EL ORIENTE ANTIOQUEÑO: UNA HISTORIA DE CONFLICTO QUE REQUIERE PRESENCIA INSTITUCIONAL REAL
El Oriente Antioqueño ha sido históricamente una Región de gran importancia estratégica en Colombia, tanto por su ubicación geográfica como por sus recursos naturales. Sin embargo, en las últimas décadas, esta zona se ha visto afectada por la presencia de actores armados ilegales y el cultivo de productos ilícitos, además de minería ilegal, lo que ha generado una situación de inseguridad, desplazamiento forzado, y profundización de las problemáticas socioeconómicas. En esta EDITORIAL, se aborda cómo la presencia de estos actores armados, los cultivos ilícitos y la minería ilegal han impactado la región, las dinámicas socioeconómicas, y las políticas públicas implementadas para contrarrestar estos fenómenos.
El Oriente Antioqueño está compuesto por 23 municipios. Esta Región, ha sido tradicionalmente un centro de producción agrícola, ganadera y comercial. Además, su cercanía a Medellín, la capital del departamento de Antioquia, le otorga una relevancia estratégica tanto para el comercio como para la infraestructura vial. Sin embargo, a pesar de su potencial económico, el Oriente Antioqueño ha estado marcado por la violencia, el narcotráfico y la minería ilegal, fenómenos que han alterado gravemente la convivencia en el Territorio.
La violencia en el Oriente Antioqueño no es un fenómeno reciente. Desde los años 80, la región ha sido escenario de enfrentamientos entre diversos grupos armados ilegales. En su momento, los grupos guerrilleros como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) tuvieron una fuerte presencia en el territorio, debido a su vínculo con el narcotráfico y la estrategia de control de territorios clave para el financiamiento de sus actividades. Por otro lado, los paramilitares, agrupados principalmente bajo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también hicieron presencia en la región en los años 90 y 2000, como parte de su lucha contra las guerrillas y para obtener el control de las rutas del narcotráfico.
Aunque el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en 2005 y los acuerdos de paz con las FARC en 2016 representaron una reducción de la violencia en algunas zonas, el Oriente Antioqueño no ha logrado una paz estable. Grupos como el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y otras bandas criminales, como los del «Mesa», han continuado su lucha por el control de rutas de narcotráfico, minería ilegal, y la extorsión de campesinos y empresarios. Estos actores armados ilegales generan un clima de violencia y terror que afecta directamente a las comunidades locales.
Uno de los principales motores de la violencia en el Oriente Antioqueño es la producción y comercialización de cultivos ilícitos, especialmente la coca, además de la minería ilegal que contamina los ríos de casi todo el Territorio. La región ha sido históricamente una zona productora de cocaína debido a su ubicación geográfica y sus condiciones climáticas, que favorecen el cultivo de la coca. En particular, municipios como San Carlos, San Rafael, Nariño, Argelia y Sonsón se destacan como áreas donde el cultivo de coca ha proliferado, con miles de hectáreas sembradas de hoja de coca.
Los cultivos ilícitos en el Oriente Antioqueño tienen múltiples consecuencias, tanto para los campesinos como para la seguridad regional. En primer lugar, muchos campesinos recurren a estos cultivos debido a la falta de alternativas económicas viables. La pobreza rural y la ausencia de infraestructura adecuada para el desarrollo agrícola impulsan a muchas familias a involucrarse en la producción de coca como medio de subsistencia. Sin embargo, esta decisión tiene consecuencias a largo plazo, ya que los productores terminan siendo cooptados por los actores armados ilegales, que exigen “vacunas” o controlan el proceso de comercialización de la cocaína.
Los actores armados ilegales no solo se benefician del cultivo ilícito, la minería ilegal, sino que también utilizan estos territorios para fortalecer su control militar y económico. La coca y la minería son negocios altamente lucrativos, y los grupos armados ilegales cobran “impuestos” a los campesinos que cultivan coca, o a los mineros ilegales, bien sea a través de extorsiones directas o forzándolos a trabajar para ellos en la producción y el transporte de droga.
