Una nueva consulta, las mismas preguntas y una región que se niega a ser administrada desde arriba
Parece un chiste. O, peor aún, una afrenta.
Cuando muchos habitantes del Oriente Antioqueño pensaban que la discusión sobre el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás había entrado finalmente en un período de reflexión, después de años de controversias jurídicas, políticas y ciudadanas, reaparece la maquinaria institucional para llevar nuevamente a las urnas una propuesta que buena parte de la región sigue mirando con profunda desconfianza.
La Registraduría Nacional del Estado Civil ha reactivado el calendario electoral y fijó para el 29 de noviembre de 2026 la consulta popular mediante la cual ocho municipios del Altiplano —La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer— decidirán sobre la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.
Y entonces vuelve la pregunta que debería estar en el centro de toda esta discusión:
¿Para qué se quiere realmente el Área Metropolitana?
Porque una cosa es integrar un territorio para resolver problemas comunes y otra, completamente distinta, utilizar una figura administrativa para acelerar un modelo de ocupación territorial que termine subordinando el campo, el agua, los bosques, las montañas y la vida de las comunidades a las necesidades de expansión urbana.
Ese es el verdadero debate.
No se trata de estar contra la integración regional. El Oriente Antioqueño necesita integración. Necesita pensar conjuntamente su movilidad, sus servicios públicos, sus sistemas de transporte, la protección de sus ecosistemas, la gestión del agua, la seguridad alimentaria y el futuro de sus comunidades.
Pero integrar no significa necesariamente urbanizar.
Y ahí está la enorme pregunta que todavía no ha sido respondida de manera satisfactoria.
¿Un área metropolitana para quién?
El proyecto oficial se presenta como un mecanismo de articulación institucional, planificación territorial, movilidad, ambiente y desarrollo regional. Esos propósitos, en abstracto, son difíciles de rechazar.
¿Quién podría oponerse a planificar mejor?
¿Quién podría estar contra una movilidad más eficiente?
¿Quién podría rechazar una estrategia regional para proteger el agua?
¿Quién no quisiera que los municipios trabajaran conjuntamente?
El problema comienza cuando detrás de un discurso técnicamente impecable aparece una pregunta que casi nunca se formula con suficiente crudeza:
¿Qué intereses económicos se benefician de la transformación territorial que esa nueva estructura puede facilitar?
El debate no puede quedarse en las bondades administrativas de la figura.
Tiene que mirar el territorio.
Porque el Oriente Antioqueño no es un tablero vacío sobre el cual puedan dibujarse nuevas urbanizaciones, corredores logísticos, parques industriales, vías, conjuntos residenciales y grandes proyectos inmobiliarios como si nada existiera antes.
Aquí hay campesinos.
Hay productores de alimentos.
Hay bosques.
Hay fuentes de agua.
Hay reservas naturales.
Hay veredas.
Hay memoria.
Hay comunidades que llevan generaciones construyendo su vida alrededor de una relación determinada con la tierra.
Y existe también un territorio que, precisamente por haber conservado parte de esas condiciones, se ha convertido en uno de los espacios más apetecidos por el capital inmobiliario de Antioquia.
Ahí está el conflicto que debe discutirse sin eufemismos.
Porque cuando un territorio rural se transforma aceleradamente en suelo de expansión urbana, la tierra deja de ser solamente tierra.
Se convierte en activo financiero.
Y cuando eso ocurre, cada hectárea adquiere un valor distinto dependiendo de la posibilidad de urbanizarla.
Por eso la discusión sobre el Área Metropolitana no puede separarse de la discusión sobre el futuro del suelo.
La pregunta que incomoda
Hay quienes sostienen que el Área Metropolitana permitirá ordenar el crecimiento.
Pero la ciudadanía tiene derecho a preguntar:
¿Ordenar el crecimiento hacia dónde?
Porque también puede existir un crecimiento perfectamente ordenado que sea, al mismo tiempo, ambientalmente destructivo y socialmente excluyente.
