En 2016, Colombia vivió un momento histórico con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, el grupo armado más antiguo del continente. Este acuerdo puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado, ofreciendo una hoja de ruta para la reincorporación de los excombatientes, la reparación de las víctimas y la transformación estructural del campo colombiano. Sin embargo, casi una década después, la implementación del acuerdo enfrenta serios desafíos, y los firmantes del mismo —los exguerrilleros— se encuentran en una situación vulnerable y en muchos casos, amenazada.

Uno de los aspectos más preocupantes ha sido el asesinato de firmantes del acuerdo. Según informes de organizaciones de derechos humanos y de la ONU, más de 400 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo. Muchos de ellos vivían en zonas de reincorporación y trabajaban en proyectos productivos impulsados por el Estado y la comunidad internacional. La falta de garantías de seguridad, la presencia de grupos armados ilegales y la lenta implementación de los compromisos estatales han dejado a los excombatientes expuestos.

Además, la fragmentación de los grupos armados, como disidencias de las FARC y bandas criminales, ha generado un nuevo panorama de violencia en los territorios donde antes las FARC tenían control. Esto ha dificultado el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pilares del acuerdo para transformar las regiones más afectadas por el conflicto. A esto se suma una respuesta estatal que ha sido intermitente, con cambios de gobierno y prioridades políticas que han ralentizado el proceso.

Pese a estos obstáculos, una parte significativa de los excombatientes ha mantenido su compromiso con la paz. Muchos se han organizado en cooperativas, han participado en procesos políticos a través del partido Comunes, y continúan apostando por la vida civil. Este compromiso, sin embargo, necesita un acompañamiento más decidido por parte del Estado colombiano y la comunidad internacional.

En conclusión, la paz en Colombia sigue siendo un proceso frágil pero valioso. Los firmantes del acuerdo, en su mayoría, han cumplido su parte. Corresponde ahora al Estado garantizar su seguridad y cumplir los compromisos asumidos, para que la esperanza que nació en 2016 no se convierta en una promesa fallida. La paz no es un acto, sino un proceso que requiere voluntad política, coherencia institucional y una sociedad que no olvide lo que está en juego.

Escuche aquí la entrevista completa con Manuel González, firmante de los Acuerdos de Paz con las FARC, que también se emitió por Sinigual 90.5 f.m.: