ocho municipios.
Se trata de defender una concepción del desarrollo.
La pregunta que tendremos que responder no es únicamente si queremos o no un Área Metropolitana.
La pregunta verdadera es:
¿qué queremos que sea el Oriente Antioqueño dentro de treinta años?
¿Una gigantesca extensión urbana conectada por corredores viales, rodeada de conjuntos residenciales, bodegas y centros comerciales?
¿Una especie de prolongación metropolitana del Valle de Aburrá?
¿O una región que pueda crecer sin dejar de ser región; que pueda modernizarse sin destruirse; que pueda recibir nuevos habitantes sin expulsar a los que ya están; que pueda generar riqueza sin entregar su territorio a quienes solamente ven en él una oportunidad financiera?
La respuesta no debería estar en los escritorios de quienes creen saber qué es mejor para todos.
Debe estar en la ciudadanía.
Y por eso, si las urnas hablan el próximo 29 de noviembre, habrá que escuchar lo que digan.
Porque una cosa es segura: un territorio puede ser administrado desde una oficina, pero nunca puede ser verdaderamente gobernado contra la voluntad de quienes lo habitan.
El Oriente Antioqueño no necesita que le vendan la idea de que para progresar debe dejar de ser lo que es.
Necesita dirigentes capaces de entender que el verdadero progreso consiste precisamente en proteger aquello que ninguna urbanización puede volver a construir una vez destruido.
El agua.
El paisaje.
La ruralidad.
La memoria.
La identidad.
La comunidad.
La autonomía.
La vida.
Quizás esta consulta termine siendo, finalmente, una oportunidad.
No para imponer un modelo que la región ha discutido y cuestionado durante treinta años, sino para que los ciudadanos puedan decir, con la fuerza de las urnas, qué clase de territorio quieren entregarles a sus hijos.
Y quizás entonces quede claro que el Oriente Antioqueño no está en venta.
Que sus montañas no son inventario.
Que sus municipios no son fichas de negociación política.
Que sus campesinos no son obstáculos para la expansión urbana.
Y que el desarrollo que destruye las condiciones que hacen posible la vida no puede llamarse progreso.
Porque, al final, la historia también vota.
Por supuesto que antes de esa fecha la justicia jugará un papel fundamental para definir la ilegalidad y la ilegitimidad con que quieren imponernos el AMO.
Y el próximo 29 de noviembre, será la ciudadanía la que tenga la última palabra.
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