Hay momentos en los que una discusión política deja de ser simplemente una discusión política y se convierte en el espejo de una realidad que las comunidades llevan demasiado tiempo soportando. Eso ocurrió esta semana en la Asamblea de Antioquia, donde, por iniciativa del diputado Juan Esteban Villegas, se abrió un debate alrededor de una pregunta que ya no admite evasivas: ¿hasta cuándo tendrán que esperar los habitantes y visitantes de El Peñol, Guatapé y San Rafael para contar con una solución definitiva a la crisis de movilidad que padece este corredor?
La vía entre Marinilla, El Peñol, Guatapé y San Rafael dejó hace mucho tiempo de ser solamente una carretera deteriorada. Se convirtió en un problema regional de competitividad, seguridad, turismo, calidad de vida y dignidad. Es un corredor que sostiene buena parte de la dinámica económica de la Zona de Embalses y que, sin embargo, continúa funcionando sobre una infraestructura que evidentemente ya no corresponde a las necesidades actuales del territorio.
La discusión en la Asamblea permitió despejar, además, una confusión que era necesario aclarar. La nueva vía propuesta en prefactibilidad entre Santuario y Providencia es una iniciativa importante para Antioquia y puede tener enormes implicaciones para la conectividad departamental. Pero no es la respuesta inmediata al viacrucis que viven quienes hoy necesitan desplazarse desde Marinilla hacia El Peñol, Guatapé y San Rafael.
Son dos discusiones diferentes y no deberían confundirse.
Una cosa es pensar en las grandes conexiones futuras del departamento y otra, completamente distinta, resolver una emergencia de movilidad que ya está ocurriendo. La gente no puede vivir de prefactibilidades, estudios o anuncios mientras continúa enfrentándose a una carretera que en determinados momentos se convierte en un verdadero cuello de botella para residentes, transportadores, turistas, productores y empresarios.
Y quizás uno de los hechos más significativos de la sesión fue que el propio Gobierno Departamental, a través del Secretario de Infraestructura, planteara una posibilidad que puede abrir un nuevo escenario: entregar este corredor vial a los municipios para que, conjuntamente, busquen una solución.
La propuesta merece ser tomada con toda seriedad.
Porque si algo ha demostrado esta crisis es que ninguna administración municipal, por sí sola, tiene la capacidad financiera, técnica y política para resolverla. Marinilla, El Peñol, Guatapé y San Rafael comparten el problema y, por lo tanto, necesitan construir también una respuesta compartida.
La movilidad no entiende de fronteras municipales.
El turista que sale de Medellín no sabe dónde termina un municipio y comienza otro cuando queda atrapado en un trancón. El campesino que necesita sacar su producción tampoco. El transportador que recorre diariamente el corredor tampoco. Y una ambulancia que necesita llegar oportunamente a un centro asistencial mucho menos.
Por eso resulta difícil entender que precisamente en una discusión sobre una solución regional no hayan estado presentes los alcaldes de El Peñol y Guatapé. La ausencia institucional, en un momento como este, no ayuda a resolver una crisis que requiere precisamente de liderazgo, coordinación y presencia.
Sin embargo, hay una señal alentadora.
En las últimas horas, la alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, convocó a una reunión de los cuatro alcaldes y el gobernador de Antioquia para buscar salidas al problema. Ese llamado puede convertirse en algo mucho más importante que una reunión protocolaria si logra traducirse en una mesa de trabajo permanente, con decisiones concretas, cronograma, responsabilidades y recursos.
Porque el Oriente ya ha tenido suficientes diagnósticos.
También ha tenido suficientes conversaciones.
Lo que hace falta ahora es juntarse para decidir.
En medio de este debate apareció, además, otra posibilidad que merece ser estudiada con rigor: la construcción de un nuevo corredor por la margen del río Negro, mediante una alianza público-privada. Una alternativa de esta naturaleza podría permitir pensar en una infraestructura completamente nueva, con capacidad para responder a las necesidades presentes y futuras de la Zona de Embalses.
Pero una obra estratégica de semejante dimensión difícilmente podrá sostenerse únicamente bajo la lógica de rentabilidad privada.
Si existe consenso en que esta vía no es solamente una carretera municipal, sino una infraestructura estratégica para Antioquia, entonces también debe existir la voluntad política para encontrar mecanismos extraordinarios de financiación. Incluso podría estudiarse ante la Asamblea de Antioquia una asignación presupuestal extraordinaria que permita generar el equilibrio económico necesario para hacer viable una alianza público-privada.