El control territorial de estos actores no solo está relacionado con el narcotráfico. También se extiende a otros ámbitos de la vida local, como el control de las rutas de transporte y el acceso a recursos naturales. Los grupos armados se disputan constantemente las zonas de cultivo y las rutas de transporte de cocaína, lo que genera enfrentamientos violentos y desplazamiento forzado de la población.
Además, la presencia de estos grupos armados genera una creciente desconfianza en las autoridades locales, pues en muchos casos las instituciones del Estado no logran hacer presencia efectiva en los territorios más afectados por el narcotráfico, la minería y la violencia. Los habitantes de las zonas rurales se ven atrapados entre los intereses de los grupos ilegales y la indiferencia de las autoridades, lo que perpetúa un ciclo de violencia y marginalidad.
A lo largo de los años, el Estado colombiano ha implementado diversas políticas para combatir los cultivos ilícitos, la minería ilegal y los actores armados ilegales en el Oriente Antioqueño. Programas de erradicación manual y aérea de cultivos de coca, así como la oferta de sustitución de cultivos ilícitos, han sido algunas de las estrategias utilizadas. Sin embargo, estas políticas han tenido un impacto limitado debido a la persistente violencia y a la falta de alternativas económicas sostenibles para los campesinos.
La implementación de los acuerdos de paz con las FARC también ha generado algunos avances, especialmente en cuanto a la reducción de la violencia en algunas zonas. Sin embargo, la falta de presencia efectiva del Estado en muchos municipios del Oriente Antioqueño ha permitido que otros grupos armados ilegales tomen el control de las zonas dejadas por las FARC. A esto se suma el hecho de que, en muchos casos, la sustitución de cultivos ilícitos ha sido insuficiente y ha carecido de acompañamiento integral, lo que ha llevado a los campesinos a retornar a la producción de coca.
La presencia de actores armados ilegales, los cultivos ilícitos y la minería ilegal en el Oriente Antioqueño es una problemática compleja que afecta tanto a la seguridad como al bienestar de las comunidades rurales. La violencia generada por la lucha por el control territorial, el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión a los campesinos ha tenido un impacto devastador en la Región. Aunque el Estado ha implementado políticas para combatir estos fenómenos, los resultados han sido limitados debido a la falta de presencia institucional en muchos territorios y la ausencia de alternativas económicas viables para las comunidades afectadas. Lo que necesariamente fortalece la actividad ilegal en el territorio.
Para lograr una paz sostenible en el Oriente Antioqueño, es fundamental fortalecer la presencia del Estado, mejorar la oferta de desarrollo rural y garantizar que los procesos de sustitución de cultivos ilícitos, y la legalización de mineros tradicionales, vayan acompañados de medidas integrales que promuevan la inclusión social y económica de las comunidades rurales. Solo así se podrá romper el ciclo de violencia y pobreza que ha marcado la historia reciente de esta importante región de Colombia.
Un avance importante se dio el pasado martes con el Consejo Nacional de Seguridad Humana en el que se levantó una línea base de proyectos sociales que permita iniciar el cierre de las brechas sociales en los municipios más alejados y con menos presupuestos.
A propósito, el Alcalde de San Francisco, Alexander Arias, hizo pública la oferta de que su municipio sea el epicentro de una Mesa de Diálogo Socio-Jurídico con el EGC. El Gobierno Nacional, el Comisionado de Paz y el EGC deberían considerarlo y poner a la Región, cosa que no hicieron las FARC, ni lo ha hecho el ELN, en el mapa de una inversión real para la paz.
Ayer estuve en Granada y sentí optimismo por parte de la gente con la realización de un Consejo de Seguridad Humana completamente diferente a lo que han estado acostumbrados. Pero, sobre todo, con la posibilidad de que haya una presencia real desde el Gobierno y el Estado para transformar la inequidad que padecen en su municipio y en los otros que sobreviven con las trasferencias de la Nación.
Antes del 20 de diciembre se dará un nuevo Consejo de Seguridad Humana, coordinado desde la Alta Consejería para las Regiones para que el Gobierno Nacional empiece a dar respuestas a las necesidades manifestadas en Granada.
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