CULTIVANDO EL CAMPO: UN PASO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA DE EPM
Se presento hoy en Guatapé, con bombos y platillos, el Proyecto «Cultivando el Campo», con un costo de 8.700.000, que ejecutarán los nueve municipios del Área de Influencia de Generación de Energía de EPM en el Oriente Antioqueño.
Sin embargo, aunque es un paso positivo por parte de Empresas Públicas de Medellín devolverle la ejecución administrativa de los proyectos productivos a las administraciones locales, es absolutamente necesario recordar que no es una dádiva por parte de esta Empresa Pública de Energía, sino una conquista de este Medio de Comunicación, alcaldes, concejales y de las comunidades del Territorio.
Desde hace más de seis años hemos realizado una campaña pública en contra de la tercerización de EPM con los proyectos de compensación, no solo de los proyectos productivo9s, sino de los de educación, cultura, recreación y deportes que aún no inician en su ejecución.
También es necesario recordar que el Proyecto de Fortalecimiento Institucional, que debería fortalecer a los socios naturales de la generación que son los municipios, hoy está en manos de una ONG.
El programa Redes para el Desarrollo, promovido por Empresas Públicas de Medellín (EPM), ha sido presentado como una estrategia para canalizar recursos de compensación social en los
municipios del Oriente Antioqueño impactados por proyectos energéticos, principalmente hidroeléctricos. Sin embargo, a pesar de su aparente enfoque participativo y de fortalecimiento institucional, el programa ha sido objeto de críticas significativas, especialmente en lo que concierne a la tercerización de la gestión de los recursos y su impacto real en las comunidades.
Una de las principales críticas apunta a la tercerización de los recursos de compensación social, que se traduce en la contratación de operadores externos —fundaciones, ONGs, consultoras o universidades— para la ejecución de los proyectos. Esta práctica ha sido señalada por debilitar los procesos de autonomía y gestión pública a nivel municipal, al trasladar funciones que tradicionalmente corresponden a los gobiernos locales hacia entes privados que, aunque capacitados técnicamente, casi nunca responden a las prioridades comunitarias ni rinden cuentas ante la ciudadanía. Además, se cuestiona la eficiencia del uso de los recursos, ya que parte del presupuesto se destina a la administración y operación del programa por parte de estos intermediarios, en lugar de invertirse directamente en obras o proyectos que respondan a las necesidades más sentidas de la población.
Otro punto de tensión radica en el modelo de intervención vertical que caracteriza al programa. Si bien se promueve el discurso de la participación, varios actores locales han señalado que las decisiones fundamentales sobre los proyectos, sus prioridades y su ejecución se toman desde Medellín o desde instancias externas, sin un proceso genuino de concertación con las comunidades locales. En este contexto, el programa puede percibirse más como una estrategia de gestión reputacional de EPM que como un verdadero proceso de desarrollo territorial incluyente.
Asimismo, la lógica de compensación social detrás de Redes para el Desarrollo ha sido criticada por responder a un enfoque asistencialista, en lugar de abordar las causas estructurales de la desigualdad y la vulnerabilidad en el territorio. Las comunidades, muchas veces impactadas ambiental y socialmente por los megaproyectos reclaman que la compensación no puede reducirse a proyectos puntuales de inversión, sino que debe incluir garantías reales de derechos, participación en la planificación territorial y mecanismos efectivos de reparación.
Aunque el programa Redes para el Desarrollo puede mostrar resultados medibles en términos de inversión y cobertura, enfrenta cuestionamientos legítimos sobre su legitimidad, pertinencia y sostenibilidad. Es necesario repensar los modelos de intervención corporativa en el desarrollo territorial, privilegiando enfoques más democráticos, transparentes y con una verdadera apropiación comunitaria. Solo así será posible avanzar hacia un modelo de desarrollo que no reproduzca relaciones de dependencia ni desplace la capacidad de decisión de los territorios que, paradójicamente, son los más afectados por la extracción de sus recursos naturales, y han pagado con muchas vidas humanas y problemas sociales, la generación de energía eléctrica en el país.
Un paso en la dirección correcta el que se dio hoy en Guatapé por parte de EPM, pero es necesario avanzar más y permitir la ejecución de los municipios de todos los proyectos de compensación.
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