En los últimos años, el altiplano del Oriente Antioqueño ha experimentado un preocupante deterioro de la seguridad pública, manifestado de forma alarmante en hechos violentos como la aparición de cuerpos embolsados en municipios emblemáticos como Rionegro y Marinilla. Este fenómeno, que en otro tiempo hubiera causado conmoción y una reacción inmediata de las autoridades, hoy parece diluirse entre comunicados evasivos, posturas minimizantes y una clara incapacidad institucional para asumir el problema de forma conjunta. La negación institucional, más que una estrategia de control, se convierte así en un obstáculo crítico para la construcción de respuestas integrales frente a una violencia que se hace cada vez más visible, sistemática y preocupante.
El aumento en la aparición de cuerpos embolsados —una modalidad asociada al crimen organizado y ajustes de cuentas entre estructuras ilegales— no puede entenderse como un fenómeno aislado. Se trata de una expresión macabra de disputas por el control territorial, economías criminales y debilitamiento del tejido institucional en la región. El problema, sin embargo, no radica únicamente en los hechos violentos en sí, sino en la manera como las autoridades locales, departamentales e incluso nacionales han preferido restarles importancia, desestimarlos o presentarlos como hechos sin conexión, negando su carácter estructural.
Esta negación institucional se expresa en varias formas: la falta de articulación entre los distintos niveles de gobierno, la ausencia de un diagnóstico compartido y la renuencia a aceptar públicamente que existe una amenaza grave a la seguridad ciudadana, las recientes declaraciones del secretario de seguridad de la Gobernación de Antioquia son una clara demostración. En muchos casos, las autoridades han optado por atribuir los hechos ha «ajustes de cuentas entre delincuentes», sin reconocer que el solo hecho de que estructuras criminales actúen con impunidad ya constituye una amenaza directa para la convivencia y el orden público. Además, al minimizar los eventos o tratarlos como casos aislados, se impide la movilización ciudadana y la presión política necesarias para exigir respuestas efectivas.
Esta postura negacionista tiene consecuencias serias. Primero, impide la consolidación de estrategias integrales de seguridad, ya que no hay una comprensión compartida del problema. Segundo, favorece la impunidad, dado que al no reconocerse la gravedad del fenómeno, tampoco se destinan los recursos ni se adoptan las medidas necesarias para enfrentarlo. Tercero, socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones, alimentando el escepticismo, el miedo y la percepción de abandono estatal.
En este contexto, una muy buena manera de buscar alternativas para reducir la criminalidad y aclimatar la convivencia se podrá dar si el Gobierno Nacional escucha con seriedad y disposición la propuesta que nace desde el territorio: generar una mesa conjunta entre las estructuras que se encuentran actualmente representadas en la Mesa Socio-Jurídica de la Cárcel de Itagüí y la Mesa Socio-Jurídica con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en cualquier municipio de esta región. Esta propuesta, lejos de ser una expresión de condescendencia con los actores armados, es una apuesta pragmática por el diálogo, la mediación y la construcción de condiciones mínimas de paz territorial.
La experiencia de otras regiones del país ha demostrado que los procesos de interlocución sociojurídica, cuando se desarrollan con transparencia, acompañamiento institucional y verificación internacional o de organismos civiles, pueden abrir espacios importantes para el desmonte progresivo de estructuras ilegales, la reintegración de actores armados y la contención de la violencia. Ignorar estas iniciativas, o tacharlas de irrelevantes por prejuicio ideológico o temor político, sería un error estratégico.
El Oriente Antioqueño, históricamente una región con alto valor estratégico por su ubicación, conectividad e inversión, no puede darse el lujo de permitir que la criminalidad se normalice. Los municipios del altiplano, que han experimentado crecimiento urbano, económico y poblacional, requieren una respuesta institucional fuerte, coordinada y transparente que combine prevención, inteligencia, judicialización y trabajo comunitario. Pero también necesitan que se exploren caminos innovadores, como los espacios de concertación desde la legalidad, para construir seguridad desde la raíz del conflicto social.
La negación institucional frente al deterioro de la seguridad en el altiplano del Oriente Antioqueño representa una forma peligrosa de inacción. Mientras los cuerpos embolsados aparecen como signos inequívocos de una violencia organizada que se afianza, las autoridades parecen atrapadas entre la negación, la improvisación y la fragmentación. Reconocer el problema, asumir su gravedad y actuar de forma conjunta no es una opción, sino una urgencia ética, política y social. La seguridad ciudadana no puede seguir siendo víctima de la indiferencia institucional ni de una narrativa que pretende esconder lo evidente: el crimen avanza cuando el Estado se niega a verlo, y solo retrocede cuando escucha al territorio, reconoce sus propuestas y actúa con coherencia.
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