Y existe una posibilidad adicional que no debería quedar por fuera de la conversación: la eventual adjudicación de una nueva concesión vial por parte del Gobierno Nacional.
Si el país está próximo a definir nuevas concesiones o proyectos estratégicos de infraestructura, el Oriente Antioqueño debería reclamar que dentro de esa discusión se incluya, de manera expresa, una nueva vía hacia la Zona de Embalses.
Esta podría ser una oportunidad de largo alcance para encontrar una solución estructural. No se trataría simplemente de mejorar la carretera existente, sino de pensar en una nueva conexión que responda al crecimiento que ha tenido la región y que permita proyectar su movilidad para las próximas décadas.
Una nueva concesión nacional podría, además, integrar las distintas alternativas que hoy se están planteando y convertirlas en un proyecto de verdadera importancia regional y nacional. Porque la Zona de Embalses no es únicamente un destino turístico: allí confluyen actividades económicas, productivas, ambientales y sociales de enorme relevancia para Antioquia y para Colombia.
Por eso el Gobierno Nacional también debe escuchar este clamor.
No sería razonable que una región que aporta tanto al desarrollo económico y turístico del país continúe enfrentando una infraestructura vial que claramente quedó pequeña frente a su propia transformación.
La pregunta, entonces, ya no debería ser si vale la pena solucionar el problema.
La pregunta es cuánto le está costando al territorio no solucionarlo.
Cada accidente, cada hora perdida en un embotellamiento, cada turista que decide no regresar, cada transportador que encarece sus costos, cada comunidad que siente que el progreso del Oriente ocurre mientras sus carreteras se quedan atrás, representa también un costo económico y social.
Y hay algo todavía más profundo: una región que ha demostrado tantas veces su capacidad para construir desarrollo no puede acostumbrarse a convivir con una infraestructura que ya no responde a su realidad.
La Zona de Embalses creció. El turismo creció. La población creció. El parque automotor creció. La economía regional creció.
La carretera, en cambio, prácticamente se quedó en otro tiempo.
Por eso esta coyuntura debe aprovecharse. La sesión de la Asamblea, la disposición expresada por el Gobierno Departamental, la propuesta de un nuevo corredor por la margen del río Negro, la posibilidad de una alianza público-privada, una eventual nueva concesión del Gobierno Nacional y el llamado de la alcaldesa de El Peñol pueden ser piezas de una misma oportunidad.
Pero para que eso ocurra se necesita liderazgo.
Y, sobre todo, se necesita entender que esta no es la carretera de El Peñol, ni la de Guatapé, ni la de San Rafael. Es una vía regional.
Es la carretera de quienes viven allí y de quienes llegan.
Es una infraestructura que conecta comunidades, economía, turismo y futuro.
El Oriente Antioqueño lleva demasiado tiempo pidiendo que lo escuchen. La ciudadanía ya hizo su parte: habló, insistió, denunció, movilizó opinión y puso el problema en el centro de la agenda pública.
Ahora les corresponde a los gobiernos.
Y hay una conclusión del debate en la Asamblea de Antioquia que puede marcar una diferencia: se creará una Comisión Accidental que permita articular a la Asamblea de Antioquia, al Gobierno Departamental, a las administraciones municipales y a los líderes de la región, con el propósito de construir las voluntades políticas, institucionales y ciudadanas necesarias para encontrar soluciones reales en el corto plazo.
Esta Comisión no puede convertirse en otro escenario para repetir lo que ya todos sabemos. Su verdadera importancia estará en lograr que las distintas instituciones se sienten en la misma mesa, que se estudien seriamente las alternativas existentes, que se definan responsabilidades y que se encuentren los recursos que permitan pasar de las palabras a los hechos.
Porque quizás ese sea el principal aprendizaje de este debate: cuando un problema es regional, también debe ser regional la voluntad para resolverlo.
La carretera hacia El Peñol, Guatapé y San Rafael no necesita otra promesa.
Necesita una decisión. Y eso quedó evidenciado en nuestra reciente Maratón de Voces Ciudadanas en la que quedo claro el clamor ciudadano y regional por una solución inmediata.
Y esta vez, esa decisión debería comenzar por algo tan sencillo y tan difícil como que todos se sienten juntos a construirla.
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