La democracia en el Oriente Antioqueño atraviesa uno de sus momentos más críticos. Una nueva disposición de la Registraduría Nacional del Estado Civil, plasmada en la Resolución 1846, ha reactivado las alarmas en el territorio al fijar el 26 de julio de este año como la fecha definitiva para la consulta popular sobre el Área Metropolitana del Oriente Antioqueño. Sin embargo, tras los anuncios institucionales se esconde una realidad que muchos prefieren callar: la imposición de un modelo que prioriza el cemento sobre la gente.
La Trampa de la Resolución 1846
La reciente resolución no es solo un trámite administrativo; es, para muchos sectores de la sociedad civil, un acto posiblemente ilegal que busca acelerar un proceso sin las garantías democráticas necesarias. Nos enfrentamos a una «maratón» de intereses donde políticos y grandes urbanizadores parecen tener un objetivo claro: ceder el territorio de ocho municipios a la especulación inmobiliaria.
El modelo que se pretende imponer no es nuevo, pero sí más agresivo. Durante finales del año pasado, la «Maratón de Voces Ciudadanas» logró despertar conciencias colectivas contra un «proyecto leonino». Hoy, la historia se repite con una administración departamental, encabezada por figuras como Eugenio Prieto Soto, que habla de «derecho democrático» mientras ignora que la democracia participativa real exige construir los proyectos con la sociedad y no imponerlos desde los escritorios de planeación.
Un Modelo de Crecimiento que Excluye
Uno de los puntos más dolorosos de esta propuesta es el abandono sistemático de la periferia. Mientras los reflectores se centran en el desarrollo urbano de los municipios centrales, localidades como Nariño, Argelia, San Luis y San Francisco continúan sumidas en un atraso de 40 años debido al abandono estatal.
El modelo de Área Metropolitana propuesto amenaza con profundizar esta brecha, dejando a 15 municipios en el ostracismo absoluto. Se confunde «crecimiento» con «desarrollo». Mientras el crecimiento llena los bolsillos de unos pocos a través de la ganancia rápida, el verdadero desarrollo debería cerrar brechas sociales, proteger el agua y fortalecer la soberanía alimentaria, algo que brilla por su ausencia en los planes actuales.
Intereses en Juego: Entre la «Mermelada» y el Urbanismo
Es indignante observar cómo la coherencia política se desvanece ante los intereses económicos. Casos como el de Hugo Jiménez, hoy alcalde de El Carmen de Viboral, resultan emblemáticos: pasó de prometer en campaña que no participaría en este proyecto a convertirse en uno de sus defensores.
¿Qué hay detrás de estos cambios de postura? La respuesta parece estar en las proyecciones urbanísticas desproporcionadas. Municipios como El Carmen pretenden pasar de 60,000 a 250,000 habitantes en solo una década. Esta explosión demográfica generará ganancias gigantescas para los urbanizadores actuales, pero nos plantea una pregunta desgarradora: ¿Qué tipo de territorio les estamos dejando a nuestros hijos y nietos?. La herencia de esta administración parece ser una selva de cemento donde el verde y el agua serán lujos del pasado.
La Resistencia Ciudadana: No Todo Está en Venta
A pesar de la maquinaria impulsada por figuras como el gobernador Andrés Julián Rendón, quien ha sido señalado de utilizar propuestas de inversión inalcanzables para seducir a mandatarios locales y presionar a contratistas, la ciudadanía no se rinde.
Desde Oriéntese periodismo de opinión, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad. A diferencia de los medios prepagos que firman contratos multimillonarios para cambiar la perspectiva ciudadana, nuestra voz sigue firme junto a:
- Los acueductos veredales que protegen nuestra fuente de vida.
- Las juntas de acción comunal y líderes sociales ignorados en los procesos de concertación.
- Las organizaciones de mujeres, derechos humanos y culturales que entienden que el territorio es tejido social, no solo suelo urbanizable.
Hacia el 26 de Julio: Un Voto de Conciencia
El llamado es claro. Aunque dudamos de la transparencia de un proceso lleno de fallas de fondo y forma, nos preparamos para dar la batalla en todos los frentes: desde las acciones judiciales ante los jueces de la República hasta las urnas el próximo 26 de julio.
Invitamos a cada ciudadano a ejercer un voto secreto, soberano y, sobre todo, consciente. Es el momento de castigar a los políticos que quieren vender nuestra casa común. La pregunta que debemos hacernos antes de votar es sencilla: ¿Dónde están los hospitales, las escuelas, las universidades y las vías para recibir a 2 millones de nuevos habitantes?. Sin respuestas reales, este proyecto no es más que un adefesio leonino.
Retomamos las voces ciudadanas en las calles y en los micrófonos. Porque el Oriente Antioqueño tiene historia, tiene raíces y, sobre todo, tiene un pueblo que sabe que el territorio no está en venta.
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