Se puede urbanizar ordenadamente.
Se puede construir con licencias.
Se puede ampliar una malla vial con estudios.
Se pueden modificar los instrumentos de planificación.
Se puede aumentar la capacidad de los servicios públicos.
Y, aun así, terminar destruyendo un territorio.
El problema no es únicamente si las decisiones cumplen formalmente los procedimientos.
El problema es qué modelo de territorio están produciendo.
La preocupación de muchos sectores del Oriente es precisamente esa: que el Área Metropolitana termine funcionando como una estructura que facilite una expansión urbana cada vez mayor sobre el Altiplano.
No es una acusación que pueda resolverse simplemente diciendo que la figura busca “planificar mejor”.
La planificación también tiene ideología.
Toda decisión sobre el suelo beneficia unas cosas y limita otras.
Decidir dónde se puede construir es una decisión económica.
Decidir dónde se puede urbanizar es una decisión política.
Decidir qué territorio se protege y cuál se transforma es una decisión profundamente social.
El fantasma del crecimiento infinito
El Oriente Antioqueño lleva años viviendo una transformación acelerada.
Rionegro ya no es el municipio que conocieron sus abuelos.
La Ceja tampoco.
Guarne, El Retiro, El Carmen de Viboral, La Unión, San Vicente y El Santuario han sentido igualmente las presiones derivadas de la expansión económica y demográfica.
La llegada de nuevas industrias, centros logísticos, proyectos inmobiliarios, parcelaciones y población ha generado oportunidades, pero también conflictos.
El suelo se encarece.
El campesino comienza a sentirse extranjero en su propia vereda.
La vivienda se vuelve inaccesible para quienes nacieron en el territorio.
La presión sobre el agua aumenta.
Los corredores viales se congestionan.
Las actividades agrícolas pierden espacio.
Y una región que históricamente alimentó buena parte de Antioquia corre el riesgo de convertirse progresivamente en dormitorio, corredor logístico y reserva inmobiliaria del Valle de Aburrá.
Ese es el escenario que debería estar sobre la mesa el 29 de noviembre.
No solamente:
“¿Quiere usted un Área Metropolitana?”
Sino:
“¿Qué Oriente Antioqueño queremos construir durante los próximos cincuenta años?”
Y entonces reaparece Eugenio Prieto
En medio de este escenario aparece nuevamente Eugenio Prieto Soto, una figura con una larga trayectoria en la discusión sobre la integración territorial antioqueña, ex director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia y hoy precandidato a la Gobernación de Antioquia.
Su presencia no es casual ni políticamente irrelevante.
El propio Gobierno Departamental lo presentó como uno de los principales voceros institucionales del proceso. En marzo, durante la reactivación de la consulta, Prieto afirmó que esta constituye una oportunidad para que los habitantes del Valle de San Nicolás decidan sobre el futuro del territorio y su modelo de integración regional.
Y precisamente por eso su participación debería generar, no sospechas automáticas, sino mayores exigencias de transparencia.
Porque cuando un funcionario que tiene responsabilidades directas sobre la planeación territorial participa activamente en una consulta que definirá precisamente el modelo institucional de planeación de ocho municipios, la ciudadanía tiene todo el derecho a pedir claridad absoluta sobre los roles, las competencias y las garantías de imparcialidad.
La democracia no solamente necesita urnas.
Necesita confianza.
Y la confianza no se decreta.
Se construye.
Hoy como precandidato a la gobernación, Eugenio Prieto, no genera ninguna confianza por parte de las comunidades y sus líderes en el Oriente Antioqueño.
Las garantías no pueden ser solamente electorales
Aquí aparece otra paradoja.
Se habla de garantías electorales.
Se habla de puestos de votación, jurados, logística, recursos y normalidad democrática.
Todo eso es necesario.
Pero hay una garantía mucho más importante:
la garantía de que la ciudadanía pueda decidir con información completa, plural y comprensible.
Porque una elección puede tener todas las mesas instaladas y, sin embargo, producir una decisión profundamente desinformada.
