Hoy es el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia y, en el Oriente Antioqueño —una de las regiones más golpeadas por la violencia—, no podemos permitir que esta fecha pase desapercibida. Nombrarla es un acto de memoria, pero también de responsabilidad. Es reconocer que bajo la belleza de sus montañas y la riqueza de su gente, se esconden cicatrices profundas que aún no terminan de sanar.
Recordar implica incomodarse. Es necesario traer a la memoria los horrores que dejó el accionar de las guerrillas que se asentaron en la región, responsables de secuestros, desplazamientos y múltiples formas de violencia que quebraron el tejido social. Pero la memoria sería incompleta —e incluso injusta— si no incluyera también los vejámenes cometidos por grupos paramilitares, cuya presencia sembró terror mediante masacres, amenazas y despojo. A esto se suman las alianzas perversas entre sectores de la política, el empresariado y agentes de la fuerza pública, que dieron lugar a prácticas tan aberrantes como los falsos positivos, una herida abierta que interpela la conciencia nacional.
Cómo no recordar las dolorosas tomas guerrilleras a muchos municipios, que dejaron pueblos enteros sumidos en el miedo y la destrucción; ni las masacres y asesinatos cometidos por los paramilitares, que marcaron generaciones enteras con el dolor de la pérdida y el desarraigo. Y cómo no estremecerse ante los más de 400 falsos positivos documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una cifra que representa vidas truncadas y familias devastadas, y por cuya nefasta práctica muchos militares han tenido que reconocer su responsabilidad y pedir perdón a sus víctimas.
A esta historia de violencia se suma una deuda histórica en materia de desarrollo. Son municipios con un retraso de más de 40 años, territorios que aún hoy están lejos de superar sus brechas sociales más profundas. Paradójicamente, ese rezago ha sido perpetuado por muchos de los mismos políticos y empresarios que en su momento se beneficiaron de la guerra y que hoy buscan hacerlo nuevamente, promoviendo propuestas de fragmentación de la región. Estas iniciativas no solo desconocen las dinámicas sociales y territoriales construidas por las comunidades, sino que amenazan con aislar aún más a aquellos municipios que padecieron con mayor intensidad el conflicto, profundizando las desigualdades en lugar de cerrarlas.
Lo más inquietante es que muchos de los responsables directos o indirectos de estas dinámicas no han desaparecido del todo de la vida pública. Algunos continúan ocupando espacios de poder, tomando decisiones sobre el territorio y promoviendo modelos de desarrollo que, en ocasiones, ignoran o pasan por encima de las comunidades que han resistido durante décadas. Esta continuidad del poder sin un verdadero proceso de rendición de cuentas y transformación ética profundiza la sensación de impunidad y desconfianza.
Sin embargo, este día no debe ser únicamente un ejercicio de dolor. También es una oportunidad para dignificar a las víctimas, reconocer su resistencia y aprender de su capacidad de reconstruir la vida en medio de la adversidad. El Oriente Antioqueño no es solo un territorio de sufrimiento; es también un espacio de organización comunitaria, de procesos de memoria, de apuestas por la paz y la vida digna.
Hoy es un día para reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro presente, pero sobre todo para preguntarnos por el futuro que queremos construir. Un futuro que no puede seguir edificándose desde la exclusión ni la imposición, sino desde el diálogo, la participación y el reconocimiento de todas las voces. Una región dolorosamente maravillosa merece un destino distinto: uno en el que la memoria no sea una carga, sino una guía; en el que la justicia no sea una promesa, sino una realidad; y en el que la vida, en todas sus formas, sea el centro de cualquier proyecto colectivo.
Construir ese futuro es una tarea de todos y de todas. Solo así será posible transformar el dolor en dignidad y la memoria en esperanza.
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