Este jueves se desarrolló un Consejo de Seguridad extraordinario con la participación de la Gobernación de Antioquia, las alcaldías de Marinilla y Rionegro, la fuerza pública, la Fiscalía y representantes de los municipios del Oriente antioqueño.
El encuentro permitió analizar el panorama de seguridad como un fenómeno regional, especialmente ante la disputa entre el grupo delincuencial Meza y el Clan del Golfo por el control de plazas de microtráfico que han quedado vacantes tras operativos y capturas lideradas por el Gaula, el Ejército y la Policía Nacional.
Durante el Consejo, las autoridades locales reiteraron su solicitud a la Gobernación de Antioquia de fortalecer el acompañamiento institucional con mayor pie de fuerza, capacidades de inteligencia, personal del SIJIN y más policías judiciales para avanzar en tareas investigativas.
El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, expresó el respaldo de la Gobernación a los gobiernos locales de Rionegro y Marinilla, y anunció la construcción inmediata de una hoja de ruta concreta con responsabilidades, datos y acciones coordinadas. Entre las medidas acordadas se encuentra un plan de acción que incluye: control y contención inmediata, con refuerzo de la fuerza pública en puntos críticos de los cascos urbanos, patrullajes continuos, puestos de control móviles y acciones conjuntas entre Rionegro y Marinilla con apoyo de la Policía y Tránsito; investigación y judicialización, priorizando casos de homicidio, visibilización de los responsables y la activación de un plan de recompensas de hasta 100 millones de pesos ofrecido por la Alcaldía de Marinilla; y fortalecimiento de la inteligencia estratégica en el territorio.
Con este trabajo articulado, las autoridades del Oriente antioqueño reafirman su compromiso con la defensa de la vida, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del orden público en la región. La hoja de ruta definida representa un paso decisivo para enfrentar las estructuras criminales que pretenden desestabilizar la convivencia y retar a la institucionalidad, y refleja la voluntad de los gobiernos locales y departamentales de actuar de manera coordinada, oportuna y contundente.
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