La verdadera garantía democrática no consiste solamente en permitir que alguien vote.
Consiste en garantizar que ese ciudadano conozca qué está votando.
Qué competencias tendrá el Área Metropolitana.
Qué recursos manejará.
Qué efectos tendrá sobre los POT.
Qué ocurrirá con la autonomía municipal.
Qué sucederá con el suelo rural.
Cómo se protegerán las zonas ambientales.
Qué pasará con la vivienda campesina.
Cómo se distribuirán las cargas y beneficios.
Quién tomará las decisiones.
Quién financiará las grandes obras.
Qué modelo de movilidad se impondrá.
Y, sobre todo:
qué límites tendrá el crecimiento urbano.
Porque si esas preguntas no tienen respuestas suficientemente claras, la consulta corre el riesgo de convertirse en una decisión gigantesca sobre el futuro territorial tomada a partir de una explicación excesivamente pequeña.
Ya hubo una historia que debería recordarse
No estamos ante un asunto nuevo.
En 2019 la Registraduría había convocado una consulta popular para constituir el Área Metropolitana del Oriente Antioqueño, incluyendo entonces un conjunto más amplio de municipios. Aquella convocatoria fue posteriormente suspendida.
Incluso la controversia llegó al Consejo de Estado, donde se discutió judicialmente la legalidad de aquella convocatoria.
Hoy la historia reaparece con otro nombre: Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.
Y con una composición de ocho municipios.
Pero la pregunta de fondo permanece.
¿Por qué una región tan diversa como el Oriente Antioqueño debe ser pensada únicamente desde el Altiplano?
¿Por qué la integración territorial debe reducirse a estos ocho municipios?
¿Por qué no existe una conversación regional mucho más amplia que incorpore las realidades de los municipios de Embalses, Bosques, Páramos y otras subregiones?
¿Por qué la respuesta institucional a los problemas regionales tiene que construirse desde una figura cuya escala territorial coincide precisamente con el espacio que concentra buena parte de las presiones inmobiliarias y económicas?
Son preguntas legítimas.
Y no deberían ser calificadas como oposición al desarrollo.
El desarrollo no puede convertirse en una religión
Durante décadas nos enseñaron que todo crecimiento era bueno.
Más habitantes.
Más edificios.
Más carreteras.
Más industrias.
Más centros comerciales.
Más urbanizaciones.
Más valorización.
Más inversión.
Pero un territorio no puede crecer indefinidamente sin preguntarse qué está perdiendo mientras crece.
El desarrollo que expulsa al campesino no es desarrollo integral.
El desarrollo que destruye las fuentes de agua no es desarrollo sostenible.
El desarrollo que convierte la vivienda en mercancía inaccesible para los habitantes locales no es desarrollo social.
El desarrollo que reemplaza la agricultura por cemento puede producir riqueza, pero no necesariamente produce bienestar.
Y quizá la pregunta más incómoda sea esta:
¿Para quién estamos desarrollando el Oriente?
Porque si el resultado final consiste en que quienes nacieron aquí ya no pueden vivir aquí, mientras llegan capitales externos a comprar tierra para construir una nueva ciudad, algo profundamente equivocado está ocurriendo.
El Oriente no puede ser decidido desde los escritorios
La democracia territorial exige escuchar al territorio.
No solamente a los alcaldes.
No solamente a los gobernadores.
No solamente a los empresarios.
No solamente a los urbanizadores.
No solamente a los funcionarios.
También a los campesinos.
A los habitantes de las veredas.
A los jóvenes.
A las mujeres rurales.
A los pequeños comerciantes.
A los productores agrícolas.
A quienes viven junto a las quebradas.
A quienes saben dónde nace el agua.
A quienes llevan cincuenta años cultivando una montaña.
A quienes tendrán que pagar el nuevo costo de vivir en una región transformada por decisiones que hoy todavía no comprenden completamente.
Eso también es planeación.
Y quizá sea la forma más importante de planeación.
