La discusión en torno a la Resolución 1846 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ha reabierto una herida profunda en el Oriente antioqueño. Para un amplio sector de la ciudadanía, dicha resolución no es un simple acto administrativo: representa la reactivación de un proyecto que, bajo la figura de un Área Metropolitana del Oriente (AMO), amenaza con transformar de manera radical el territorio, el modelo de desarrollo y el sentido mismo del buen vivir en la región. Y aunque se pretende en ocho municipios del Altiplano, de darse, tendrá profundas repercusiones en toda la Región.
El Oriente Antioqueño ha sido históricamente un territorio de vocación agrícola, ambiental y comunitaria. Sus municipios han construido identidad alrededor de economías locales, del cuidado de sus fuentes hídricas y de una relación estrecha entre comunidad y territorio. En ese contexto, la imposición de un esquema metropolitano sin una construcción amplia y participativa genera suspicacia. Más aún cuando la decisión de convocar a consulta se produce tras una tutela interpuesta por el Gobernador de Antioquia y ocho alcaldes, acogida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín. Lo que para los impulsores del AMO es una garantía institucional, para otros, la gran mayoría de comunidades y sus líderes, constituye el uso estratégico de los mecanismos jurídicos para imponer una decisión que no logró consenso social.
Las cifras que rodean el proyecto explican la intensidad del debate: ochenta kilómetros de malla urbanizable y una proyección de dos millones y medio de habitantes en los próximos veinte años. Detrás de esos números no solo hay planificación urbana, sino también enormes intereses económicos. La expansión del suelo urbanizable implica valorizaciones exponenciales, megaproyectos de vivienda, infraestructura y servicios públicos que representan oportunidades de negocio sin precedentes. No resulta extraño entonces que sectores políticos y urbanizadores vean en el AMO la posibilidad de “las ganancias más importantes de sus vidas”.
En este escenario, figuras como Eugenio Prieto Soto han salido a celebrar lo que consideran un triunfo jurídico y político. Sin embargo, el debate está lejos de cerrarse. La fecha del 26 de julio, señalada para la eventual consulta, no es el punto final sino apenas un hito dentro de un proceso que aún puede enfrentar nuevos pronunciamientos judiciales. Los jueces, como garantes de los derechos fundamentales y del cumplimiento de la ley, tienen la responsabilidad de examinar si el procedimiento ha respetado principios esenciales como la participación ciudadana, la información suficiente y la autonomía territorial.
Entre la resolución inicial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que convocaba la Consulta Popular para el 9 de noviembre, y la decisión actual que redefine el calendario y las condiciones del proceso, se han levantado fuertes y fundamentadas opiniones de académicos y profesionales del derecho que advierten una posible vulneración flagrante de la Ley. Juristas han señalado inconsistencias procedimentales, cambios abruptos en las reglas del juego y eventuales desconocimientos de principios como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la participación ciudadana informada. Para estos expertos, no se trata de un simple ajuste administrativo, sino de actuaciones que podrían desbordar el marco normativo que regula los mecanismos de participación, lo que pone en entredicho la transparencia y legitimidad del proceso.
Otro aspecto crucial es la financiación. No está clara la participación del Gobierno Nacional en un proyecto de tal magnitud, ni existen certezas sobre la sostenibilidad fiscal de una nueva estructura metropolitana. Sin respaldo financiero sólido y transparente, el riesgo es que las cargas terminen recayendo sobre los municipios y, en última instancia, sobre los ciudadanos. La promesa de desarrollo podría traducirse en mayores impuestos, endeudamiento y presión sobre servicios públicos ya tensionados.
La consulta popular, si finalmente se realiza, será una prueba decisiva. Allí la ciudadanía podrá expresar si respalda o no el modelo de integración metropolitana propuesto. El malestar social acumulado podría convertirse en un voto de protesta frente a lo que muchos perciben como una traición de sus mandatarios locales. No se trata únicamente de una disputa administrativa, sino de una discusión sobre el tipo de territorio que se quiere construir: uno orientado por la lógica del mercado inmobiliario o uno centrado en la sostenibilidad, la identidad cultural y el bienestar colectivo.
En últimas, el debate sobre el AMO en el Oriente Antioqueño es una confrontación entre dos visiones de desarrollo. Por un lado, la que privilegia la expansión urbana acelerada como sinónimo de progreso; por el otro, la que defiende un crecimiento planificado, concertado y respetuoso de los límites ambientales y sociales. Los “cantos de victoria” pueden ser prematuros. La democracia no se agota en resoluciones ni en fallos judiciales: se materializa en la deliberación informada y en la decisión consciente de la ciudadanía.
Es más, los promotores del AMO están jugando con fuego. La nueva resolución no solo reavivó el debate jurídico y social en el territorio, sino que podría pasarles una costosa cuenta de cobro en las urnas a los candidatos que respaldan esta propuesta y aspiran a llegar al Congreso en las elecciones del 8 de marzo. En el Oriente Antioqueño las comunidades saben con claridad qué sector político impulsa el proyecto y quiénes son sus cartas a la Cámara y al Senado; en un contexto de creciente inconformidad, el respaldo al AMO puede convertirse en un lastre electoral muy costoso. Cuando la ciudadanía percibe que se intenta imponer un modelo territorial sin suficiente concertación, el voto deja de ser un trámite y se transforma en un mecanismo de memoria y de sanción política.
Todavía falta camino por recorrer. Si algo ha demostrado esta controversia es que el Oriente Antioqueño no está dispuesto a permanecer en silencio frente a decisiones que afectan su futuro. Más allá de intereses políticos o económicos, lo que está en juego es la posibilidad de que el territorio sea construido con su gente y no a espaldas de ella.
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