Derrotado el Amo —esa figura que simboliza la concentración del poder político, económico — se abre una oportunidad histórica para que la Región replantee de manera profunda sus formas de gobernanza territorial. La caída de una apuesta por el poder hegemónico no implica, por sí sola, el surgimiento automático de una estructura más democrática; por el contrario, exige un esfuerzo deliberado para evitar que viejas prácticas se reconstituyan bajo nuevos nombres. En este contexto, la construcción de un esquema asociativo entre los 23 municipios y sus cuatro subregiones se vuelve urgente. La Región necesita un mecanismo que institucionalice una juntanza horizontal y democrática, capaz de coordinar el desarrollo con la participación activa de los diversos actores sociales, políticos y económicos del territorio.
Y digo que el AMO esta derrotado porque, muy a pesar de circo mediático de los últimos días de Eugenio Prieto Soto, con un costo millonario para todos los contribuyentes antioqueños, la Consulta Popular NO SE REALIZARÁ.
El principal desafío que emerge tras la derrota del Amo es cómo evitar que ese vacío se llene de fragmentación, improvisación o nuevas jerarquías excluyentes. Las asimetrías entre el centro y la periferia han sido históricamente reforzadas por modelos de gobernanza verticales, donde el territorio se organiza de acuerdo con los ritmos y prioridades del núcleo urbano dominante, mientras las periferias se relegan a un rol subordinado. Esto ha producido brechas profundas en infraestructura, acceso a oportunidades económicas, oferta educativa, conectividad y presencia institucional.
Frente a este panorama, un esquema asociativo regional no debe limitarse a ser un organismo técnico-administrativo; debe convertirse en un espacio político plural donde las decisiones se tomen con criterios de equidad territorial y justicia social. La horizontalidad no es solo una forma de deliberación, sino una apuesta ética por reconocer que todas las subregiones tienen saberes, urgencias y capacidades que deben integrar la visión de conjunto.
La palabra juntanza remite a la construcción colectiva de propósitos comunes. Implica superar la lógica de la competencia municipal para asumir la idea de comunidad ampliada: se trata de comprender que el bienestar de cada municipio depende de la fortaleza del conjunto regional. Esta juntanza debe descansar sobre tres pilares:
- Horizontalidad en la toma de decisiones, garantizando que ninguna subregión imponga unilateralmente su agenda.
- Democracia participativa, donde la ciudadanía, los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias, la academia, la clase política y el sector privado puedan influir en la orientación del desarrollo.
- Equidad territorial, que permita reducir las brechas históricas entre centro y periferia mediante criterios redistributivos y de priorización social.
El esquema asociativo debe, por tanto, diseñar mecanismos de participación que vayan más allá de la representación formal. Consejos subregionales, asambleas participativas, presupuestos concertados y espacios de veeduría ciudadana pueden convertirse en herramientas para asegurar que las voces más vulneradas también definan el rumbo regional.
Si la región logra construir una figura asociativa robusta, transparente y participativa, puede convertirse en un modelo para el país y sus distintas regiones, demostrando que es posible armonizar la diversidad territorial sin caer en centralismos paralizantes. Este nuevo organismo debería articularse con los planes municipales y subregionales, pero también generar una visión estratégica de largo plazo.
Lo innovador no radicaría solo en los proyectos, sino en el modo de producirlos: con participación real, con inclusión de saberes diversos y con instituciones permeables a la deliberación pública.
Toda propuesta de este tipo debe aspirar a dos formas complementarias de sustento: legalidad y legitimidad. La legalidad permitirá que el esquema asociativo opere con capacidad jurídica, presupuesto propio, mecanismos estables de coordinación y reconocimiento por parte del Estado. La legitimidad, en cambio, se construye desde la confianza de las comunidades: nace cuando los actores públicos, privados y comunitarios perciben que la institución los representa, los escucha y los integra.
Para ello, el diseño institucional debe abrir canales claros para que los sectores privados contribuyan al desarrollo sin capturar la agenda regional, y para que las organizaciones comunitarias tengan voz efectiva sin verse reducidas a invitados simbólicos. La clave está en construir reglas comunes de cooperación que respeten la autonomía local, pero que entiendan que la región es una unidad de destino compartido.
La derrota del Amo marca el fin de un ciclo, pero también el inicio de un momento constituyente para la Región. La creación de un esquema asociativo regional, basado en la juntanza, la horizontalidad y la democracia, puede transformar la forma en que se gobierna el territorio y sentar las bases de un desarrollo más justo, solidario y sostenible. Si se logra convocar y armonizar las voluntades públicas, privadas y comunitarias, este modelo no solo tendrá legalidad, sino también la legitimidad necesaria para perdurar y convertirse en referente nacional.
Existen, para iniciar el debate, dos experiencias que podrían servir como punto de partida para esta construcción colectiva. La primera es la experiencia de “Pueblos”, desarrollada hace tres décadas bajo el auspicio de Cornare, que, retomando un formato similar al utilizado para la elaboración del documento presentado por el Oriente Antioqueño en los Diálogos Vinculantes del Plan Nacional de Desarrollo, como «Pueblos 2.0» podría ofrecer un escenario privilegiado de concertación regional. La segunda es la propuesta de Ley para las Provincias Administrativas y de Planificación, la cual brinda un marco institucional inicial desde el cual discutir y adaptar un esquema organizativo acorde con las necesidades reales del Territorio, facilitando así un diálogo más estructurado y orientado a la articulación regional. Un dialogo verdaderamente democrático con el espíritu de la Constitución de 1991.
La Región tiene ante sí la posibilidad de demostrar que otro modo de gobernanza colectiva es posible: una que no reproduce centralismos ni formas veladas de dominación, sino que celebra la riqueza de su diversidad y la convierte en motor de un futuro compartido. Si actúa con visión, coraje y participación, la juntanza puede dejar de ser una aspiración y convertirse en la arquitectura política para que el lema «Juntos nos va Mejor» sea una realidad.
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