Una afrenta sería impedir la discusión
Por eso sería un error convertir el debate contra el Área Metropolitana en una simple confrontación partidista.
El problema es mucho más profundo.
No se trata de estar contra Andrés Julián Rendón.
No se trata de estar contra Eugenio Prieto.
No se trata de estar contra los alcaldes.
No se trata de estar contra ningún partido político.
Se trata de preguntarle al poder:
¿Qué quieren hacer con nuestro territorio?
Y exigir respuestas.
Si el Área Metropolitana es tan buena para el Oriente como sostienen sus promotores, entonces debería poder sobrevivir a todas las preguntas.
Debería poder enfrentar el debate sobre el suelo.
Sobre la expansión urbana.
Sobre el agua.
Sobre el campesinado.
Sobre la vivienda.
Sobre la autonomía municipal.
Sobre la desigualdad regional.
Sobre la concentración de las inversiones.
Sobre los beneficios y las cargas.
Y sobre la relación entre crecimiento inmobiliario y planificación territorial.
Si esas preguntas son incómodas, precisamente por eso deben formularse.
El 29 de noviembre no se votará solamente una figura administrativa
Ese día no debería votarse simplemente una sigla.
No debería votarse un nombre.
No debería votarse una promesa de eficiencia institucional.
No debería votarse bajo la lógica simplista de que quien está contra el Área Metropolitana está contra el progreso.
El 29 de noviembre se estará poniendo sobre la mesa una pregunta mucho más grande:
¿Quién tiene derecho a decidir el futuro del Oriente Antioqueño?
¿Los gobiernos?
¿Los partidos?
¿Los grandes intereses económicos?
¿Los urbanizadores?
¿Los planificadores?
¿Los funcionarios?
¿O las comunidades que han construido este territorio durante generaciones?
La respuesta debería ser evidente.
El territorio pertenece, antes que nada, a quienes lo habitan.
Y precisamente por eso ninguna estructura administrativa puede imponerse sobre él sin una discusión pública profunda, plural, transparente y verdaderamente regional.
La democracia no consiste en llevar a la gente a votar una decisión previamente diseñada.
La democracia consiste en permitir que la gente pueda cambiar el rumbo.
Que nadie se equivoque
El Oriente Antioqueño no está diciendo que no quiere futuro.
Está diciendo que quiere otro futuro.
Un futuro donde el progreso no signifique necesariamente cemento.
Donde la prosperidad no se mida solamente por el precio de la tierra.
Donde la planificación no sea sinónimo de expansión urbana.
Donde el campesino tenga derecho a permanecer.
Donde el agua tenga más valor que una licencia de construcción.
Donde los municipios puedan cooperar sin perder su identidad.
Donde la integración regional sea para cerrar brechas y no para profundizarlas.
Donde la infraestructura sirva primero a la gente y no solamente a los grandes negocios.
Y donde el territorio no sea concebido como la última frontera disponible para el crecimiento inmobiliario de Antioquia.
Por eso, frente a una nueva convocatoria electoral, lo mínimo que puede hacer la ciudadanía es preguntar, investigar, debatir y exigir respuestas.
Y si después de escuchar todas las respuestas una mayoría considera que el proyecto es conveniente, habrá que respetar esa decisión.
Pero si las comunidades consideran que el Área Metropolitana es una estructura que amenaza el modelo territorial que quieren preservar, también tendrán el derecho democrático de RESISTIRSE Y decir NO de todas las maneras posibles.
No por miedo.
No por ignorancia.
No por manipulación.
Sino por convicción.
Porque hay momentos en la historia de los territorios en los que decir no no significa rechazar el futuro.
Significa defenderlo.
Y quizá este sea uno de esos momentos.
Porque el Oriente Antioqueño no puede convertirse en el gran proyecto inmobiliario de Antioquia.
El Oriente no es una mercancía.
El Oriente es una región.
Y una región no se vende, no se impone y no se decide a espaldas de su gente.
Se construye con ella.
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