Digámoslo con toda claridad, Es urgente reconocer una realidad que ha permanecido oculta bajo el lenguaje de la participación y la articulación interinstitucional. Los Comités Universidad, Estado, Empresa y Sociedad (CUEES), concebidos como escenarios de encuentro entre los principales actores del desarrollo territorial, han terminado funcionando como espacios donde las instituciones buscan validar sus agendas y proyectos ante las comunidades, en lugar de convertirse en plataformas desde las cuales las comunidades encuentren el respaldo político, técnico, financiero y académico para materializar sus propias iniciativas.
Lo ocurrido en el reciente encuentro realizado en Cocorná no hizo más que confirmar esta preocupación. Una vez más, las comunidades asistieron para escuchar la presentación de programas, estrategias y proyectos previamente diseñados por las instituciones. Al final se abrió un espacio para la conversación, pero no necesariamente para la construcción conjunta de decisiones. La participación existió en la forma, pero no en el fondo. Las comunidades fueron invitadas a opinar sobre propuestas ajenas, cuando el verdadero desafío consiste en que las instituciones aprendan a construir a partir de las propuestas que emergen de los territorios.
Esta diferencia no es menor. Define dos modelos profundamente distintos de entender el desarrollo. El primero responde a una lógica vertical: las instituciones producen conocimiento, diseñan políticas y ejecutan proyectos que posteriormente buscan aceptación social. El segundo parte de una lógica horizontal, donde el conocimiento comunitario, la experiencia local y las necesidades del territorio son el punto de partida para la acción institucional. En el primer caso, la legitimidad se obtiene persuadiendo a las comunidades de que los proyectos oficiales son convenientes; en el segundo, la legitimidad surge porque las instituciones demuestran su capacidad para acompañar los sueños y las apuestas colectivas de la ciudadanía.
El problema es que, mientras los CUEES continúen privilegiando la primera lógica, seguirán reproduciendo una relación asimétrica entre quienes poseen los recursos y quienes únicamente pueden aspirar a ser beneficiarios de ellos. La comunidad aparece entonces como receptora de oportunidades y no como protagonista de la transformación territorial. Se habla permanentemente de innovación, participación y desarrollo sostenible, pero estas categorías pierden contenido cuando no existe una transferencia real de capacidad de decisión hacia los actores sociales.
Paradójicamente, son precisamente las comunidades quienes mejor conocen las potencialidades y limitaciones de sus territorios. Son ellas las que identifican los problemas antes que cualquier estudio técnico y las que sostienen, con frecuencia en condiciones adversas, iniciativas productivas, ambientales, culturales y sociales que difícilmente nacen desde un escritorio institucional. Sin embargo, cuando estos procesos llegan a escenarios como los CUEES, suelen ser tratados como insumos secundarios frente a agendas previamente definidas por universidades, entidades públicas o empresas.
Este fenómeno revela una comprensión limitada de la gobernanza. Gobernar con la sociedad no significa únicamente abrir espacios de diálogo. Significa compartir el poder de decidir. Significa aceptar que las prioridades institucionales pueden y deben transformarse a partir de las prioridades comunitarias. Significa reconocer que el conocimiento científico y técnico no reemplaza el conocimiento construido por quienes habitan permanentemente los territorios, sino que debe ponerse a su servicio.
La universidad, por ejemplo, encuentra su mayor legitimidad cuando deja de ser únicamente generadora de investigaciones para convertirse en aliada de los procesos comunitarios; cuando sus capacidades de extensión, innovación y formación fortalecen iniciativas existentes en lugar de crear intervenciones desconectadas de las dinámicas locales. Del mismo modo, el Estado fortalece su legitimidad no por la cantidad de programas que ejecuta, sino por su capacidad para remover los obstáculos que impiden que las comunidades desarrollen sus propios proyectos. La empresa, por su parte, trasciende la responsabilidad social empresarial cuando comprende que el desarrollo económico también depende de fortalecer el capital social y las capacidades organizativas del territorio.
