La situación de orden público en el Municipio de Nariño ha alcanzado niveles insostenibles, marcados por una violencia sistemática que recae, una y otra vez, sobre la población civil más vulnerable. El asesinato reciente de un menor de edad no solo sacude la conciencia colectiva del país, sino que también desnuda una cruda realidad: Nariño está atrapado en una espiral de horror sostenida por el control de actores armados ilegales, la indiferencia de las autoridades y la revictimización cotidiana de sus habitantes.
El crimen del menor no es un hecho aislado, como muchas veces se pretende hacer creer desde los discursos institucionales. Al contrario, es el último eslabón de una larga cadena de violencia que ha venido escalando desde hace más de cinco años con la consolidación del control territorial por parte del Ejército Gaitanista de Colombia y, más recientemente, con la incursión del grupo conocido como los Mesas, que hoy disputa a sangre y fuego el dominio de la región. Este conflicto armado no oficializado, pero tangible en cada vereda, ha convertido al municipio en un campo de batalla silenciado, donde los civiles están atrapados entre balas, amenazas, desplazamientos forzados y extorsiones.
En este contexto, la alcaldesa Erica Cardoana ha optado por un discurso legalista que no se traduce en acciones reales para enfrentar la crisis. Mientras los campesinos reportan diariamente la presencia de hombres armados en diferentes zonas rurales, la administración local mantiene una narrativa que minimiza la gravedad de la situación. Este divorcio entre el relato oficial y la vivencia de la comunidad es uno de los elementos más peligrosos del problema, ya que invisibiliza la emergencia humanitaria y permite que la impunidad se siga consolidando.
La raíz del conflicto en Nariño, como en muchas otras regiones del país, es económica: la minería ilegal, los cultivos de hoja de coca y el negocio de las extorsiones conforman un triángulo rentable para los grupos armados, que ven en el territorio una fuente constante de financiamiento. Esta economía criminal se ha fortalecido a la sombra de una débil presencia institucional, de una Fuerza Pública con capacidad de reacción tardía o limitada, y de una política pública que no ha logrado (o no ha querido) desmontar los factores estructurales que alimentan el conflicto.
En este caso, el presunto implicado en el asesinato del menor, es un individuo con historial delictivo y vínculos con la estructura de alias «Camilo», y evidencia la falta de eficacia del sistema judicial y de inteligencia del Estado. ¿Cómo es posible que una persona con múltiples antecedentes judiciales, que todo el mundo conoce, siga operando impunemente en una zona tan golpeada por la violencia? ¿Dónde está la inteligencia policial y militar para prevenir este tipo de hechos? Estas preguntas son más que válidas; son urgentes. El silencio institucional o el discurso matizado de las autoridades para revivir un tal «Clan de Oriente» inexistente, no puede seguir siendo la respuesta frente a la muerte de un niño, ni frente a la ocupación armada de un municipio entero.
Nariño no necesita más discursos que nieguen la realidad ni promesas vacías de seguridad. Lo que requiere es una intervención integral del Estado y el gobierno que reconozca la gravedad del conflicto, escuche a las comunidades y actúe con decisión. La seguridad no puede seguir siendo una ilusión para quienes todos los días conviven con la amenaza de grupos ilegales. La verdadera seguridad, tan pregonada en Antioquia, no se construye desde los escritorios en Medellín, sino en las veredas de Nariño, garantizando justicia, presencia institucional efectiva y oportunidades reales para la población.
Desde hace años hemos venido advirtiendo sobre la grave situación que enfrentan los habitantes de la Zona Páramos del Oriente antioqueño, especialmente las comunidades del Balcón Verde de Antioquia, una región históricamente golpeada por la presencia persistente de actores armados ilegales. Las alertas tempranas emitidas por comunidades, organizaciones sociales y este medio de comunicación han sido, en su mayoría, ignoradas o desestimadas bajo el calificativo de «alarmistas», lo cual solo ha servido para justificar la inoperancia y pasividad de las autoridades competentes. Hoy, lamentablemente, la realidad nos vuelve a dar la razón: los hechos de violencia, las amenazas y la zozobra en que vive la población evidencian un deterioro que ya no puede seguir siendo encubierto ni minimizado. Es urgente pasar del discurso a la acción efectiva, y que el Departamento y el Estado, en todos sus niveles, garantice la seguridad integral y la protección de los derechos de las comunidades que habitan este valioso y estratégico territorio.
La tragedia de Nariño es también una tragedia departamental y nacional. No podemos permitir que se siga normalizando la barbarie mientras los actores ilegales fortalecen su dominio. Cada vida arrebatada, como la del menor asesinado, debe ser una llamada de atención para todos: el departamento y el país no puede avanzar mientras existan territorios donde la vida no vale y donde el Estado está ausente.
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