Es francamente indignante —y a la vez ilustrativo de cómo funciona la política en nuestro país— ver a ciertos líderes que en su momento guardaron un silencio cómplice frente a hechos graves de gestión pública, intentar ahora apropiarse del mérito de obras que ni promovieron ni defendieron. El caso de la no inversión de más de 200 mil millones de pesos —excedentes generados por el cobro de peajes administrados por la concesión DEVIMED— es un ejemplo claro de este tipo de hipocresía política.
Sucedió esta semana, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ordenó a la concesión DEVIMED la ejecución de varias obras financiadas con los excedentes acumulados del cobro de peajes, entre ellas el retorno a desnivel hacia San Vicente Ferrer, que por más de diez años y varios alcaldes pidieron a gritos y con una cantidad enorme de accidentes, los retornos a nivel en Rionegro y Guarne para la vereda San José, el puente peatonal en El Cordobés de Marinilla y los retornos a nivel en el sector La Mosquita y un nuevo puente peatonal en Guarne, en el sector San Antonio. Estas obras sumarán 31.000 millones de pesos. Lo sorprendente no fue la orden —que responde a un mandato legal y técnico para garantizar el uso adecuado de recursos públicos—, sino la reacción inmediata del senador Esteban Quintero, quien no dudó en adjudicarse públicamente el mérito de una gestión que claramente no le pertenece. Resulta contradictorio que quien guardó silencio durante años frente a la falta de inversión de más de 200 mil millones de pesos, hoy se presente como protagonista de una acción que fue impulsada y exigida por el Gobierno Nacional, a través de la ANI, sin intervención suya.
Durante años, estos recursos permanecieron sin ejecutarse, a pesar de que provenían directamente del bolsillo de los ciudadanos que pagan peajes con la esperanza de ver reflejadas sus contribuciones en mejoras reales de infraestructura. Frente a esta situación, algunos actores políticos decidieron optar por el silencio. No alzaron la voz, no exigieron explicaciones, ni mucho menos actuaron para presionar la ejecución de los recursos. El mutismo fue su respuesta ante una omisión escandalosa.
Ahora, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) exige a la concesión que ejecute las obras antes del vencimiento de su contrato, aparece ese mismo político, en campaña o en búsqueda de protagonismo, a posar frente a las cámaras y declarar con orgullo que “gracias a su gestión” se están desarrollando las obras. Nada más lejos de la verdad.
Este comportamiento no solo insulta la inteligencia de los ciudadanos, sino que pone en evidencia una práctica lamentablemente común en la política: apropiarse de logros ajenos, especialmente cuando hay cámaras y votos de por medio. Se trata de un intento descarado por reescribir los hechos y lavarse la cara ante una ciudadanía cada vez más consciente, pero que aún debe luchar contra la desinformación y la manipulación narrativa.
La responsabilidad de las obras en cuestión es del Gobierno Nacional, a través de la ANI, que ha cumplido su rol de fiscalizador y ha obligado a la concesión a cumplir con lo pactado antes del término del contrato, que para el bien del Territorio se termina en el primer semestre del proximo año y, seguramente, esa concesión no será renovada. La verdadera gestión, la presión real y el compromiso técnico y legal han venido desde allí. Lo demás es oportunismo.
Si el político en cuestión realmente hubiese estado interesado en el bienestar de la Región, habría usado su cargo para denunciar la inacción, para exigir la inversión oportuna de los excedentes, y para defender el derecho de los ciudadanos a una infraestructura digna. Pero eligió callar. Y ahora, con obras en ejecución forzada y contra el reloj, aparece como héroe de una película a la que ni siquiera asistió.
Es de recordar que este mismo político, que en su momento guardó un silencio conveniente frente a la falta de inversión de los millonarios excedentes de peajes y que ahora saca pecho por decisiones que no impulsó, fue durante años el invitado especial de DEVIMED, una concesión que ha perdido por completo su LICENCIA SOCIAL en la región. Y no es para menos: la empresa presentó propuestas mediocres que buscaban reducir costos a costa del desarrollo territorial, con el claro objetivo de maximizar sus ganancias. Un ejemplo emblemático de esta visión limitada y regresiva fue la mal llamada “Ruta del Agua” o nueva Autopista Medellín-Bogotá a “una calzada bidireccional”, una propuesta que fue rechazada de forma categórica tanto por las comunidades del territorio como por la propia ANI, al considerar que no respondía a las necesidades reales de movilidad y crecimiento para la región, ni del país.
Es ridículo —y profundamente indignante— que ahora se pretenda que la ciudadanía le agradezca a DEVIMED por “guardar” durante años los excedentes que debieron invertirse oportunamente en obras fundamentales para la Región, como el intercambio vial hacia San Vicente Ferrer. Aún más absurdo resulta tener que reconocerle esa gestión al senador Esteban Quintero, quien durante todo ese tiempo eligió el silencio frente a una omisión que perjudicó directamente el desarrollo vial y económico del Oriente antioqueño. Premiar la inacción y maquillar la negligencia como logro político no solo es una burla a la inteligencia ciudadana, sino una forma perversa de distorsionar la realidad con fines propagandísticos.
En la caja de excedentes aún quedan más de 150.000 mil millones que bien podrían servir, como lo ha pedido públicamente el alcalde Julio Serna de Marinilla, para hacer un tramo importante de la nueva vía al Peñol y Guatapé, por la margen del Rio Negro, que termine, de una vez por todas, el viacrucis de la movilidad a esa zona turística del Oriente Antioqueño y donde se movilizan la mayor cantidad de vehículos que pagan peajes a DEVIMED.
Este tipo de actitudes nos recuerda por qué es tan importante que la ciudadanía tenga memoria, que exija rendición de cuentas y que no se deje engañar por discursos vacíos. Las obras no se hacen con fotos ni con frases grandilocuentes: se hacen con gestión honesta, vigilancia constante y compromiso real.
No podemos seguir premiando la incoherencia ni permitiendo que el oportunismo político se vista de mérito. Es momento de exigir autenticidad, de reconocer a quienes realmente trabajan por la región, y de señalar sin temor a quienes solo aparecen cuando ya es tarde… pero aún es rentable.
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