Por ello, el verdadero reto no consiste en eliminar los CUEES ni en desconocer el valor de la articulación institucional. El desafío es redefinir profundamente su propósito. Estos espacios deberían dejar de medirse por el número de instituciones asistentes o por la cantidad de proyectos socializados, para comenzar a evaluarse por el número de iniciativas comunitarias que lograron convertirse en realidad gracias a la convergencia de capacidades institucionales.
En otras palabras, los CUEES deberían invertir la lógica que actualmente los caracteriza. En lugar de preguntarse cómo lograr que las comunidades respalden los proyectos institucionales, deberían preguntarse qué debe hacer cada institución para que los proyectos comunitarios encuentren el respaldo que necesitan. Este cambio implica modificar metodologías, criterios de priorización, formas de financiación y, sobre todo, las relaciones de poder que históricamente han definido la interacción entre instituciones y ciudadanía.
No se trata únicamente de escuchar más a las comunidades. Se trata de reconocerlas como sujetos políticos capaces de orientar el desarrollo de sus territorios. La diferencia entre participación y corresponsabilidad radica precisamente allí. La primera permite hablar; la segunda permite decidir y construir conjuntamente.
Si el encuentro de Cocorná dejó alguna lección, es que las comunidades ya no demandan únicamente espacios para ser escuchadas. Exigen escenarios donde sus propuestas sean acogidas, fortalecidas y acompañadas hasta convertirse en acciones concretas. Reclaman instituciones menos preocupadas por legitimar sus propios programas y más comprometidas con hacer posible las iniciativas que nacen desde el territorio.
Una experiencia personal refuerza esta reflexión. Tuve la oportunidad de acompañar los procesos de los CUEES en Nariño y San Luis, dos municipios que enfrentan profundas dificultades sociales, económicas e institucionales, pero que, al mismo tiempo, cuentan con comunidades organizadas, líderes comprometidos y un enorme potencial para construir alternativas de desarrollo desde el territorio. Precisamente por sus condiciones, estos municipios requerían que el CUEES actuara como un verdadero articulador de capacidades: que la universidad aportara conocimiento e innovación, que el Estado facilitara la gestión institucional, que el sector empresarial contribuyera con recursos y oportunidades, y que la sociedad encontrara en este escenario un aliado para convertir sus iniciativas en proyectos viables. Sin embargo, ese acompañamiento nunca llegó. Más allá de los encuentros, las presentaciones y las declaraciones de intención, las comunidades continuaron enfrentando en soledad los desafíos de hacer realidad sus apuestas de desarrollo. Esta experiencia no constituye una excepción aislada, sino un síntoma de una forma de entender los CUEES que privilegia la visibilización de las agendas institucionales sobre la transformación efectiva de los territorios. La ausencia de un acompañamiento sostenido, de compromisos verificables y de una verdadera corresponsabilidad entre los actores participantes ratifica la percepción de que el propósito fundamental de estos espacios no ha sido impulsar los desarrollos locales, sino legitimar las agendas y prioridades de las entidades que los integran. Mientras esta lógica no se transforme, los CUEES seguirán siendo escenarios de diálogo con escasa capacidad de incidencia, desaprovechando una oportunidad invaluable para convertirse en motores de innovación social, desarrollo territorial y construcción de confianza entre las instituciones y las comunidades.
Ese debería ser el horizonte de los CUEES del futuro: espacios donde la legitimidad institucional no provenga de la capacidad de convencer a las comunidades, sino de la capacidad de servirles; donde la universidad aporte conocimiento, el Estado genere condiciones, la empresa movilice recursos y la sociedad defina el rumbo. Solo entonces podrá hablarse de una verdadera gobernanza territorial, basada no en la representación simbólica de la participación, sino en la construcción colectiva del desarrollo.
La legitimidad institucional no puede seguir siendo el punto de llegada de estos escenarios; debe ser la consecuencia natural de instituciones que ponen su conocimiento, su capacidad de gestión y sus recursos al servicio de las aspiraciones colectivas. Cuando eso ocurra, los CUEES dejarán de ser escenarios donde las comunidades validan agendas ajenas y se convertirán en el espacio donde las agendas del territorio encuentran las alianzas necesarias para hacerse realidad. Ese es, quizás, el cambio más urgente que hoy reclama el desarrollo regional y la democracia territorial.
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