A QUE JUEGA EL GOBERNADOR CON EL NUEVO IMPUESTO PARA LA SEGURIDAD EN ANTIOQUIA
08/12/2024
Recientemente, la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó un nuevo impuesto destinado a financiar los gastos en seguridad. Esta medida, promovida por el Gobernador Andrés Julián Rendón, ha generado un debate acalorado entre sectores políticos, sociales y económicos de la región. Aunque la intención es mejorar la seguridad en uno de los departamentos más golpeados por la violencia en Colombia, existen múltiples argumentos que cuestionan la efectividad y equidad de este nuevo tributo.
Uno de los principales problemas del nuevo impuesto es su carácter regresivo. Esto significa que afectará principalmente a los sectores de la población con menores recursos, quienes son los que más padecen la inseguridad, pero también los menos capacitados para afrontar cargas fiscales adicionales. Todos los impuestos se descargan en el consumidor final y, por lo tanto, es una falacia que los ciudadanos de bajos ingresos no sufrirán las consecuencias.
En una región como Antioquia, donde persiste una alta desigualdad social, este tipo de impuestos puede exacerbar las tensiones entre clases sociales y generar mayor descontento. La clase media y baja, que ya enfrenta dificultades económicas debido a la inflación y la crisis post-pandemia, podría ver aún más deteriorada su calidad de vida, sin contar con la garantía de que los recursos recaudados se destinarán de manera eficiente a mejorar la seguridad.
Para muestra un botón, Andrés Julián siendo alcalde de Rionegro creo una empresa de seguridad que tienen unos gastos en burocracia de más de 40 mil millones, mientras su municipio es uno de los de mayor incremento en la criminalidad y muertes violentas del país.
Otro inconveniente importante es la falta de claridad sobre la administración de los recursos provenientes del nuevo impuesto. En Colombia, los impuestos destinados a la seguridad no siempre han sido bien gestionados. En varias ocasiones, se ha evidenciado que los fondos recaudados se destinan a otros fines o son mal administrados, fomentando la corrupción, lo que genera desconfianza entre la población.
El gobierno de Antioquia ha prometido que los recursos serán utilizados exclusivamente para mejorar la seguridad, pero no se han presentado planes detallados sobre cómo se distribuirán y ejecutarán esos recursos. Esta falta de transparencia es un riesgo para la efectividad del impuesto, ya que los ciudadanos no tienen garantías de que su dinero se utilizará adecuadamente.
Además de afectar a los ciudadanos de a pie, el nuevo impuesto podría tener un impacto negativo sobre las empresas, especialmente aquellas que ya enfrentan dificultades para mantenerse a flote en medio de la crisis económica. Al aumentar la carga tributaria, las empresas locales podrían verse obligadas a reducir su personal o a recortar inversiones, lo que afectaría el empleo y la productividad en el departamento. En lugar de destinar recursos a un impuesto adicional, las empresas preferirían ver un fortalecimiento de las políticas de seguridad y un enfoque más eficiente en el uso de los recursos existentes.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que son el motor de la economía antioqueña, podrían resultar las más afectadas. Estas empresas no solo se ven golpeadas por la alta carga tributaria, sino que también podrían enfrentar mayores costos operativos derivados de la inseguridad, como el pago de seguridad privada o la pérdida de mercancías debido a robos y asaltos.
La mayor inquietud de los críticos al nuevo impuesto es que, aunque se recauden más recursos para la seguridad, no existe una garantía de que estos fondos vayan a traducirse en una mejora real en la situación de violencia en el departamento. La inseguridad en Antioquia es un problema multifacético que no puede resolverse únicamente con más dinero. La violencia está relacionada con factores como la presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico, la falta de presencia del Estado en algunas zonas rurales y la debilidad de las instituciones judiciales.
El hecho de que se haya optado por crear un nuevo impuesto en lugar de mejorar las políticas de seguridad existentes o reforzar la cooperación interinstitucional, genera dudas sobre la efectividad de la medida. La creación de este tributo no garantiza que se vayan a reducir los índices de criminalidad, y muchos temen que sea solo una solución temporal, sin una estrategia a largo plazo que ataque las causas estructurales de la violencia. Qué lástima que para los Honorables Diputados que votaron afirmativamente el nuevo impuesto haya pesado más la mermelada que la voluntad popular.
La aprobación de un impuesto exclusivo para la seguridad también podría sentar un precedente peligroso para la política fiscal en Colombia. Si otras regiones imitan el modelo antioqueño, se podrían generar un cúmulo de impuestos destinados a diferentes sectores de la administración pública, lo que incrementaría la carga tributaria en todo el país. En lugar de apostar por la creación de nuevos impuestos, el gobierno nacional y los gobiernos regionales deberían centrarse en mejorar la eficiencia del gasto público y la redistribución de los recursos existentes para abordar los problemas de seguridad.
Finalmente, un problema adicional de este nuevo impuesto es el mensaje implícito que transmite a la población: la inseguridad es un problema tan grave que requiere un esfuerzo fiscal extraordinario para su resolución. Esto podría incrementar la percepción de inseguridad entre los habitantes de Antioquia, especialmente en un momento en el que la violencia y el crimen están en el centro del debate político y social del país. La creación de un impuesto exclusivo para la seguridad podría, en lugar de calmar los temores de la población, intensificar la sensación de que la situación está fuera de control.
Tal vez por eso empresarios, gremios, intelectuales y políticos, incluso afines al Gobernador Rendón Cardona, han levantado su voz para rechazar esta impopular medida.
El nuevo impuesto aprobado por la Asamblea de Antioquia al gobernador Andrés Julián Rendón, aunque busca mejorar la seguridad en un departamento azotado por la violencia, presenta una serie de inconvenientes que podrían generar más problemas que soluciones. Entre los principales obstáculos están su impacto negativo sobre los sectores vulnerables, la falta de transparencia en la administración de los recursos, el aumento de la carga tributaria sobre las empresas y la ausencia de garantías de que los fondos realmente contribuirán a mejorar la seguridad. En lugar de imponer un nuevo tributo, es necesario que se implementen políticas más eficaces y eficientes que combinen una mejor gestión de los recursos públicos, un fortalecimiento institucional y un enfoque integral hacia la resolución de la violencia en Antioquia.
Aunque al Gobernador no le gusta y, de hecho, desaprueba las apuestas de paz del Gobierno Nacional, siempre será más barato y rentable apostarle a una solución concertada de los conflictos, que escalar una confrontación cuyas consecuencias ya conocemos muy bien en los diferentes territorios de Antioquia y de Colombia.