Por siglos, el Oriente Antioqueño ha sido un territorio de conexión entre lo rural y lo urbano, entre lo ancestral y lo moderno. Hoy, sin embargo, está en juego su integridad como región. Lo que algunos promueven como un avance —la conformación de un Área Metropolitana en el Altiplano— es, en realidad, una amenaza silenciosa que puede destruir el equilibrio territorial y social construido con esfuerzo por décadas.
El Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) proyecta que, en los próximos 20 años, el Altiplano crecerá hasta albergar 2,5 millones de habitantes y tendrá disponibles 80 kilómetros urbanizables. Este pronóstico ha despertado el apetito de sectores políticos y empresariales que ven en la urbanización masiva una mina de oro. Con ese argumento, impulsan una figura metropolitana que promete “orden” y “desarrollo”, pero que en la práctica representa una jugada para centralizar el poder y capturar rentas.
Lo que no dicen es que ese crecimiento desbordado saturará los servicios públicos, acabará con los suelos rurales y profundizará la desigualdad. Mientras unos pocos municipios se llenan de concreto, los más alejados —a los que despectivamente llaman “el oriente lejano”— seguirán esperando oportunidades, invisibilizados en una nueva configuración territorial que no los tendrá en cuenta.
El modelo que nos presentan como ideal —el Área Metropolitana del Valle de Aburrá— debería más bien servirnos de advertencia. Allí, los problemas sociales, de seguridad y ambientales han alcanzado niveles alarmantes, desbordando la capacidad institucional y reduciendo significativamente la calidad de vida en la mayor parte de su territorio. La concentración desmedida de población, el deterioro del aire, la crisis en el transporte público, el crecimiento de los cinturones de miseria y la creciente inseguridad urbana son el resultado de un desarrollo desarticulado y centrado en intereses económicos antes que en el bienestar colectivo. Replicar ese modelo en el Oriente Antioqueño, sin una mirada crítica y sin aprender de sus errores, sería repetir una historia de exclusión, congestión y colapso.
Además, una urbanización desaforada en el Oriente Antioqueño no solo traería consecuencias ambientales y sociales, sino que también abriría de par en par la puerta al lavado de activos, un fenómeno que ya viene creciendo de forma preocupante en la región. La expansión acelerada del mercado inmobiliario, con escasa regulación y débil control institucional, se convierte en el escenario perfecto para legalizar capitales de origen ilícito, profundizando redes criminales y distorsionando la economía local. Este descontrol urbanístico sería también un terreno fértil para el fortalecimiento de actores armados ilegales, que aprovechan el crecimiento desordenado y la fragmentación del territorio para ampliar su presencia y consolidar su poder, muchas veces bajo la fachada de legalidad. En lugar de garantizar seguridad y bienestar, este modelo de desarrollo podría estar sembrando el caos a mediano plazo.
Fragmentar el Oriente Antioqueño es, simplemente, una mala idea. Va en contra de los principios de equidad territorial, participación democrática y sostenibilidad. Este territorio tiene sentido como región, con sus 23 municipios y sus 4 subregiones trabajando juntos. Separarlos es condenar a unos al ostracismo y a otros al colapso urbano.
Lo que está en juego no es solo un modelo de desarrollo, sino la dignidad de las comunidades, la viabilidad ambiental y la justicia social. Convertir al Oriente en una suma de intereses metropolitanos sería una desgracia para su gente, su territorio y su futuro. Hoy más que nunca, necesitamos una visión regional, no una visión de mercado.
Aunque la Registraduría Nacional ha fijado el 9 de noviembre como la fecha para la Consulta Popular sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, aún persisten dudas sobre su realización efectiva, ya que en ocasiones anteriores se han anunciado fechas similares que no se han concretado por falta de recursos. Esta incertidumbre no debe desmovilizarnos, al contrario, es momento de mantenernos alerta y organizados. Hago un llamado a todos los sectores sociales —juntas de acción comunal, acueductos veredales, organizaciones sociales, juventudes, adultos mayores, mujeres, campesinos y habitantes de los centros urbanos— para que unamos fuerzas y rechacemos este proyecto que solo busca favorecer intereses particulares y concentrar el poder en pocas manos. Si finalmente se lleva a cabo la Consulta, participemos de forma decidida y votemos masivamente por el NO, defendiendo así la autonomía y el bienestar colectivo de nuestra región.
Artículos del autor
