El pasado viernes, varios alcaldes del Oriente Antioqueño protagonizaron un episodio que ha sido calificado por muchos como un verdadero acto de ridiculez: viajaron hasta Bogotá para recibir un supuesto reconocimiento por tener «la mejor gestión del país en diferentes categorías», otorgado por una organización poco conocida llamada INCLUSOCIAL. Esta fundación, nacida en Barranquilla hace apenas dos años, ha ganado notoriedad no por la profundidad de sus evaluaciones, sino por la ligereza con la que otorga galardones que carecen de cualquier peso técnico, político o social.
La escena no es nueva. En Colombia, y especialmente en la política local, se ha vuelto frecuente la proliferación de premios sin mayor legitimidad que el papel en el que están impresos. Lo que sí resulta indignante es que tales reconocimientos —sin metodología clara, sin auditorías, sin criterios públicos— se financien, directa o indirectamente, con recursos públicos. La presencia de alcaldes en estos eventos, incluyendo pasajes, viáticos, hospedajes y tiempo institucional, se paga con el dinero del erario. Y eso, en territorios con necesidades sociales urgentes y presupuestos limitados, es un insulto a la ciudadanía.
El caso del alcalde Santiago Daza, de San Carlos, es particularmente simbólico. Fue el primero en hacer alarde en redes sociales del “logro” obtenido. La gestión de Daza ha sido duramente criticada por su falta de ejecución, escasa transparencia y el uso excesivo de propaganda para maquillar los vacíos de su administración. Frente a una comunidad que pide soluciones concretas —infraestructura, seguridad, salud, empleo—, el alcalde responde con una fotografía enmarcada con una estatuilla sin valor. Es el colmo del populismo digital: gobernar desde Instagram con promesas vacías y medallas compradas.
No es la primera vez que el alcalde Santiago Daza se autoproclama el mejor del país. Ya en una ocasión anterior utilizó, de forma tendenciosa, un análisis del consultor Miguel Jaramillo sobre el uso de redes sociales para promocionarse como “el alcalde con más favorabilidad de Colombia”. Un informe centrado en presencia digital fue transformado en una afirmación grandilocuente, sin sustento técnico ni rigor estadístico, reafirmando su estrategia de gobernar desde la imagen, no desde la gestión real.
La nominación a estos supuestos reconocimientos no surge de una solicitud comunitaria ni de un proceso participativo, sino que son los mismos alcaldes quienes se postulan, en un claro acto de autopromoción. Aún más preocupante es que la «evaluación» que determina la entrega del galardón se reduce a una simple entrevista telefónica, sin verificación técnica, visitas a territorio ni revisión rigurosa de indicadores de gestión. Este procedimiento superficial deslegitima por completo cualquier valor que pudiera tener el reconocimiento y pone en evidencia que más que un premio a la buena administración, se trata de una estrategia de marketing personal financiada con recursos públicos.
Más ridículo aún resulta el despliegue entusiasta que algunos medios locales y regionales le dan a este tipo de desafueros egocéntricos, presentándolos como logros institucionales cuando en realidad son simples actos de vanidad política. Lejos de ejercer un papel crítico y fiscalizador, terminan convirtiéndose en amplificadores de una narrativa falsa que solo busca inflar el ego de los mandatarios, mientras se ignora la verdadera situación de los municipios y las necesidades urgentes de sus comunidades.
Cabe preguntarse: ¿para qué sirven realmente estos reconocimientos? No hay un efecto positivo tangible en los municipios. No traen inversión, no mejoran los indicadores de desarrollo, no movilizan recursos del Estado ni generan alianzas estratégicas. Lo único que hacen es inflar artificialmente la imagen pública de los mandatarios, proyectando una falsa idea de eficiencia que en nada se traduce en el bienestar de los ciudadanos. Más preocupante aún es que este tipo de eventos buscan encubrir, bajo el manto de la visibilidad, la falta de resultados reales.
Los alcaldes deberían rendir cuentas con hechos y cifras verificables, no con trofeos otorgados por entidades sin credenciales. La gestión pública se mide con indicadores de impacto social, con obras entregadas, con planes de gobierno cumplidos y con participación ciudadana efectiva. Todo lo demás —como este desfile por Bogotá— es pirotecnia política, un teatro absurdo que sirve más a los egos personales que al interés colectivo.
En tiempos en que la transparencia y la eficiencia deberían ser principios rectores de la administración pública, es lamentable ver cómo algunos mandatarios optan por alimentar su vanidad en lugar de cumplir con su deber. El pueblo del Oriente Antioqueño merece más que fotos en eventos dudosos: merece liderazgo, compromiso y resultados reales.
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